La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori se sienta en el banquillo desde este lunes en la apertura del juicio por lavado de activos dentro del escándalo Odebrecht, por el que podría recibir una condena de hasta 30 años de prisión.
Durante los últimos seis años, el equipo especial de fiscales “Lava Jato” investigó a la hija del anciano expresidente Alberto Fujimori, quien fue indultado en diciembre de 2023 cuando cumplía una pena por violaciones de derechos humanos.
El juicio oral contra Keiko Fujimori se instaló a las 9:00 (hora de Colombia) en un tribunal de Lima, pero el proceso —en el que están citados unos 1.500 testigos— podría tardar más de un año.
El poder Judicial dispuso que Fujimori esté presente en la audiencia de instalación. La fiscalía peruana concluyó que Fujimori financió sus campañas de 2011 y 2016 con dinero de Odebrecht, que no declaró.
Según la fiscalía, la constructora brasileña le entregó 1,2 millones de dólares a Fujimori, dentro del esquema de sobornos que montó alrededor de América Latina a cambio de contratos.
Fujimori, de 49 años y líder de Fuerza Popular, el principal partido de derecha de Perú, siempre ha defendido su inocencia.
Madre de dos adolescentes y todavía con aspiraciones presidenciales, Fujimori ha estado dos veces en prisión preventiva, 16 meses en total, por esta causa.
La trama del escándalo de corrupción de Odebrecht en Perú ha salpicado también a cuatro expresidentes del país, entre 2001 y 2016.
“Absolución”
Keiko Fujimori está imputada por lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia, falsedad y declaración falsa en un procedimiento administrativo.
Aunque para la época estaban permitidos los aportes a las campañas de empresas extranjeras, la fiscalía procesó a la política peruana por no haber declarado el ingreso de dinero de Odebrecht.
En la misma causa hay otros 45 acusados, entre ellos su exesposo, el italoestadounidense Mark Vito, y exdirigentes de la cúpula del partido fujimorista.
La magistrada Nayko Coronado preside el Tercer Juzgado Penal de la Corte Superior Nacional, que decidirá la culpabilidad o inocencia de la hija mayor del clan Fujimori.
Si es hallada culpable y el juicio concluye antes de 2026, Keiko Fujimori no podrá postular a las elecciones de ese año.
“Este caso no tiene futuro jurídico, va a terminar en una absolución”, aseguró Giulliana Loza, abogada de Fujimori, en declaraciones al canal de televisión Latina.
La defensa alega que el dinero por el que pretenden sancionar a Fujimori es de origen lícito, por lo que “no es lavado de activos”, según Loza.
La fiscalía pide 30 años y 10 meses de prisión para la tres veces excandidata a la presidencia peruana.
Cuatro expresidentes investigados
Exjefes de Odebrecht dijeron haber repartido millones de dólares a políticos peruanos, entre ellos Fujimori y cuatro expresidentes: Pedro Pablo Kuczynski (2018-2016), Ollanta Humala (2011-2016), Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y Alejandro Toledo (2001-2006).
Cuando iba a ser detenido dentro de las investigaciones, el expresidente García se suicidó con un arma de fuego.
Con instituciones débiles y partidos políticos en crisis, Perú es el país más golpeado por el escándalo de Odebrecht, después de Brasil.
Actualmente, el sistema judicial peruano procesa en paralelo a los expresidentes Humala y Toledo.
El fiscal del caso había pedido en 2020 que Fuerza Popular fuese proscrito como partido político, alegando que se trataba de una “organización criminal”.
La justicia lo rechazó, lo que le permitió competir en las últimas elecciones generales de 2021 y ganar 24 escaños en el Congreso de un total de 130.
El fujimorismo es la principal fuerza en el fragmentado Congreso, que controla junto a otras agrupaciones de derecha.
El partido de Keiko Fujimori se ha opuesto a los pedidos de la oposición para que la presidenta Dina Boluarte sea sometida a juicios de destitución.
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