Claudia López deja en firme la garantía de los derechos de la población migrante
La administración que termina en pocos días deja pilares sólidos para la acogida e inclusión de los migrantes con la política pública que, además, en su espíritu contempla algo que no existía: reconoce a la población migrante como un motor de desarrollo para Bogotá.
Daniella Monroy Argumedo*
La Alcaldía Mayor de Bogotá presentó la Política Pública para la Acogida, Inclusión y Desarrollo de los Nuevos Bogotanos o Población Migrante Internacional, adoptada formalmente bajo el Decreto n.° 600 del 15 de diciembre de 2023.
La Política es el marco institucional por el cual se regirá el acceso, cobertura y permanencia de los migrantes en los bienes y servicios ofrecidos por el Distrito. Bajo esta política pública no solo están cubiertos los migrantes, sino también las personas apátridas o en riesgo de apatridia. Está diseñada para ser aplicada en territorio rural y urbano de la ciudad como lugar de recepción, tránsito y destino de la población migrante en un lapso de 12 años (desde este año hasta 2035).
Enfoques para visibilizar las necesidades de la población migrante como individuos y como colectivo
La política se orienta por cinco enfoques: de derechos humanos, de género, diferencial, poblacional y territorial. Es decir, dirige su interés a la comprensión de dichas realidades sociales para así crear respuestas pertinentes por parte del Distrito. Los enfoques se complementan y articulan para fortalecer la política pública, logrando que se adapte a las múltiples realidades de la población migrante a través de una mirada integral.
El enfoque de género es crucial en esta política pública. Considera, de forma sistémica, las diferencias entre las condiciones de las niñas, adolescentes y mujeres migrantes y las de la población migrante masculina. Este enfoque será crucial no solo en la planificación, sino en la ejecución y evaluación de la política, etapas que comenzarán su curso durante la administración del alcalde electo, Carlos Fernando Galán. Para que sea trascendente en la calidad de vida de la población migrante femenina, esta política pública debe tomar en cuenta las causas estructurales de las desigualdades entre hombres y mujeres migrantes, de manera que haya un entendimiento institucional de las causas de inequidad en, por ejemplo, el acceso de las mujeres al mercado laboral o servicios como la salud o la educación.
El enfoque diferencial también es importante al procurar la transformación de las situaciones de exclusión y discriminación que evitan el goce efectivo de los derechos de la población migrante. Para cumplir este propósito, la política pública incluye el diagnóstico más completo y actualizado que el Distrito ha creado sobre la población migrante, entrando a profundizar en las particularidades de los subgrupos que existen en la población migrante; por ejemplo, observando cómo las condiciones socioeconómicas ejercen presión en la calidad de vida de las personas migrantes, cómo se ven excluidos por determinadas orientaciones sexuales e identidades de género o, incluso, se procura abordar las necesidades de la población migrante con algún tipo de discapacidad. Estas características son capas que crean vulnerabilidad en los migrantes, situación que la política pública pretende revertir.
Un cambio de narrativa
Al inicio de su gobierno, la alcaldesa Claudia López sugirió que los migrantes venezolanos eran los culpables del aumento de la criminalidad en Bogotá subsiguiente al estallido social y la cuarentena por la pandemia. Posteriormente, se retractó por orden de la Corte Constitucional y se excusó por la estigmatización ocasionada. Allí comenzó toda una adaptación institucional que tomó forma con la creación del Equipo de Asuntos Migratorios, encabezado por el alto consejero Iván Gaitán, adscrito al despacho de la alcaldesa.
La creación de este cargo fue clave para articular las entidades distritales que tienen competencia para la atención a la población migrante, recurso que ya había utilizado en su momento el exalcalde Enrique Peñalosa, que al final de su administración creó una gerencia para el tema migratorio con capacidades similares. El grupo de trabajo encabezado por Gaitán desarrolló en tiempo récord la política pública para los nuevos bogotanos, denominación con la que la misma alcaldesa terminó llamando a los extranjeros que hacen vida en la ciudad. Es imperante que esta instancia se mantenga en la administración del alcalde electo y sea fortalecida con recursos del Distrito.
La población migrante no es una carga: es soporte y potencial para la ciudad
La administración que termina en pocos días deja pilares sólidos para la acogida y la inclusión de los migrantes con la política pública que, además, en su espíritu contempla algo que no existía: reconoce a la población migrante como un motor de desarrollo para Bogotá. Las acciones abordadas en la política buscan cumplir ese fin. Asimismo, la política pública ofrece a la población migrante los medios para garantizar mejores condiciones de subsistencia en el Distrito, de manera que sea un aporte al desarrollo social, económico, cultural y educativo de la capital.
Sin duda, la política pública se soporta sobre el proceso de regularización que adelanta el país desde 2021 con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), que requiere ser acelerado para que quienes han solicitado su Permiso por Protección y llevan esperándolo hasta uno o dos años puedan obtenerlo pronto.
La creación de esta política pública es también un recordatorio de los adelantos institucionales que les corresponden a los gobiernos locales, autoridades en las que reposa la responsabilidad de la implementación de acciones afirmativas dirigidas a la población migrante. No obstante, es igual de importante la actuación del Gobierno para dar piso a las medidas en los territorios, por lo cual se espera una relación más estrecha y coordinada entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y las alcaldías y gobernaciones a posesionarse en enero de 2024, vínculo del cual depende el futuro de la población migrante.
