Incertidumbre sobre el rumbo de la política migratoria

La continuidad de la respuesta del Estado colombiano al fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela ha sido una de las claves para que el país sea un referente en la materia. Durante la administración de Juan Manuel Santos se estructuró la respuesta humanitaria, durante la de Iván Duque se adelantó el registro, identificación y regularización de poco más del 62 % de los venezolanos, según los datos de la autoridad migratoria al finalizar dicho gobierno. Al presidente Gustavo Petro y a su gobierno les corresponden el reto de la integración.

Los primeros cien días del presidente Gustavo Petro han evidenciado que el tema migratorio no es prioritario en la agenda de gobierno, pero sin duda este será un asunto emergente que continuamente demandará atención de la administración pública nacional y local ante la magnitud y complejidad de los procesos de movilidad humana que hoy experimentan al menos 2,4 millones de venezolanos con vocación de permanencia en el país, cerca de 980.000 colombianos retornados y aproximadamente 1,87 millones de migrantes pendulares en las fronteras, según cifras de R4V y Migración Colombia. Por lo tanto, para el Estado será clave tener capacidad estratégica, operativa e institucional para dar respuesta oportuna a las necesidades apremiantes en materia de acceso a derechos e integración de una población en alto grado de vulnerabilidad.

Durante los cincuenta días iniciales de la nueva administración hubo evidente ausencia de declaraciones y directrices de política migratoria. No obstante, se destaca el nombramiento de Laura Gil como viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien entre sus muchas funciones tiene a su cargo la cooperación internacional. En ese primer lapso, llamaron la atención afirmaciones desconcertantes como la del embajador en Venezuela, Armando Benedetti, poniendo en duda el fenómeno migratorio, e incluso el pronunciamiento del presidente Petro, señalando que el flujo migratorio en Colombia se había invertido hacia Venezuela.

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El tema migratorio también ha estado ausente a lo largo del proceso de reanudación de las relaciones diplomáticas y de normalización de la frontera colombo-venezolana, donde el intercambio comercial, los pasos fronterizos formales, las trochas y el restablecimiento de los vuelos entre los dos países son los asuntos que han ocupado los primeros puestos de la agenda binacional. La migración apenas recibió una escueta mención en la relación de los temas abordados en el primer encuentro que mantuvieron, en Caracas, los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro.

Tampoco ha recibido la relevancia que se merece la recomposición de las relaciones consulares, una cuestión fundamental para la vida de los migrantes de ambos países, toda vez que está relacionado con la emisión y renovación de documentos de identidad, inscripción de nacimientos y matrimonios, apostillas y el ejercicio de derechos políticos como el de votar, entre otros.

El 28 de septiembre fue la posesión de Fernando García Manosalva como nuevo director de Migración Colombia, un nombramiento fundamental para el desarrollo de la compleja y desafiante política migratoria. Su investidura coincidió con la crisis migratoria y humanitaria de personas que de manera irregular cruzan la región del Darién en dirección a Estados Unidos, situación que requirió una respuesta multilateral y acorde con los lineamientos de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, de forma ordenada y regular en la región.

Si bien la no admisión y expulsión de población venezolana por parte de Estados Unidos disminuyó de manera inmediata el número de migrantes por dicha ruta, la medida ha aumentado la vulneración de los derechos de estas personas, no frenó la salida de migrantes desde Venezuela y puede aumentar la presión para países como Colombia, Perú y Chile como grandes receptores de la diáspora venezolana en una región que sigue presentando importantes vacíos referentes a la integración de los migrantes.

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La eliminación de la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante, conocida como Gerencia de Fronteras, puede restarles eficacia y eficiencia a los esfuerzos que el nuevo Gobierno quiera desarrollar en el ámbito migratorio. Esta instancia, que tenía a su cargo coordinar desde la Presidencia de la República las políticas migratorias entre los ministerios e instituciones de la administración central, así como las relaciones con los gobiernos regionales y locales, el Congreso, el sector privado, las oenegés y los donantes, pasará ahora a la Cancillería, cuya misión y objetivos no se acoplan con las necesidades de coordinación de la política migratoria en el país.

El anuncio de la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, que tendría entre sus objetivos atender a los migrantes como grupo poblacional vulnerable y minoritario, requerirá tiempo para que termine de concretarse, por lo que no luce como una opción en el corto plazo para atender un asunto de la gravedad y urgencia como la crisis migratoria.

En estos primeros tres meses de gestión gubernamental, el Estado colombiano ha ratificado algunos compromisos internacionales. El 6 de octubre en Lima, con ocasión de la reunión de ministros de Exteriores y representantes de los 21 países parte de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, la delegación colombiana señaló, en primer lugar, que completará la emisión de Permisos por Protección Temporal (PPT) a todos los migrantes en su territorio y, en segundo lugar, aseguró que abordará la migración venezolana de acuerdo con los criterios de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, que interpreta la condición de refugio de una manera mucho más amplia que la Convención de 1951.

