América Latina no es un lugar seguro para ser un líder social. Esta es una de las conclusiones del último reporte de la organización Front Line Defenders, ONG especializada en la defensa de defensores de los derechos humanos, que registró 321 defensores muertos en 2018, 241 de ellos en la región. Lo más alarmante es que 174 (54%) de estos homicidios se ubicaron apenas en dos países: Colombia y México, con 126 y 48 líderes asesinados en el último año.
Dentro de los hallazgos se registró un aumento de nueve defensores muertos respecto al 2017. Según la ONG, el 2018 fue especialmente peligroso para los defensores de la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. El 77% de los asesinados eran defensores que trabajaron en estos campos, un 10% más respecto al 2017.
Aunque el aumento en el número de amenazas de muerte y amenazas de encarcelamiento han obligado a varios defensores a huir de sus hogares y comunidades, con Nicaragua, Colombia y Brasil siendo particularmente representativos de esta tendencia, el asesinato de defensores de derechos humanos siguió siendo la tendencia más preocupante en la región, según Front Line Defenders.
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La ONG recibió informes de asesinatos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela. En muchos países de la región, el número de asesinatos no solo siguió aumentando, sino que también se observó un patrón preocupante en el que se atacaron varios defensores de las mismas organizaciones, dentro de los que se destacan los casos de Colombia y Guatemala.
En el caso colombiano, alerta Front Line Defenders, se ha visto un aumento en la violencia contra los líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP. "Dos años después, el Estado no ha cumplido con la mayoría de sus obligaciones, como establecer una presencia integrada en las regiones rurales e implementar programas de restitución de tierras y sustitución de cultivos", sostiene la ONG.
Esto ha llevado a una serie de grupos armados ilegales que luchan por el control de las áreas anteriormente ocupadas por las FARC-EP y al fortalecimiento de las economías ilícitas en el área.
De acuerdo con Front Line Defenders, los ataques son a menudo precedidos por campañas sostenidas a nivel nacional que se refieren a los defensores como "anti-desarrollo", "anti-estado", "traidores", "terroristas o "criminales". De hecho, causa alarma que al menos la mitad de los líderes asesinados (49%) en 2018 habían sido amenazados con anterioridad. Casi siempre estos defensores alegaban contra actividades de industrias extractivas o megaproyectos que perjudicaban vastas zonas ecosistémicas o donde habitan pueblos ancestrales.
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"Las críticas y la estigmatización de los defensores por su trabajo se han vuelto aceptables y generalizadas en segmentos más grandes de la sociedad y los ataques se han extendido a aquellos que asisten o apoyan a los defensores de derechos humanos", alerta la ONG irlandesa.
En Guatemala, por ejemplo, 26 defensores y defensoras de los derechos humanos murieron en 2018, lo que representa un aumento del 136% en 2017. Entre el 9 de mayo y el 4 de junio, murieron siete defensores de los derechos humanos indígenas, cinco de los cuales eran miembros de CoDECA, una organización que trabaja por los derechos de las personas en zonas rurales. Unos días antes del primer asesinato, el 2 de mayo, el presidente guatemalteco Jimmy Morales se había referido a CoDECA como una organización criminal durante un mitin público.
Mientras que en Brasil, México, Perú, Ecuador y otros países de la región, los homicidios de líderes sociales tuvieron que ver en su gran mayoría, de acuerdo con la ONG, por "el conflicto entre la explotación de los recursos naturales, incluida la captura de tierras indígenas o afrodescendientes de larga data con fines de lucro privada, y los esfuerzos de los defensores de los derechos a la tierra, el medio ambiente o los pueblos indígenas para proteger el medio ambiente y sus comunidades".
Aunque la mayoría de los asesinatos documentados se encuentran en las Américas, hay indicios de que el número de asesinatos de defensores de la tierra, los pueblos indígenas y los derechos ambientales en África y partes de Asia va en aumento, a pesar de estar poco documentado.