Colombia, Panamá y EE. UU. quieren involucrar a más países en la gestión migratoria
Los tres países, reunidos, reconocieron que los flujos migratorios irregulares que transitan por la frontera entre Colombia y Panamá “son de alcance continental y extracontinental, involucrando a personas de más de 90 nacionalidades”. Por esa razón, buscan “fomentar el diálogo con otros países de la región para aumentar las alternativas seguras de migración”.
Ampliar mecanismos de protección de la población migrante, promover las vías migratorias regulares e incentivar el diálogo con más países de la región para enfrentar el desafío en la materia están entre los compromisos a los que llegaron Colombia, Panamá y Estados Unidos en la reunión del mecanismo tripartito para estos asuntos que tuvo lugar este lunes en Cartagena (Colombia).
La cita se dio luego de que Panamá y Estados Unidos pusieran en marcha el 1.° de julio un acuerdo para deportar o repatriar a los migrantes que atraviesen el Darién a bordo de vuelos financiados por el país norteamericano.
En máximo tres meses (90 días) las autoridades migratorias de estos países deben sostener una reunión técnica para elaborar y presentar “un cronograma y plan de ejecución con actividades que construyan sobre el avance que han hecho los tres países con acciones concretas”, reza la declaración conjunta que quedó tras el encuentro de las últimas horas.
En el documento, en el que resaltan el enfoque de “responsabilidad compartida” en la gestión migratoria, los tres países reconocieron el rol que tienen las redes de trata y tráfico de migrantes en la realidad migratoria, por lo que se comprometieron a “fortalecer la cooperación para desarticularlas”.
Según la cartera, hubo consenso en la implementación “de un plan de trabajo con acciones concretas y realistas que fortalezcan la presencia estatal de Colombia y Panamá en su frontera común. Así mismo, se comprometieron a mejorar los mecanismos de control y regulación, el intercambio de información y la verificación de identidad”.
De acuerdo con datos de Panamá, 231.089 personas, la mayoría de nacionalidad venezolana, han atravesado la selva del Darién este año, mientras que en 2023 fueron más de 520.000, una cifra récord, por lo que el país ha cercado casi cinco kilómetros de frontera con vallas de alambre de púas para desincentivar el paso.
Esto ha sido calificado por expertos y organizaciones de derechos humanos como una medida ineficiente que pone en riesgo a la población migrante, cuya vulnerabilidad es aprovechada por las redes de tráfico de migrantes.
Asimismo, los países destacaron la necesidad de “mejorar la asistencia humanitaria a las poblaciones migrantes y buscar mecanismos de protección para grupos vulnerables, contemplando opciones humanitarias”.
A través de un comunicado, la Cancillería detalló que los tres países involucrados resaltaron en esta reunión “que los flujos migratorios irregulares que transitan por la frontera entre Colombia y Panamá son de alcance continental y extracontinental, involucrando a personas de más de 90 nacionalidades, algunas de las cuales ingresan a la región a través de terceros países”.
Por lo anterior, se hizo énfasis en el compromiso de “fomentar el diálogo con otros países de la región para aumentar las alternativas seguras de migración.”
También se hizo mención a “la importancia de proteger los ecosistemas estratégicos y comunidades locales asentadas en su frontera común”, entre Colombia y Panamá. “En tal sentido, los Estados Unidos se comprometen con fortalecer la cooperación para el desarrollo de dichas comunidades”.
Colombia, por su parte, subrayó medidas adoptadas en el país, como las Oficinas de Movilidad Segura, a través de las cuales ciudadanos venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses pueden iniciar procesos migratorios regulares hacia Estados Unidos.
Asimismo, medidas recientes, como la del PEP Tutor, dirigido a los acudientes de menores de edad (regularizados en el país) que se quedaron por fuera del Estatuto Temporal de Protección (ETPV), a través del cual se apuntó a regularizar a casi 2,5 millones de personas del vecino país.
