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El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que “a raíz de los hechos violatorios de las garantías democráticas, de los derechos civiles y políticos del pueblo nicaragüense”, tomó la decisión de llamar a consultas al embajador de Colombia en ese país, Alfredo Rangel.
“El llamado obedece al compromiso del Gobierno de Colombia con los valores y principios consignados en la Carta Democrática Interamericana y en la Carta de la OEA. En concordancia con lo anterior, expresamos nuestro rechazo a la sistemática persecución contra la oposición política, el periodismo y el liderazgo social en Nicaragua”, se lee en el comunicado emitido por el Ministerio.
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“El Gobierno de Colombia insta al gobierno de Nicaragua a la inmediata liberación de los presos políticos y a cesar esta persecución sistemática, así como a permitir el libre ejercicio de las libertades políticas y una elección democrática transparente y libre para que el pueblo nicaragüense escoja su destino”, dice el documento emitido por la Cancillería.
.@CancilleriaCol informa que, a raíz de los hechos violatorios de las garantías democráticas, de los derechos civiles y políticos del pueblo nicaragüense, ha tomado la decisión de llamar a consultas al embajador de 🇨🇴 en 🇳🇮, Alfredo Rangel 👇👇https://t.co/Y3hArUmmAV pic.twitter.com/3sMthAjfCP
— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) July 28, 2021
En junio Colombia ya había protestado frente a Nicaragua por la detención de opositores. El gobierno de Iván Duque expresó su preocupación por la persecución a opositores al régimen de Daniel Ortega y rechazó la detención de muchos de ellos, entre los cuales hay varios candidatos presidenciales: “El país reitera su preocupación frente a los hechos que amenazan el ejercicio de la democracia en Nicaragua”, decía el documento.
Puntualizaba que Nicaragua debe tener la garantía de “elecciones transparentes y libres, en las que se evite cualquier coerción o acción que restrinja la libre participación de los diversos actores políticos”. En esa dirección, el Gobierno colombiano rechazó en ese momento “la detención de más de veinte líderes opositores en Nicaragua, entre ellos, cinco candidatos presidenciales, a menos de cinco meses de las elecciones programadas para el próximo 7 de noviembre”.
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Esas detenciones, agrega el comunicado del Gobierno colombiano, “son abiertamente contrarias a la Carta Democrática Interamericana”, en lo referente a que los pueblos tienen derecho a la democracia y recuerda que ese documento señala que los gobiernos “tienen la obligación de promoverla y defenderla, al ser esencial para su desarrollo social, político y económico”.
Más arrestos de opositores en Nicaragua
A casi tres meses de las elecciones, el gobierno de Daniel Ortega tiene bajo arresto a 29 opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. Esta vez, la policía arrestó al politólogo José Peraza, quien fue detenido en la noche del lunes por un supuesto delito de “menoscabo a la independencia y soberanía”, informaron las autoridades.
Peraza, politólogo y especialista en sistemas políticos y electorales, fue director del organismo cívico Movimiento por Nicaragua y estuvo detenido en octubre de 2018, cuando junto a un grupo de opositores pretendía protestar en Managua contra el Gobierno de Ortega. Además, es coautor de los libros El régimen de Ortega ¿Una nueva dictadura familiar en el continente? y Nicaragua, el cambio azul y blanco.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el arresto del político opositor Peraza Collado y urgió al Estado de Nicaragua a “liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente en ese país”.
La Unidad Nacional Azul y Blanco denunció en un comunicado que nueve de los detenidos integran su directorio, entre ellos Maradiaga, quienes al igual que otros presos no han tenido acceso a familiares ni a abogados. Organismos de derechos humanos contabilizan más de 140 personas privadas de libertad por ser críticos del gobierno. Las leyes en Nicaragua prohíben optar a cargos de elección a personas que están bajo investigación o privadas de libertad.