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Más de 40.000 cédulas de ciudadanos colombovenezolanos han sido canceladas en las últimas semanas por la Registraduría Nacional. La razón es que los documentos fueron expedidos de “manera irregular, porque no se presentaron en debida forma y como establece la ley”, dice Rodrigo Pérez, director de Registro Civil, según ha dicho en medios de comunicación.
Sin embargo, muchos de los ciudadanos cuyas cédulas fueron canceladas dicen que fueron obtenidas legalmente, siguiendo los procedimientos establecidos por la Registraduría. Asimismo, sostienen que, pese a que la Registraduría sí notificó a algunas personas sobre la posible cancelación de sus cédulas y les solicitó que se acercaran a sus oficinas, a otras nunca les fue comunicada la decisión y se encontraron de repente sin este documento.
Una cédula cancelada, muchas personas afectadas
Gabriela Arenas es la fundadora de la organización sin ánimo de lucro TAAP (Taller de Aprendizaje para las Artes y el Pensamiento), que funciona en el país desde hace quince años y “se encarga de temas de construcción de paz y protección de derechos de las poblaciones vulnerables”, asegura esta colombovenezolana de 41 años.
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No tener una cédula la ha afectado. “No solamente tengo una cantidad de empleados colombianos y venezolanos importante, sino que además tengo programas que benefician a más de tres millones de personas en Colombia, que incluyen a colombianos y venezolanos”. Según ella, sin su cédula, estos programas están en riesgo.
La pérdida del documento ha causado que no pueda realizar ningún tipo de pago; al ser la representante legal no puede consignarles a sus empleados ni a sus proveedores. A su vez, ha tenido que cancelar viajes de trabajo y no ha podido firmar nuevos acuerdos que beneficiarían a la población que su fundación asiste en 25 departamentos del país.
En agosto pasado, cuenta, la Registraduría Nacional le notificó a Gabriela sobre la irregularidad de su cédula y le solicitó que se acercara a una oficina con todos sus documentos. Allí, según informa, le dijeron que todo había sido solucionado y recibiría un correo. Sin embargo, Gabriela sostiene que nunca recibió nada, hasta hace dos semanas, cuando se enteró de que estaba sin cédula. Señala que la Registraduría le indicó que debía presentar un recurso para revocar esta decisión y esperar diez días hábiles para conocer la resolución de su caso.
Ella señala, además, que a partir de una entrevista que el director de Registro Civil dio a NTN24 se generó la expectativa de que casos como el de ella se podrían empezar a resolver en dos días o menos. Transcurrido ese lapso, se acercó a la Registraduría, en donde le indicaron que “estaban correctos mis documentos, pero que aún falta actualizar el estatus en el sistema”.
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¿Detenida por un error?
Neyla Ríos es una profesora colombovenezolana de Educación Física. Tiene 32 años y está radicada en Chile, mientras termina su maestría. Según cuenta, nunca le notificaron que su cédula tenía algún tipo de inconveniente.
Se enteró de que fue cancelada el sábado 5 de febrero en el Aeropuerto El Dorado, cuando estaba “en el punto de control de migración. El funcionario me explicó que la cédula ha sido cancelada por la Registraduría, que el proceder de ellos en ese momento es entregarme a la Policía, para que me lleven a una URI y me judicialicen”. Dice que la condujeron a una estación de Policía, en donde estuvo esposada. Permaneció allí hasta las tres de la tarde del domingo, hasta que la Fiscalía permitió que saliera libre.
Relata que la Registraduría explicó que su cédula fue cancelada porque la firma del testigo o declarante era errónea; fue Neyla quien firmó como testigo. Sin embargo, asegura que en la notaría donde realizó el proceso “dicen que para el año 2015 era válido que yo firmara como venezolana y con mi número de cédula”.
Neyla decidió interponer una tutela, puesto que considera que la Registraduría le violó el derecho al debido proceso y, según su abogado, esta es la forma más rápida para resolver su caso. “Con la pérdida de mi cédula y de mi pasaporte colombiano yo puedo perder mi trabajo en Chile, si no retorno cuando se me acaben las vacaciones”. También, si no regresa en 180 días, su visa será cancelada, lo que pondría en riesgo la vida que construyó en otro país.
Una entre miles
A Francine Howard, a quien entrevistamos el 4 de febrero, le restablecieron su cédula el mismo día en que fue publicada la conversación con El Espectador. Ante esto explicó: “Hoy se resuelve mi caso, pero hay miles de personas que siguen en la misma situación. Ya hemos recibido tres mil casos. La intención es que la Registraduría responda de una manera efectiva, porque cada día que pasa es un día en que se están afectando familias y ocasionando problemas en su entorno”.
Como Francine, en Colombia se estima que el 40 % de los migrantes venezolanos tienen la doble nacionalidad, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Es decir, más de 700.000 personas. Sin embargo, se calcula que el 56 % de los ciudadanos venezolanos en Colombia no han regularizado su estado migratorio. Por medio del Estatuto Temporal de Protección que ha puesto en marcha el Gobierno se busca que cientos de miles de personas más puedan poner en orden su situación.
Para este artículo, buscamos a un vocero de la Registraduría, pero no fue posible. Sin embargo, en medios de comunicación la entidad ha hecho un llamado para que las personas afectadas realicen de nuevo los trámites para que puedan cumplir con los requisitos y obtener sus documentos de identidad.
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