Las claves de la crisis en Perú: cinco preguntas para entender el golpe de Estado

Manifestantes en contra del destituido presidente Pedro Castillo se reúnen a las afueras de la Prefectura de Lima, donde se encuentra el hasta hoy mandatario.

Foto: EFE - Aldair Mejía

El Congreso de Perú destituyó este miércoles al presidente izquierdista Pedro Castillo por “incapacidad moral”, ignorando la decisión del mandatario de disolver el Parlamento y reorganizar el sistema de justicia. Mientras el país trata de recomponerse de la crisis política, le explicamos cómo y por qué llegamos hasta acá.

¿Quién es Pedro Castillo?

Nacido en San Luis de Puña, departamento de Cajamarca, Pedro Castillo Terrones es un profesor y dirigente sindical que llegó a la presidencia del Perú en julio de 2021, luego de una campaña que tuvo como pilares la educación y la agricultura.

Su elección no fue abultada: le ganó en las urnas a la candidata de la derecha, Keiko Fujimori, por menos de 50.000 votos. Así, las elecciones demostraron que el país estaba profundamente polarizado.

Castillo se presentó a sus seguidores como alguien “nuevo y limpio”. Sus seguidores y su partido, Perú Libre, de izquierda marxista, alababan su frescura y su proyección una persona impoluta, que destacó ante la aversión que se sentía por los políticos más tradicionales.

Sin embargo, esa imagen impoluta duró poco. En sus 16 meses de gobierno, Castillo enfrentó seis investigaciones penales por presunta corrupción, en las que se le acusa de encabezar una organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada, delitos contra la administración pública bajo el delito de encubrimiento personal y contra la tranquilidad pública.

Estos son los seis casos contra Castillo:

• 📄 Puente Tarata III: se acusa a Castillo de encabezar una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El expresidente habría intercedido en las adjudicaciones de contratos del Ministerio para beneficiar a amigos y familiares.
• 📄 Ascensos en las Fuerzas Armadas: se acusa a Castillo de favorecer a algunos oficiales, afines al gobierno, en el proceso anual de ascensos en las Fuerzas Militares.
• 📄 Fuga de funcionarios cercanos a su gobierno: se acusa a Castillo de encubrir a familiares y personas cercanas que hoy son investigadas por la justicia.
• 📄 Caso PetroPerú: se acusa a Castillo de tráfico de influencias por la adjudicación de obras de manera ilícita.
• 📄 Licitaciones en Chota-Cajamarca: se acusa a Castillo de tráfico de influencias por la adjudicación de obras de manera ilícita en las provincias Chota-Cajamarca.
• 📄 Licitaciones en las provincias Cajatambo-Lima: se acusa a Castillo de tráfico de influencias por la adjudicación de obras de manera ilícita en las provincias Cajatambo-Lima.

Pero las investigaciones por corrupción no fueron lo único que dejó el gobierno de Castillo: el exmandatario contó con una inestabilidad enorme, la cual llevó a que cambiara de gabinete en cuatro oportunidades. Más de 80 ministros desfilaron por este corto gobierno.

Por todo esto, el Congreso lanzó tres juicios contra el presidente para destituirlo. La primera moción, que data de diciembre de 2021, ni siquiera llegó a ser debatida en el pleno del Congreso. La segunda, en marzo de este año, alcanzó 55 votos de los 87 necesarios para la destitución. En noviembre, el Congreso aprobó un nuevo juicio político, con 73 votos a favor. Sin embargo, antes de que se debatiera esta moción, Castillo lanzó una bomba.

¿Por qué Castillo disolvió el Congreso?

En la mañana del miércoles, Castillo anunció que disolvería el Congreso, que reorganizaría la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial que lo investiga por los seis casos de corrupción. También impuso un toque de queda. Todo esto para salvarse del juicio político. No es la primera vez que algo así ocurre en el país. Sin embargo, había una pregunta: ¿podía hacerlo? ¿Era constitucional? ¿Era astuto?

Para el abogado Fernando Velezmoro, la maniobra es totalmente inconstitucional y los miembros del gabinete son corresponsables de esto. El Ejecutivo sí tiene un mecanismo a su disposición para disolver el Congreso. De hecho, Castillo ya lo había puesto en marcha. Se trata de la “cuestión de confianza”.

El primer ministro del país, o presidente del Consejo de Ministros, puede solicitarle al Congreso una cuestión de confianza para que respalde una política concreta. Si el Congreso la censura o la rechaza, el gabinete del presidente tiene que presentar su renuncia. Si un presidente del Consejo de Ministros vuelve a presentar una cuestión de confianza al Congreso, y el Legislativo vuelve a rechazar el pedido, el presidente de la nación tendrá la facultad de disolver el Congreso y podrá convocar a nuevas elecciones legislativas.

