México: Congreso aprueba el “Plan B”, nueva reforma electoral que divide opiniones
Dentro de los cambios aprobados por los legisladores está la reducción del presupuesto y tamaño del Instituto Nacional Electoral, entidad encargada de organizar elecciones.
El Senado de México aprobó este miércoles el llamado “Plan B” de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que modifica varias leyes en materia electoral. Este nuevo paquete de cambios es para el New York Times “una serie de acciones […] para socavar las frágiles instituciones del país” y una “parte de los desafíos a las normas democráticas en todo el hemisferio occidental”.
Luego de haberse aprobado en la Cámara Baja hace unos meses, el proyecto recibió una aprobación de 72 votos a favor y 50 en contra de parte de los legisladores mexicanos.
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El nuevo cambio que tendrá el órgano electoral en México ha sido defendido por López Obrador como necesario. Sin embargo, desde partidos de oposición se señala que esta nueva acción de Obrador es una nueva estocada contra la independencia de poderes y la estabilidad de las instituciones del país.
A través de sus declaraciones, el mandatario mexicano ha acusado al INE de ser “oneroso” y haber tolerado fraudes en el pasado.
¿En qué consiste la reforma?
La normativa reduce la nómina y el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), que organiza los comicios. Ante esto, la oposición considera que esos recortes afectarán la autonomía del organismo, que también verá limitadas sus facultades para castigar a los políticos por infracciones electorales, por ejemplo, en lo relativo a la propaganda gubernamental.
El dictamen contempla modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica y del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
“Es una locura esa reforma que quieren impulsar, […] viola el régimen democrático, trastoca fechas e instrumentan que no haya nadie quien sancione a los servidores públicos que pueden hacer campaña como la difusión de obras, rompen la equidad y la transparencia”, argumentó Alejandro Moreno Cárdenas, legislador opositor.
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El proyecto suprime funciones de áreas administrativas del INE y reduce de 300 oficinas distritales a 264. Además, baja el presupuesto que se le otorga al máximo órgano electoral del país.
Cambios Legislativos
En un primer momento, López Obrador propuso un proyecto en el cual buscaba cerrar el INE y sustituirlo por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Además, el presidente insistió en una cláusula de “vida eterna”, la cual señalaba que los partidos grandes podían traspasar parte de sus votos a los partidos chicos que tuvieran en su alianza o coalición para que conservaran el registro como partido político.
Sin embargo, dicha cláusula fue excluida del dictamen por considerar que los votos no deben convertirse en “mercancía política”.
El proyecto fue considerado como “el peor retroceso democrático de la historia de México”, según indicó Miguel Ángel Osorio, otro congresista de la oposición.
También por primera vez se reconoce que los migrantes mexicanos o los residentes mexicanos que se encuentran en el extranjero van a poder votar por internet.
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Además, establece las bases para el voto electrónico y por primera vez se suprime o se prohíbe que se hagan uso de instrumentos como los monederos electrónicos, como las tarjetas de prepago, que servían para coaccionar y para comprar el voto en la jornada electoral.
Otra disposición es que los partidos estarán obligados a garantizar candidaturas a grupos diversos, como jóvenes, indígenas, afromexicanos, migrantes, personas LGBT y personas con discapacidad.
La bancada opositora anunció que demandará el articulado ante la Suprema Corte de Justicia, al considerar además que daría ventajas al gobierno izquierdista en las elecciones generales previstas para mediados de 2024.
Para ello cuenta con 30 días, aunque de hecho el tribunal ya había ordenado suspender la aplicación de otras reformas electorales, previamente aprobadas por el bloque oficialista, en los dos próximos comicios estatales, a celebrarse este año.
Esta reforma “atenta contra la democracia y es el camino hacia el autoritarismo [...]. Es en la Corte donde se resolverá este atropello histórico a nuestra Constitución”, advirtió Josefina Vázquez Mota, senadora y excandidata presidencial.
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El Senado de México aprobó este miércoles el llamado “Plan B” de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que modifica varias leyes en materia electoral. Este nuevo paquete de cambios es para el New York Times “una serie de acciones […] para socavar las frágiles instituciones del país” y una “parte de los desafíos a las normas democráticas en todo el hemisferio occidental”.
Luego de haberse aprobado en la Cámara Baja hace unos meses, el proyecto recibió una aprobación de 72 votos a favor y 50 en contra de parte de los legisladores mexicanos.
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El nuevo cambio que tendrá el órgano electoral en México ha sido defendido por López Obrador como necesario. Sin embargo, desde partidos de oposición se señala que esta nueva acción de Obrador es una nueva estocada contra la independencia de poderes y la estabilidad de las instituciones del país.
A través de sus declaraciones, el mandatario mexicano ha acusado al INE de ser “oneroso” y haber tolerado fraudes en el pasado.
¿En qué consiste la reforma?
La normativa reduce la nómina y el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), que organiza los comicios. Ante esto, la oposición considera que esos recortes afectarán la autonomía del organismo, que también verá limitadas sus facultades para castigar a los políticos por infracciones electorales, por ejemplo, en lo relativo a la propaganda gubernamental.
El dictamen contempla modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica y del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
“Es una locura esa reforma que quieren impulsar, […] viola el régimen democrático, trastoca fechas e instrumentan que no haya nadie quien sancione a los servidores públicos que pueden hacer campaña como la difusión de obras, rompen la equidad y la transparencia”, argumentó Alejandro Moreno Cárdenas, legislador opositor.
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Cambios Legislativos
En un primer momento, López Obrador propuso un proyecto en el cual buscaba cerrar el INE y sustituirlo por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Además, el presidente insistió en una cláusula de “vida eterna”, la cual señalaba que los partidos grandes podían traspasar parte de sus votos a los partidos chicos que tuvieran en su alianza o coalición para que conservaran el registro como partido político.
Sin embargo, dicha cláusula fue excluida del dictamen por considerar que los votos no deben convertirse en “mercancía política”.
El proyecto fue considerado como “el peor retroceso democrático de la historia de México”, según indicó Miguel Ángel Osorio, otro congresista de la oposición.
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Además, establece las bases para el voto electrónico y por primera vez se suprime o se prohíbe que se hagan uso de instrumentos como los monederos electrónicos, como las tarjetas de prepago, que servían para coaccionar y para comprar el voto en la jornada electoral.
Otra disposición es que los partidos estarán obligados a garantizar candidaturas a grupos diversos, como jóvenes, indígenas, afromexicanos, migrantes, personas LGBT y personas con discapacidad.
La bancada opositora anunció que demandará el articulado ante la Suprema Corte de Justicia, al considerar además que daría ventajas al gobierno izquierdista en las elecciones generales previstas para mediados de 2024.
Para ello cuenta con 30 días, aunque de hecho el tribunal ya había ordenado suspender la aplicación de otras reformas electorales, previamente aprobadas por el bloque oficialista, en los dos próximos comicios estatales, a celebrarse este año.
Esta reforma “atenta contra la democracia y es el camino hacia el autoritarismo [...]. Es en la Corte donde se resolverá este atropello histórico a nuestra Constitución”, advirtió Josefina Vázquez Mota, senadora y excandidata presidencial.
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