Estos compromisos, así como otros realizados por el presidente Gustavo Petro respecto a la homologación de títulos de educación superior y al acompañamiento de los migrantes que cruzan la frontera con Panamá en dirección al norte del continente requieren que se vean reflejados en políticas públicas que garanticen el respeto de los derechos que asisten a la población migrante, como lo han mencionado de manera reiterada las nuevas autoridades migratorias colombianas.

Hay importantes tareas pendientes con los venezolanos que no pueden acceder al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), como todos aquellos que ingresaron de forma irregular al territorio colombiano después del 31 de enero de 2021 y no tienen los medios para regresar a Venezuela, obtener un pasaporte y realizar el ingreso regular. En otras palabras, se deben diseñar o ampliar las respuestas existentes para la regularización de la población venezolana; no todos tienen la posibilidad de regularización.

También, corregir las fallas en la implementación del ETPV. Si bien la política de regularización del Estado colombiano es un éxito, ello no quiere decir que no esté libre de fallas. Por el contrario, un número significativo de ciudadanos venezolanos no pudieron materializar su regularización por los problemas de la plataforma de Migración Colombia. A lo largo de todo el proceso la plataforma presentó intermitencias y los puntos visibles fueron insuficientes para cubrir la demanda y abarcar el territorio nacional. Incluso jornadas programadas por los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil para apoyar la realización del Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), primera parte del estatuto, fueron canceladas en el último mes (mayo de 2022) por la cantidad de problemas que presentaba la plataforma.

A pesar de los esfuerzos de último minuto del gobierno Duque por socializar el estatuto con las autoridades en los niveles del Estado, uno de los puntos faltantes fue la socialización con la sociedad colombiana, como comunidad receptora y parte fundamental para la integración. Poco o nada saben los colombianos de la regularización de los venezolanos, ni siquiera conocen el PPT y no lo aceptan como un documento de identidad válido en el Estado colombiano.

Aún es mucho el camino que falta por recorrer para la atención y regularización de la población venezolana en Colombia. Por ahora, la incertidumbre sobre el carácter y futuro de la gestión migratoria es alta, pese a la curva de aprendizaje que ha tenido el Estado colombiano en los últimos siete años. La Política Integral Migratoria aprobada por el Congreso en agosto de 2021 y del Conpes 4100, presentado en julio de 2022, son asuntos urgentes aún pendientes. Asimismo, se esperaría que en los próximos cuatro años se fortalezcan la institucionalidad, aún incipiente, para la atención e integración de la población migrante y las alianzas estratégicas con los donantes y otros actores de la cooperación internacional para seguir avanzando en la materia.

*Equipo de la Bitácora Migratoria del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer.

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La continuidad de la respuesta del Estado colombiano al fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela ha sido una de las claves para que el país sea un referente en la materia. Durante la administración de Juan Manuel Santos se estructuró la respuesta humanitaria, durante la de Iván Duque se adelantó el registro, identificación y regularización de poco más del 62 % de los venezolanos, según los datos de la autoridad migratoria al finalizar dicho gobierno. Al presidente Gustavo Petro y a su gobierno les corresponden el reto de la integración.

Los primeros cien días del presidente Gustavo Petro han evidenciado que el tema migratorio no es prioritario en la agenda de gobierno, pero sin duda este será un asunto emergente que continuamente demandará atención de la administración pública nacional y local ante la magnitud y complejidad de los procesos de movilidad humana que hoy experimentan al menos 2,4 millones de venezolanos con vocación de permanencia en el país, cerca de 980.000 colombianos retornados y aproximadamente 1,87 millones de migrantes pendulares en las fronteras, según cifras de R4V y Migración Colombia. Por lo tanto, para el Estado será clave tener capacidad estratégica, operativa e institucional para dar respuesta oportuna a las necesidades apremiantes en materia de acceso a derechos e integración de una población en alto grado de vulnerabilidad.

Durante los cincuenta días iniciales de la nueva administración hubo evidente ausencia de declaraciones y directrices de política migratoria. No obstante, se destaca el nombramiento de Laura Gil como viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien entre sus muchas funciones tiene a su cargo la cooperación internacional. En ese primer lapso, llamaron la atención afirmaciones desconcertantes como la del embajador en Venezuela, Armando Benedetti, poniendo en duda el fenómeno migratorio, e incluso el pronunciamiento del presidente Petro, señalando que el flujo migratorio en Colombia se había invertido hacia Venezuela.

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El tema migratorio también ha estado ausente a lo largo del proceso de reanudación de las relaciones diplomáticas y de normalización de la frontera colombo-venezolana, donde el intercambio comercial, los pasos fronterizos formales, las trochas y el restablecimiento de los vuelos entre los dos países son los asuntos que han ocupado los primeros puestos de la agenda binacional. La migración apenas recibió una escueta mención en la relación de los temas abordados en el primer encuentro que mantuvieron, en Caracas, los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro.

Tampoco ha recibido la relevancia que se merece la recomposición de las relaciones consulares, una cuestión fundamental para la vida de los migrantes de ambos países, toda vez que está relacionado con la emisión y renovación de documentos de identidad, inscripción de nacimientos y matrimonios, apostillas y el ejercicio de derechos políticos como el de votar, entre otros.