Hace solo unas semanas, el primer ministro, Aníbal Torres, solicitó la primera cuestión de confianza al Congreso para que lo respaldara en su intento de derogar la Ley Antireferéndum, la cual dice que toda iniciativa de reforma constitucional que se someta a referéndum debe pasar previamente por el Congreso. Según Torres, esto se hizo para “restablecer la participación política del pueblo”. La cuestión fue rechazada, por lo que al Congreso no le quedaban “balas. La próxima cuestión de confianza debería ser admitida o el Congreso se vería ad portar de ser disuelto.

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Esta segunda cuestión de confianza nunca fue presentada. Es más, el Ejecutivo no podía haber presentado esta segunda cuestión, pues los efectos de la primera cuestión están suspendidos mientras el Tribunal Constitucional la estudia y se resuelve el tema de fondo. Es decir, Castillo no tenía hoy por ningún motivo la facultad de disolver el Congreso. A pesar de esto, decidió proceder con la disolución del Congreso. Fue un gran error por tres factores:

• Castillo, a diferencia de Alberto Fujimori, quien también disolvió el Congreso de manera inconstitucional, no contaba con el respaldo popular. Al momento de su destitución tenía 66 % de desaprobación.
• Tampoco contaba con el respaldo fiel de las Fuerzas Militares, como quedó demostrado con el comunicado del Comando Conjunto al poco tiempo de que estallara la crisis.

• Finalmente, se apresuró a ver cómo procedía la votación. Analistas como Gonzalo Banda señalaban que no veían posible que el Congreso reuniera los 87 votos necesarios para destituir al presidente. Sin embargo, Giovanna Peñaflor, de Imasen, una firma de investigación sociológica y política, decía que solo los rumores de intentar disolver el Congreso ya hacían que se cerraran las filas en el Legislativo contra Castillo. Si hubiera guardado paciencia hasta el debate, era probable que se hubiera salvado del tercer juicio político.

La tercera fue la vencida: el Congreso destituyó a Castillo

Tras el anuncio de Castillo, el Congreso decidió adelantar la sesión prevista para la tarde en la que se escucharían los argumentos para destituir o no al mandatario. Al final, y porque las circunstancias de la jornada demandaban agilidad, el Legislativo procedió a la votación sin debatir. En total, 101 congresista votaron a favor de la vacancia, 10 se abstuvieron y seis votaron en contra. Entre las abstenciones, resulta muy llamativa la declaración de Guido Bellido, quien aseguró a medios locales que no votó a favor de la vacancia porque no estaba “enterado” de lo que estaba pasando en el país, ya que se encontraba en un aeropuerto.

Poco después, medios locales informaron que Castillo Terrones fue detenido en la Segunda Región Policial Lima, ubicada en la avenida España. “Dando cumplimiento a nuestras facultades y atribuciones descritas en el art. 5 de D.L n.° 1267 Ley la Policía Nacional del Perú, efectivos PNP intervienen al expresidente Pedro Castillo”, sostuvo la Policía Nacional del Perú.

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¿Cómo respondió el país?

La noticia de la disolución del Congreso por parte de Castillo y la posterior destitución del presidente como respuesta dejó a la población sumida en la incertidumbre y con miedo de lo que pueda ocurrir. Los eventos culturales, deportivos y otras actividades públicas fueron canceladas por razones de seguridad. Radio Programas de Perú (RPP) y otros medios locales reportaron que se veían muchas personas abasteciéndose de productos, sospechando que los precios puedan dispararse por la crisis política que dejó la jornada. Los comerciantes, por su lado, decidieron cerrar sus negocios temprano, temiendo que se registren saqueos, tal y como sucedió cuando Fujimori dio su famoso “autogolpe” y disolvió el Congreso en 1992.

¿Qué sigue para Perú?

La vicepresidenta, Dina Boluarte, tomará juramento como nueva presidenta de Perú en el Congreso en la tarde. Se convertirá en la primera mujer que conduce al país. Hay una gran duda que tendrá que resolverse en las próximas horas o días: si completará el mandato constitucional que va hasta 2026 o si decidirá que es mejor convocar elecciones generales anticipadas.

“Si llega Dina al poder, eso dura cinco o seis meses, lo mejor es que convoque a elecciones”, dice a la AFP Augusto Álvarez Rodrich, analista político y columnista del diario La República.

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