Colombiano admirador de Bukele fue arrestado en El Salvador solo por tener tatuajes
En El Salvador, las autoridades han visto los tatuajes como una marca distintiva de los pandilleros. Eso los ha llevado a capturar personas inocentes en muchos casos documentados.
José Antonio Potes Cáez, oriundo del Valle del Cauca, es solo uno de los muchos colombianos que han demostrado admiración por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y sus controvertidas políticas de seguridad; las mismas estrategias que, según diferentes organizaciones como Amnistía Internacional, van en contra de los derechos humanos, pues a costa de ellas se le han retirado a los ciudadanos muchos derechos y garantías.
Encantado por esa estrategia de “mano firme”, Potes viajó al país centroamericano este año en búsqueda de mejores condiciones, pero con lo que se encontró fue con la realidad de las rígidas condiciones que en un momento aplaudió. El colombiano, de 27 años, hoy está en prisión e incomunicado de su familia. Fue detenido, según sus familiares, por tener un tatuaje en su pecho.
En El Salvador, las autoridades policiales ven los tatuajes como una marca distintiva de los pandilleros. De hecho, algunos expandilleros que ya pagaron sus delitos en cárceles estadounidenses han dicho que ahora se están quemando el cuerpo para tratar de ocultar sus tatuajes, pues el régimen de seguridad persigue sin descanso a cualquiera que parezca tener indicios de pertenecer a una pandilla. Y como debido al estado de excepción de Bukele no hay el debido proceso contra los detenidos, es difícil explicar que ya cumplieron sus penas o que no pertenecen a una mara, como se les dice a las pandillas en El Salvador. Este último fue el caso de Potes Cáez.
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El colombiano lleva el nombre de su abuela tatuado en el pecho, según su familia. Junto a este está la fecha de nacimiento y fallecimiento de ella. No tiene nada que ver con las pandillas, según su pareja, quien ve absurdo que se le relacione con las maras. Cabe destacar que Potes no tiene antecedentes judiciales en Colombia. Sin embargo, ante las autoridades salvadoreñas, el tatuaje sería la prueba que lo relaciona con los pandilleros, según su familia, hoy preocupada por su estado.
“Por ese régimen (el de Bukele) no me lo dejan ver”, dice Eliana Potes Cáez, madre del joven colombiano, en entrevista con Canal Uno.
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El de Potes Cáez no es el único caso. Hace un año, precisamente en abril de 2022, Jonathan Francisco Henríquez Serrano, un atleta salvadoreño, fue detenido por policías que lo acusaron de pertenecer a una pandilla. ¿La prueba? Dos tatuajes, uno con el nombre de su madre y otro de una pesa, por el deporte que practica.
Como señala Israel Navarro, periodista del diario Milenio de México, los tatuajes se han convertido en “un boleto para ir a la cárcel en El Salvador”. La organización de derechos humanos Human Rights Watch ha dicho, además, que “algunas personas detenidas han sido torturadas, decenas han muerto bajo custodia y miles han sido sometidos a procedimientos penales abusivos sin debido proceso y han permanecido incomunicadas”.
“Las autoridades han provocado un enorme sufrimiento a los familiares de los detenidos al negarles información sobre sus paraderos, lo cual constituye una desaparición forzada conforme al derecho internacional”, señala HRW.
El de Potes Cáez se suma a la lista de casos que alimentan las críticas a la estrategia de seguridad de Bukele por la falta de garantías durante los arrestos. Como señaló Duncan Tucker, periodista de El País, “aniquilar los derechos humanos no es la respuesta al problema de las pandillas”.
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En El Salvador, las autoridades policiales ven los tatuajes como una marca distintiva de los pandilleros. De hecho, algunos expandilleros que ya pagaron sus delitos en cárceles estadounidenses han dicho que ahora se están quemando el cuerpo para tratar de ocultar sus tatuajes, pues el régimen de seguridad persigue sin descanso a cualquiera que parezca tener indicios de pertenecer a una pandilla. Y como debido al estado de excepción de Bukele no hay el debido proceso contra los detenidos, es difícil explicar que ya cumplieron sus penas o que no pertenecen a una mara, como se les dice a las pandillas en El Salvador. Este último fue el caso de Potes Cáez.
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Como señala Israel Navarro, periodista del diario Milenio de México, los tatuajes se han convertido en “un boleto para ir a la cárcel en El Salvador”. La organización de derechos humanos Human Rights Watch ha dicho, además, que “algunas personas detenidas han sido torturadas, decenas han muerto bajo custodia y miles han sido sometidos a procedimientos penales abusivos sin debido proceso y han permanecido incomunicadas”.
“Las autoridades han provocado un enorme sufrimiento a los familiares de los detenidos al negarles información sobre sus paraderos, lo cual constituye una desaparición forzada conforme al derecho internacional”, señala HRW.
El de Potes Cáez se suma a la lista de casos que alimentan las críticas a la estrategia de seguridad de Bukele por la falta de garantías durante los arrestos. Como señaló Duncan Tucker, periodista de El País, “aniquilar los derechos humanos no es la respuesta al problema de las pandillas”.
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