El 28 de septiembre fue la posesión de Fernando García Manosalva como nuevo director de Migración Colombia, un nombramiento fundamental para el desarrollo de la compleja y desafiante política migratoria. Su investidura coincidió con la crisis migratoria y humanitaria de personas que de manera irregular cruzan la región del Darién en dirección a Estados Unidos, situación que requirió una respuesta multilateral y acorde con los lineamientos de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, de forma ordenada y regular en la región.

Si bien la no admisión y expulsión de población venezolana por parte de Estados Unidos disminuyó de manera inmediata el número de migrantes por dicha ruta, la medida ha aumentado la vulneración de los derechos de estas personas, no frenó la salida de migrantes desde Venezuela y puede aumentar la presión para países como Colombia, Perú y Chile como grandes receptores de la diáspora venezolana en una región que sigue presentando importantes vacíos referentes a la integración de los migrantes.

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La eliminación de la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante, conocida como Gerencia de Fronteras, puede restarles eficacia y eficiencia a los esfuerzos que el nuevo Gobierno quiera desarrollar en el ámbito migratorio. Esta instancia, que tenía a su cargo coordinar desde la Presidencia de la República las políticas migratorias entre los ministerios e instituciones de la administración central, así como las relaciones con los gobiernos regionales y locales, el Congreso, el sector privado, las oenegés y los donantes, pasará ahora a la Cancillería, cuya misión y objetivos no se acoplan con las necesidades de coordinación de la política migratoria en el país.

El anuncio de la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, que tendría entre sus objetivos atender a los migrantes como grupo poblacional vulnerable y minoritario, requerirá tiempo para que termine de concretarse, por lo que no luce como una opción en el corto plazo para atender un asunto de la gravedad y urgencia como la crisis migratoria.

En estos primeros tres meses de gestión gubernamental, el Estado colombiano ha ratificado algunos compromisos internacionales. El 6 de octubre en Lima, con ocasión de la reunión de ministros de Exteriores y representantes de los 21 países parte de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, la delegación colombiana señaló, en primer lugar, que completará la emisión de Permisos por Protección Temporal (PPT) a todos los migrantes en su territorio y, en segundo lugar, aseguró que abordará la migración venezolana de acuerdo con los criterios de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, que interpreta la condición de refugio de una manera mucho más amplia que la Convención de 1951.

Estos compromisos, así como otros realizados por el presidente Gustavo Petro respecto a la homologación de títulos de educación superior y al acompañamiento de los migrantes que cruzan la frontera con Panamá en dirección al norte del continente requieren que se vean reflejados en políticas públicas que garanticen el respeto de los derechos que asisten a la población migrante, como lo han mencionado de manera reiterada las nuevas autoridades migratorias colombianas.

Hay importantes tareas pendientes con los venezolanos que no pueden acceder al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), como todos aquellos que ingresaron de forma irregular al territorio colombiano después del 31 de enero de 2021 y no tienen los medios para regresar a Venezuela, obtener un pasaporte y realizar el ingreso regular. En otras palabras, se deben diseñar o ampliar las respuestas existentes para la regularización de la población venezolana; no todos tienen la posibilidad de regularización.

También, corregir las fallas en la implementación del ETPV. Si bien la política de regularización del Estado colombiano es un éxito, ello no quiere decir que no esté libre de fallas. Por el contrario, un número significativo de ciudadanos venezolanos no pudieron materializar su regularización por los problemas de la plataforma de Migración Colombia. A lo largo de todo el proceso la plataforma presentó intermitencias y los puntos visibles fueron insuficientes para cubrir la demanda y abarcar el territorio nacional. Incluso jornadas programadas por los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil para apoyar la realización del Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), primera parte del estatuto, fueron canceladas en el último mes (mayo de 2022) por la cantidad de problemas que presentaba la plataforma.

A pesar de los esfuerzos de último minuto del gobierno Duque por socializar el estatuto con las autoridades en los niveles del Estado, uno de los puntos faltantes fue la socialización con la sociedad colombiana, como comunidad receptora y parte fundamental para la integración. Poco o nada saben los colombianos de la regularización de los venezolanos, ni siquiera conocen el PPT y no lo aceptan como un documento de identidad válido en el Estado colombiano.

Aún es mucho el camino que falta por recorrer para la atención y regularización de la población venezolana en Colombia. Por ahora, la incertidumbre sobre el carácter y futuro de la gestión migratoria es alta, pese a la curva de aprendizaje que ha tenido el Estado colombiano en los últimos siete años. La Política Integral Migratoria aprobada por el Congreso en agosto de 2021 y del Conpes 4100, presentado en julio de 2022, son asuntos urgentes aún pendientes. Asimismo, se esperaría que en los próximos cuatro años se fortalezcan la institucionalidad, aún incipiente, para la atención e integración de la población migrante y las alianzas estratégicas con los donantes y otros actores de la cooperación internacional para seguir avanzando en la materia.

*Equipo de la Bitácora Migratoria del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer.

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