El próximo jueves, 13 de julio, a partir de las 8:00 a. m., podría convertirse para Colombia en una nueva fecha de recordación por sus fronteras marítimas como el 19 de noviembre de 2012, cuando fue leído el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la primera demanda de Nicaragua contra Colombia. En ese proceso el país acató la decisión de la CIJ, pero igualmente dijo no poder aplicarla por su ordenamiento constitucional para el establecimiento de sus fronteras terrestres y marítimas (artículo 101, Constitución Política de Colombia de 1991).
Poco más de diez años después de aquel día, cuando la CIJ le dijo al país que debía cederle cerca de 75.000 km² de su soberanía en el mar Caribe al país centroamericano, ahora viene un nuevo episodio para Colombia, que bien podría caldear los ánimos y entrar en una etapa de confrontación nada beneficiosa para una administración que recién va a completar su primer año de gobierno y ha estado avanzando en múltiples frentes para el desarrollo económico, social, ambiental e institucional, que tanto requiere el país.
El 28 de noviembre de 2012, una semana después de leído el mencionado fallo por parte de la CIJ, el entonces presidente Juan Manuel Santos denunció el Pacto de Bogotá y anunció que Colombia se retiraba de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, hecho que se haría efectivo un año después del anuncio (noviembre de 2013). Durante ese año y antes de hacerse efectiva la salida de Colombia de la jurisdicción de la CIJ, Nicaragua se afanó en presentar dos nuevas demandas contra el país ante la Corte pidiendo en una de ellas una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas de su costa (septiembre de 2013) y en la otra reclamando que Colombia no había respetado el fallo de 2012 (noviembre de 2013).
El jueves 21 de abril de 2022, la Corte de La Haya leyó el fallo sobre las supuestas violaciones e incumplimiento de Colombia frente a la decisión de 2012. En términos generales, la CIJ determinó que Colombia violó derechos de Nicaragua en el mar Caribe en materia de pesca e investigación científica e instó al país a cesar inmediatamente las interferencias en el mar Caribe, además de llamar la atención de ambos países para que llegaran a un acuerdo bilateral sobre el asunto. No obstante, la lectura de este segundo fallo no comprometía ningún territorio marítimo sino el presunto incumplimiento del fallo de 2012 por parte de Colombia.
Ahora bien, desde el 7 de agosto de 2022, fecha en la cual asumió Gustavo Petro como presidente de la República y en la cual posesionó a la mayoría de su gabinete, entre ellos al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, la política internacional del país dio un giro de 180 grados; desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela hasta la conformación del nuevo equipo jurídico para defender los intereses nacionales ante las demandas presentadas por Nicaragua contra Colombia en la CIJ.
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Precisamente el nuevo equipo jurídico estaría conformado por algunos de los juristas más importantes del país, como son Eduardo Valencia-Ospina (agente), experto en derecho internacional y en asuntos de competencia de la CIJ; Carolina Olarte (coagente y embajadora de Colombia en los Países Bajos), experta en Derecho Internacional y exdecana de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana; y Elizabeth Taylor (viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores), exembajadora de Colombia en Kenia y, sobre todo, raizal nacida en Providencia y con todo el conocimiento del tema de primera mano. Este equipo presentó ante la Corte los argumentos jurídicos, institucionales y científicos que permitirían demostrar que Colombia ejerce soberanía en el mar Caribe desde 1803 por Orden Real y que Nicaragua no tiene argumentos jurídicos, consuetudinarios ni legales sobre su pretensión de 200 millas de plataforma continental en el mar Caribe.
Como en la vida personal, tener vecinos incómodos es molesto, no hay como tener vecinos que saluden, que quieran construir, aportar, colaborar, mejorar, respetar y, ante todo, llevarse bien. Eso le ha pasado a Colombia, con sus vecinos terrestres (Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá), con los que ha tenido una buena relación. Una vez terminadas de definir las fronteras terrestres (1831-1941), se ha logrado cooperación, colaboración, integración y buen entendimiento, salvo algunos episodios coyunturales que lograron ser superados con diplomacia, entendimiento y colaboración.
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Con sus vecinos marítimos (Venezuela, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Jamaica, República Dominicana y Haití) ha ocurrido de todo: desde la no definición de las fronteras marítimas (caso pendiente y sin definir con la República Bolivariana de Venezuela) hasta la constante agresión y las tres demandas presentadas entre 2001 y 2013 por parte de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, buscando ampliar su territorio, en este caso, en el mar Caribe en desmedro de la soberanía colombiana, desconociendo tratados históricos como el Bárcenas-Esquerra de 1928.
Con lo anterior, el próximo jueves 13 de julio de 2023, a partir de las 8:00 a. m., será una fecha para el país que estará cargada de tensiones, emociones, sinsabores y sobresaltos, en la que se espera que la decisión de los 15 togados de la Corte Internacional de Justicia ponga límites en las pretensiones de los países a costa del territorio (continental o marítimo) de los demás. Para la mayoría de los colombianos no es una fecha de importancia, no es muy conocida y, en términos generales, inicialmente podría pasar casi desapercibida para la población en general. Pero dependiendo del fallo, la opinión ciudadana y política nacional puede utilizar el resultado para agigantar las brechas de opinión del primer año del presidente Petro.
Esperemos que no sea así y el resultado sea favorable para Colombia, que la Corte falle en derecho y mantenga la integralidad del territorio marítimo del país en el mar Caribe, esperemos que esta vez se cierre del todo este nefasto capítulo con un país que solo busca más territorio marítimo a costa de sus vecinos y sirva de experiencia para, definitivamente, formular políticas nacionales sobre las fronteras como políticas de Estado, de largo aliento, que sobrepasen los períodos presidenciales, integren los territorios fronterizos terrestres y marítimos al desarrollo nacional, para que dichos territorios dejen de ser considerados alejados del poder nacional y reciban verdaderas políticas públicas que promuevan y permitan su desarrollo y convergencia hacia un desarrollo equitativo con el resto de los territorios de Colombia.
*Profesor de cátedra, Universidad Externado de Colombia.
rodolfo.cano@uexternado.edu.co
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