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Cada año se fabrica la munición suficiente para matar a todos los seres humanos del planeta con, por lo menos, dos tiros. A esto se suman 8 millones de armas producidas anualmente que, en su basta mayoría, están en manos de civiles. Así lo estima la Small Arms Survey, un centro de estudios dedicado a la formulación de políticas públicas sobre armas de fuego.
América, pese a ser una región del mundo donde no hay guerras entre países, es el continente con la tasa de homicidios más grande. Aunque en América está el 13 % de la población mundial, para 2017 se registraron aquí el 37 % de los homicidios, según un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito. La vasta mayoría de estos crímenes ocurrieron con armas de fuego. Si bien no se dispone de la misma estadística actualizada a la fecha, el portal especializado en crimen InSight Crime identificó que para 2021 la mayoría de los países de la región experimentaron un acentuado aumento en los asesinatos.
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Este panorama pareciera paradójico si se observa que la generalidad de la legislación sobre posesión (tener armas en el domicilio) y porte (llevar armas fuera de casa) en el continente es mayoritariamente restrictiva.
¿Cómo es la legislación en materia de armas en la región?
La legislación sobre la posesión y el porte de armas se suele clasificar entre ‘restrictiva’ y ‘permisiva’. En los casos de legislación restrictiva, la persona interesada en adquirir un arma debe cumplir una serie de requisitos estrictos que lo dificultan. Por otro lado, en las legislaciones permisivas, tener un arma se considera un derecho y la ley establece casos puntuales en los que este se restringe. En América solo Estados Unidos y Honduras poseen legislaciones consideradas permisivas. De resto, las leyes de armas en todos los demás países se consideran restrictivas.
Pero cada caso es diferente y no todas las restricciones son iguales. En México, Guatemala y Haití, tener armas se considera un derecho. Sin embargo, las instituciones reguladoras exigen tal cantidad de requisitos que la ley acaba siendo restrictiva. Puerto Rico se rige por la constitución estadounidense la cual, según establece en su Segunda Enmienda, considera también el porte de armas como un derecho. Pero en ese Estado la regulación sobre las armas también ha resultado en restricciones efectivas. En los demás países, el porte de armas no es un derecho. Está prohibido y la ley, en cambio, establece las excepciones en que las armas se pueden portar.
Los requisitos suelen incluir exámenes psicofísicos y pruebas balísticas. En algunos casos, se exige la renovación regular de las licencias y se establecen cantidades máximas de armas que se pueden portar.
“Más crimen si hay más armas en circulación”
En los Estados Unidos se puede comprar fácilmente un arma en un supermercado. La causa de los cada vez más frecuentes tiroteos masivos se atribuye al fácil acceso. Pero los Estados Unidos poseen una tasa de muertes con armas de fuego menor que muchos países de América con legislaciones más estrictas.
La tesis de que entre más armas de fuego se posean habrá mayor seguridad es defendida por los miembros de la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos y parece haberse expandido por la región. El mismo argumento se ha empleado para defender en distintos países proyectos para la desregularización del porte de armas. Sin embargo, la evidencia empírica indica lo contrario.
Datos extraídos del Small Arms Survey permiten identificar que, entre más armas circulen, más crímenes se cometerán con ellas. Para el brasilero Leonardo Bandarra, Ph. D. en ciencias políticas e investigador en desarme internacional, esto se explica con que es más difícil garantizar que quienes portan y poseen armas tengan la preparación técnica suficiente o las aptitudes psicológicas cuando estas abundan. “la probabilidad de un mal uso de las armas es mayor que la de un uso efectivo cuando no hay una preparación específica”, afirma Bandarra.
“En Brasil, por ejemplo, hay casos similares a los de Estados Unidos: recientemente una persona armada estaba en su conjunto residencial y asesinó a otra. No distinguió a su vecino, que era negro, y le disparó”. Para Bandarra, el discurso que defiende a ultranza que el porte de armas es un derecho, “es más ideológico que basado en datos”.
El problema es el desvío de armas
No obstante, la conclusión no es que se deban prohibir las armas. Cuando se le preguntó, Alirio Barrera, senador electo del partido Centro Democrático, que ha abogado por la desregularización del porte de armas en Colombia, dijo que en los contextos rurales como el del Casanare, del que él proviene, se justifica andar armado. Esto porque los trabajadores de estas zonas andan largas distancias de carreteras o trochas en las que son vulnerables y “el Estado no tiene capacidad de proteger a los ciudadanos”.
Al respecto, la especialista argentina en seguridad internacional y desarme, Carina Solmirano, afirma que el debate sigue abierto y se trata de pensar “en qué circunstancias una persona puede tener un arma de fuego y cuáles requisitos se exigen dependiendo del contexto”. Para la experta lo importante es “la tenencia responsable y legítima de un arma”. “No es necesario esperar que haya un único modelo de legislación, sino que este exista, se cumpla y se adapte a las condiciones de cada país”, asegura Solmirano.
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De acuerdo con la Small Arms Survey, más de la mitad de las armas que circulan en la región no están registradas, lo que a menudo representa riesgo de ilegalidad. En Estados Unidos el dato es abrumador: mientras 1.073.743 armas son registradas, 392.273.257 no lo son. “Esto ocurre porque una persona dejó de renovar el salvoconducto, o recibió el arma heredada de un familiar o bien porque la adquirió en el mercado ilegal”, afirma Carina Solmirano. El reto, según la experta, es evitar que las armas, que comenzaron siendo legales, se desvíen y circulen en el contrabando.
En sentido estricto, la mayoría de las leyes obligan, cada cierto tiempo, a renovar los salvoconductos. Algunas, incluso, implican demostrar que las armas se almacenan en lugares adecuados. Pero el problema es que no todos los estados están igualmente comprometidos con la aplicación de esas leyes. Solmirano coincide con Leonardo Bandarra en que la región está bien en materia de leyes, pero hay distintos controles y niveles de implementación en la política pública.
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