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El gobierno de Colombia anunció este martes la creación de un esquema de atención para los exmiembros de las Fuerzas Armadas y Policiales de Venezuela que se encuentran en el territorio colombiano, con el fin de que puedan desarrollar una vida como civiles y en completa normalidad.
A través de un memorando de entendimiento con el Gobierno Interino de la República Bolivariana de Venezuela, liderado por Juan Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela, el gobierno colombiano busca dar solución a la problemática de los desertores venezolanos, que en los últimos meses se habían convertido en un dolor de cabeza para el país.
Cabe aclarar que la medida solo aplicará para aquellos militares y policías venezolanos que ingresaron al país entre el 23 de febrero y la fecha de la firma del memorando de entendimiento, firmado por el canciller de Colombia Carlos Holmes Trujillo y el embajador de Venezuela en Colombia designado por Juan Guaidó, Humberto Calderón Berti.
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El gobierno colombiano informó que este esquema será coordinado de manera interinstitucional entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Cancillería, el Ministerio de Defensa Nacional, Migración Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Ministerio de Educación y otras entidades que "se consideren necesarias".
Los uniformados beneficiados serán determinados con base en la información cotejada con Migración Colombia, que incluirá a sus núcleos familiares, esto con el propósito de determinar el número total de personas que están bajo estas condiciones en el país.
Tras el proceso de validación y actualización de la información, los ex miembros de las Fuerzas Militares y policiales de Venezuela que se encuentran en Colombia y se acojan a las condiciones planteadas tendrán acceso al Permiso Especial de Permanencia (PEP), que les permitirá trabajar legalmente en el país hasta por dos años, así como un apoyo para atención básica, capacitaciones, y las gestiones correspondientes para buscar cupos en el sistema educativo para los menores que lo requieran.
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El gobierno también informó que a través del SENA se harán capacitaciones complementarias a los exmilitares de acuerdo a la oferta institucional en cada región del país.
No obstante, Cancillería apuntaló que los exuniformados venezolanos que se vean beneficiados no podrán ejercer trabajos que conlleven funciones militares, policiales o de seguridad o defensa. Además, tampoco se les permitirá portar sus armas ni llevar sus uniformes.
"Tras acogerse a los beneficios implementados por el Gobierno de Colombia estos asumirán el estatus de civiles", concluye el boletín informativo.
El pasado mes de marzo, expolicías y exmilitares hospedados en las ciudades fronterizas de Cúcuta y Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander, bajo resguardo de ACNUR, declararon a medios locales que temían ser desalojados.
De acuerdo con cifras de Migración Colombia, 1.454 exuniformados realizaron la solicitud de refugio correspondiente ante la Cancillería y están a la espera de la definición por parte de la Comisión Nacional de Refugio (Conare).
Consulte el boletín informativo aquí.
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