Cinco años después del estallido social en Chile, todo sigue igual

Hace cinco años los chilenos se alzaron por un modelo económico más justo y mayores derechos sociales. Sus protestas alentaron a la clase política para que se pensara, dos veces, en una nueva Constitución. Pero ambos procesos fracasaron, el tiempo pasó y las prioridades de los chilenos cambiaron. En su quinto aniversario, la sensación es que todo sigue igual.

Hace cinco años los chilenos se alzaron por un modelo económico más justo y mayores derechos sociales. Sus protestas alentaron a la clase política para que se pensara, dos veces, en una nueva Constitución. Pero ambos procesos fracasaron, el tiempo pasó y las prioridades de los chilenos cambiaron. En su quinto aniversario, la sensación es que todo sigue igual.

El “estallido social” comenzó el 18 de octubre de 2019 con un reclamo contra el alza en el precio del boleto de metro. Varios estudiantes realizaron una protesta evadiendo el pago del transporte, hubo enfrentamientos con la Policía y, poco a poco, otros ciudadanos se sumaron a la muestra de descontento. Esa noche surgieron focos de desmanes y hubo saqueos en todo Santiago.

Pero el descontento no se resumía al costo de vida. “El ardor no eran 30 pesos, eran 30 años de desigualdad”, aseguró Germán Campos-Herrera, profesor del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Católica de Temuco (UCT) en Chile.

Según encuestas de aquella época, como la elaborada por el Centro de Estudios Públicos (CEP), los intereses de los chilenos eran en cuestión de pensiones, salud, educación y salarios.

Dos constitucionales en Chile fallidas

La Carta Magna chilena fue creada en 1980 bajo el régimen militar de Augusto Pinochet y, por lo mismo, para el 80 % de los ciudadanos la solución para responder a demandas históricas era sustituirla por un texto “hecho en democracia” y no por “cuatro generales”.

Aunque el texto fue reformado sustancialmente en 1989 y en 2005, el 2019 pretendía ser el inicio de un cambio. Pero ese hito esperanzador del estallido social poco a poco empezó a derrumbarse.

Por cuatro años intentaron modificarla. Se celebraron cinco elecciones (entre plebiscitos y comicios para elegir a los consejeros a cargo de redactar las reformas) y se presentaron dos propuestas.

La primera vez, en septiembre de 2022, el 62 % votó en contra porque “quizá era demasiado progresista para los gustos del promedio del electorado chileno”, opinó Matías Franchini, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Es decir, “Chile es el arquetipo del país unitario y centralizado en América Latina y esta era una versión para un Estado plurinacional con muchos derechos sociales y económicos contrarios a algunos sectores de la élite económica”, explicó el docente.

En diciembre de 2023 se repitió la historia, el 55 % dijo que no. Al perecer, esta vez fue “que estaba demasiado a la derecha”, dijo Campos-Herrera.

“Es muy fácil inicialmente coincidir en contra de un determinado proceso, que después crear consenso para poner algo en su lugar”, resumió Franchini que participó en el último día de deliberación de la Asamblea. “Era impresionante la diversidad. Por edades, grupos políticos, minorías étnicas, etcétera, lo que es positivo, pero hizo aún más difícil negociar”, relató.

Luego llegó la pandemia en 2020 y el encierro atenuó el estallido social, la movilización y manifestaciones.

Según una reciente encuesta del CEP, el apoyo a aquellas manifestaciones pasó de un 55 % al 23 % en cinco años. Pero no es que los chilenos rechacen las transformaciones profundas, sino que se inclinan porque sean graduales, asegura el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile.

“La gran lección es que los chilenos prefieren cambios graduales, no refundacionales, ni a la izquierda o a la derecha”, resumió Campos-Herrera.

¿Qué cambió para los chilenos?

A solo un mes de la segunda votación, la encuesta Cadem (una de las más reputadas del país) mostró que un tercio de los votantes (32 %) estaba “poco o nada” interesado en el proceso. La razón: es que el cambio constitucional ya ni siquiera se ve como una herramienta para salir de la crisis.

Por ejemplo, si bien no se realizó una modificación estructural en el sistema pensional, durante el gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) sí hubo un avance con la Pensión Garantizada Universal (PGU). Más de un millón de adultos mayores, independientemente de los ahorros que tuvieran en sus cuentas de cotización individuales, recibieron un aumento en su pensión de hasta un 16 %. Además, actualmente, en el Congreso se discute un proyecto de ley, impulsado por la administración de Gabriel Boric, para crear una Administradora de Fondos de Pensiones estatal y el préstamo de parte de los fondos previsionales al Estado para financiar un pilar solidario.

Ahora, según los sondeos, son la seguridad, la delincuencia y el narcotráfico las principales preocupaciones de los chilenos.

Crisis de seguridad en Chile

La última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), elaborada por el gobierno, reveló que uno de cada cinco hogares ha sido víctima de algún delito de mayor connotación social en el último año. Además, un 87,6 % de los consultados considera que, a nivel nacional, la delincuencia aumentó en 2023.

La seguridad es “la principal prioridad del Gobierno”, aseguró Boric ante la ola de violencia que vive el país sudamericano. Su solución, aunque poco innovadora, es la construcción de una cárcel de máxima seguridad como la megacárcel de Bukele en El Salvador.

Pero la serie de asesinatos no solo ha desnudado el avance del crimen organizado, también, como lo ha planteado el analista político Cristián Valdivieso, director de la encuestadora Criteria, ha mostrado que la clase política chilena, así como “no vio venir el estallido social de 2019″, tampoco lo ha hecho con “la crisis de seguridad que se viene incubando hace años”, dijo para El País.

La crisis es tan grave, advierten los expertos, que el país revivió el debate sobre el papel de los militares contra la delincuencia y obligó a reformar el Código Penal “para reducir las tasas de reincidencia y mejorar la persecución del crimen organizado”, justificó el gobierno.

En el aniversario de este movimiento, “las causas estructurales del malestar social siguen vigentes”, advirtió el jefe de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab. Consideró que aún existe una “profunda desigualdad en el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.

Jarab también pidió al Estado chileno en un comunicado “cumplir con su obligación de hacer justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas por sus agentes” y “seguir avanzando también en materia de verdad, reparación, memoria y garantías de no repetición”.

No hubo reparación para las víctimas

De las protestas, se documentaron más de 3.500 heridos, 220 de ellos con algún tipo de trauma ocular. Siete personas murieron por acción de agentes del Estado.

Además, ingresaron 10.142 denuncias a los tribunales, pero solo se mantienen abiertas 1.400 investigaciones. Únicamente han dictado 44 sentencias condenatorias, reportó Amnistía Internacional en un informe.

De acuerdo con el documento, “hubo obstrucción a las investigaciones, se han perdido pruebas que evidencian cómo actuaron para dañar e inmovilizar a quienes estaban en la protesta. No se ha dado importancia ni recursos para esclarecer estos crímenes, eso es lo que más nos asusta, porque con esto no hay garantía de no repetición y esa es una sensación aplastante”, subrayó.

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