*Investigadora adscrita al Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario e investigadora de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.
La Alcaldía Mayor de Bogotá presentó la Política Pública para la Acogida, Inclusión y Desarrollo de los Nuevos Bogotanos o Población Migrante Internacional, adoptada formalmente bajo el Decreto n.° 600 del 15 de diciembre de 2023.
La Política es el marco institucional por el cual se regirá el acceso, cobertura y permanencia de los migrantes en los bienes y servicios ofrecidos por el Distrito. Bajo esta política pública no solo están cubiertos los migrantes, sino también las personas apátridas o en riesgo de apatridia. Está diseñada para ser aplicada en territorio rural y urbano de la ciudad como lugar de recepción, tránsito y destino de la población migrante en un lapso de 12 años (desde este año hasta 2035).
Enfoques para visibilizar las necesidades de la población migrante como individuos y como colectivo
La política se orienta por cinco enfoques: de derechos humanos, de género, diferencial, poblacional y territorial. Es decir, dirige su interés a la comprensión de dichas realidades sociales para así crear respuestas pertinentes por parte del Distrito. Los enfoques se complementan y articulan para fortalecer la política pública, logrando que se adapte a las múltiples realidades de la población migrante a través de una mirada integral.
El enfoque de género es crucial en esta política pública. Considera, de forma sistémica, las diferencias entre las condiciones de las niñas, adolescentes y mujeres migrantes y las de la población migrante masculina. Este enfoque será crucial no solo en la planificación, sino en la ejecución y evaluación de la política, etapas que comenzarán su curso durante la administración del alcalde electo, Carlos Fernando Galán. Para que sea trascendente en la calidad de vida de la población migrante femenina, esta política pública debe tomar en cuenta las causas estructurales de las desigualdades entre hombres y mujeres migrantes, de manera que haya un entendimiento institucional de las causas de inequidad en, por ejemplo, el acceso de las mujeres al mercado laboral o servicios como la salud o la educación.
El enfoque diferencial también es importante al procurar la transformación de las situaciones de exclusión y discriminación que evitan el goce efectivo de los derechos de la población migrante. Para cumplir este propósito, la política pública incluye el diagnóstico más completo y actualizado que el Distrito ha creado sobre la población migrante, entrando a profundizar en las particularidades de los subgrupos que existen en la población migrante; por ejemplo, observando cómo las condiciones socioeconómicas ejercen presión en la calidad de vida de las personas migrantes, cómo se ven excluidos por determinadas orientaciones sexuales e identidades de género o, incluso, se procura abordar las necesidades de la población migrante con algún tipo de discapacidad. Estas características son capas que crean vulnerabilidad en los migrantes, situación que la política pública pretende revertir.
Un cambio de narrativa
Al inicio de su gobierno, la alcaldesa Claudia López sugirió que los migrantes venezolanos eran los culpables del aumento de la criminalidad en Bogotá subsiguiente al estallido social y la cuarentena por la pandemia. Posteriormente, se retractó por orden de la Corte Constitucional y se excusó por la estigmatización ocasionada. Allí comenzó toda una adaptación institucional que tomó forma con la creación del Equipo de Asuntos Migratorios, encabezado por el alto consejero Iván Gaitán, adscrito al despacho de la alcaldesa.
La creación de este cargo fue clave para articular las entidades distritales que tienen competencia para la atención a la población migrante, recurso que ya había utilizado en su momento el exalcalde Enrique Peñalosa, que al final de su administración creó una gerencia para el tema migratorio con capacidades similares. El grupo de trabajo encabezado por Gaitán desarrolló en tiempo récord la política pública para los nuevos bogotanos, denominación con la que la misma alcaldesa terminó llamando a los extranjeros que hacen vida en la ciudad. Es imperante que esta instancia se mantenga en la administración del alcalde electo y sea fortalecida con recursos del Distrito.
La población migrante no es una carga: es soporte y potencial para la ciudad
La administración que termina en pocos días deja pilares sólidos para la acogida y la inclusión de los migrantes con la política pública que, además, en su espíritu contempla algo que no existía: reconoce a la población migrante como un motor de desarrollo para Bogotá. Las acciones abordadas en la política buscan cumplir ese fin. Asimismo, la política pública ofrece a la población migrante los medios para garantizar mejores condiciones de subsistencia en el Distrito, de manera que sea un aporte al desarrollo social, económico, cultural y educativo de la capital.
Sin duda, la política pública se soporta sobre el proceso de regularización que adelanta el país desde 2021 con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), que requiere ser acelerado para que quienes han solicitado su Permiso por Protección y llevan esperándolo hasta uno o dos años puedan obtenerlo pronto.
La creación de esta política pública es también un recordatorio de los adelantos institucionales que les corresponden a los gobiernos locales, autoridades en las que reposa la responsabilidad de la implementación de acciones afirmativas dirigidas a la población migrante. No obstante, es igual de importante la actuación del Gobierno para dar piso a las medidas en los territorios, por lo cual se espera una relación más estrecha y coordinada entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y las alcaldías y gobernaciones a posesionarse en enero de 2024, vínculo del cual depende el futuro de la población migrante.
*Investigadora adscrita al Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario e investigadora de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.