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La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Brasil recomendó este miércoles imputar al presidente Jair Bolsonaro por diez delitos tras su gestión en el manejo de la pandemia, entre ellos “crímenes contra la humanidad”, según el informe publicado por la prensa poco antes de su lectura.
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El relator de la CPI concluyó que el gobierno federal expuso deliberadamente a la población al riesgo concreto de infección en masa, por lo que pidió la inculpación de Bolsonaro, y de otras 67 personas, incluyendo varios ministros y exministros, y tres de los hijos del mandatario.
La versión final del documento, publicada por el medio local Bem Paraná, propone que se responsabilice al mandatario de delitos como infracción de medida sanitaria preventiva, curanderismo, incitación al delito, falsificación de documento privado, empleo irregular de fondos públicos, crimen, y crímenes de lesa humanidad en forma de exterminio, persecución y otros actos inhumanos, entre otros.
Y aunque la CPI no tiene el poder de hacer denuncias formales, el informe, con testimonios conmovedores y revelaciones impactantes -como el uso de pacientes como “cobayas humanas” para probar medicamentos ineficaces contra el coronavirus-, será enviado a diferentes órganos que pueden proseguir las investigaciones y formular cargos, como la Fiscalía General o una corte internacional.
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El martes por la noche, se anunció que se responsabilizaría al mandatario de cargos como crímenes contra la humanidad, epidemia, y prevaricación, pero que se retiraban los de “homicidio” y “genocidio de poblaciones indígenas” por desacuerdos en el seno de la comisión.
Las acusaciones
Además del atraso en la compra de vacunas, “se comprobó la existencia de un gabinete paralelo (que asesoraba al gobierno), la intención de inmunizar la población mediante el contagio natural, se dio prioridad a un tratamiento precoz sin amparo científico y se desestimularon las medidas no farmacológicas”, como uso de mascarilla y distanciamiento, añade en sus conclusiones el senador opositor Renan Calheiros, responsable de la elaboración del informe.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, Bolsonaro minimizó la pandemia y defendió medicamentos sin eficacia, como la hidroxicloroquina. Más de un año después de haber contraído el virus, asegura que no se vacunará. El senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente y que está entre los acusados de difundir informaciones falsas sobre la pandemia, aseguró que se trata de un informe “político”.
“Es un instrumento de venganza contra Bolsonaro y su familia. Ni mis hermanos ni yo cometimos ningún delito, mucho menos el presidente de la República”, defendió poco antes de la reunión de la comisión.
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El resumen del informe final será leído este miércoles y votado por la comisión de once miembros la próxima semana, cuando se espera que sea aprobado con pocas modificaciones.
Impacto simbólico
Aunque el informe final de la CPI podría traerle consecuencias políticas y judiciales graves, analistas coinciden en que su impacto a corto plazo será simbólico, porque Bolsonaro aún tiene apoyo suficiente en el Congreso para evitar un ‘impeachment’ y ven poco probable que el fiscal general resuelva imputarlo.
La popularidad de Bolsonaro se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió la presidencia, y las encuestas para 2022 lo muestran detrás del expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Tras meses de interrogatorios a ministros, funcionarios de gobierno, directores de hospitales y empresarios, la CPI culminó sus sesiones esta semana en un tono más humano al oír a familiares de víctimas del coronavirus.
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“Merecemos un pedido de disculpas por parte de la máxima autoridad del país. No es una cuestión de política, estamos hablando de vidas”, dijo entre lágrimas el taxista Márcio Silva, que perdió a su hijo de 25 años.
“Castigar a los responsables”
En un principio, la comisión revisó las responsabilidades por los pacientes muertos en Manaos por falta de oxígeno, pero luego se adentró en irregularidades como la demora del gobierno para comprar vacunas, o la existencia de un “gabinete paralelo” de médicos y empresarios defensores de medicamentos sin eficacia comprobada que asesoraba al mandatario.
En el camino fueron identificadas nuevas tramas, entre ellas supuestas irregularidades en la compra -no realizada- de la vacuna india Covaxin, que le valió a Bolsonaro una investigación judicial por “prevaricación” al no haber denunciado el caso, del que teóricamente estaba enterado, ante la Policía Federal. O las conexiones entre el gobierno y las operadoras privadas de salud en la promoción de medicamentos ineficaces para el “tratamiento precoz” del coronavirus.
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Una de ellas es Prevent Senior, una operadora de salud para la tercera edad señalada de aplicar tratamientos experimentales sin consentimiento de los pacientes y de maquillar el número de muertos por coronavirus, un escándalo que ha impactado el país.