Dicha medida, no obstante, ha sido criticada por distintos expertos, organizaciones y representantes de la población migrante que consideran que un nuevo mecanismo puede crear confusión e inseguridad jurídica, frente a un mecanismo de amplio reconocimiento nacional e internacional, como lo ha sido el ETPV, cuyo plazo de adopción ya terminó.
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Ampliar mecanismos de protección de la población migrante, promover las vías migratorias regulares e incentivar el diálogo con más países de la región para enfrentar el desafío en la materia están entre los compromisos a los que llegaron Colombia, Panamá y Estados Unidos en la reunión del mecanismo tripartito para estos asuntos que tuvo lugar este lunes en Cartagena (Colombia).
La cita se dio luego de que Panamá y Estados Unidos pusieran en marcha el 1.° de julio un acuerdo para deportar o repatriar a los migrantes que atraviesen el Darién a bordo de vuelos financiados por el país norteamericano.
En máximo tres meses (90 días) las autoridades migratorias de estos países deben sostener una reunión técnica para elaborar y presentar “un cronograma y plan de ejecución con actividades que construyan sobre el avance que han hecho los tres países con acciones concretas”, reza la declaración conjunta que quedó tras el encuentro de las últimas horas.
En el documento, en el que resaltan el enfoque de “responsabilidad compartida” en la gestión migratoria, los tres países reconocieron el rol que tienen las redes de trata y tráfico de migrantes en la realidad migratoria, por lo que se comprometieron a “fortalecer la cooperación para desarticularlas”.
Según la cartera, hubo consenso en la implementación “de un plan de trabajo con acciones concretas y realistas que fortalezcan la presencia estatal de Colombia y Panamá en su frontera común. Así mismo, se comprometieron a mejorar los mecanismos de control y regulación, el intercambio de información y la verificación de identidad”.
De acuerdo con datos de Panamá, 231.089 personas, la mayoría de nacionalidad venezolana, han atravesado la selva del Darién este año, mientras que en 2023 fueron más de 520.000, una cifra récord, por lo que el país ha cercado casi cinco kilómetros de frontera con vallas de alambre de púas para desincentivar el paso.
Esto ha sido calificado por expertos y organizaciones de derechos humanos como una medida ineficiente que pone en riesgo a la población migrante, cuya vulnerabilidad es aprovechada por las redes de tráfico de migrantes.
Asimismo, los países destacaron la necesidad de “mejorar la asistencia humanitaria a las poblaciones migrantes y buscar mecanismos de protección para grupos vulnerables, contemplando opciones humanitarias”.
A través de un comunicado, la Cancillería detalló que los tres países involucrados resaltaron en esta reunión “que los flujos migratorios irregulares que transitan por la frontera entre Colombia y Panamá son de alcance continental y extracontinental, involucrando a personas de más de 90 nacionalidades, algunas de las cuales ingresan a la región a través de terceros países”.
Por lo anterior, se hizo énfasis en el compromiso de “fomentar el diálogo con otros países de la región para aumentar las alternativas seguras de migración.”
También se hizo mención a “la importancia de proteger los ecosistemas estratégicos y comunidades locales asentadas en su frontera común”, entre Colombia y Panamá. “En tal sentido, los Estados Unidos se comprometen con fortalecer la cooperación para el desarrollo de dichas comunidades”.
Colombia, por su parte, subrayó medidas adoptadas en el país, como las Oficinas de Movilidad Segura, a través de las cuales ciudadanos venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses pueden iniciar procesos migratorios regulares hacia Estados Unidos.
Asimismo, medidas recientes, como la del PEP Tutor, dirigido a los acudientes de menores de edad (regularizados en el país) que se quedaron por fuera del Estatuto Temporal de Protección (ETPV), a través del cual se apuntó a regularizar a casi 2,5 millones de personas del vecino país.
Dicha medida, no obstante, ha sido criticada por distintos expertos, organizaciones y representantes de la población migrante que consideran que un nuevo mecanismo puede crear confusión e inseguridad jurídica, frente a un mecanismo de amplio reconocimiento nacional e internacional, como lo ha sido el ETPV, cuyo plazo de adopción ya terminó.
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