La derecha chilena impuso la mayoría con la que cuenta en el órgano que redacta una nueva Constitución y aprobó artículos que ponen en peligro la ley de aborto vigente y libera de impuestos a la viviendas de los sectores más ricos del país.
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En la primera semana de votaciones en el Consejo Constitucional, de 51 integrantes, la derecha y la extrema derecha se alinearon y dieron su visto bueno a normas controvertidas como aquella que establece que “la ley protege la vida que está por nacer”.
Los consejeros y congresistas de izquierda y centro, de las alianzas que apoyan al gobierno del presidente Gabriel Boric, consideran que ese artículo podría sepultar la ley de aborto en tres causales, vigente desde 2017 en caso de que la gestación suponga un peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación.
Chile se encuentra inmerso en un segundo proceso constitucional para reemplazar la Constitución impuesta en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El primer esfuerzo, donde la izquierda contaba con mayoría, terminó en septiembre de 2022 con el rechazo del 61% de los electores.
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Los 22 consejeros del Partido Republicano (extrema derecha) más la mayoría de los 11 de la coalición de derecha, aprobaron también la “libertad de elección” en temas como salud, educación y pensiones. La razón para impulsar esa medida, según el consejero republicano Luis Silva, es “limitar al Estado para evitar que se transforme en la mayor amenaza de la persona”.
Desde la izquierda consideran que eso atenta contra el estado social de derecho establecido en las bases de este proceso constitucional y que fue una de las principales demandas de las protestas sociales de 2019 que abrieron la puerta al cambio de Carta Magna.
“Excluir la solidaridad es pensar en un país donde cada uno se salva solo, un país que va perdiendo progresivamente su cohesión social”, afirmó Yerko Ljubetic, consejero oficialista.
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La noche del jueves, se aprobó la norma que exime del pago de impuestos a la “primera vivienda”, es decir, donde vive el dueño de la propiedad, independiente del tamaño, sector o valor. De hecho, esta norma no tendría efectos en las viviendas más pequeñas y ubicadas en barrios pobres porque ya están liberadas de pago.
Las nuevas normas que sean aprobadas en el Consejo Constitucional deben ser revisadas por otros dos órganos antes que el 7 de noviembre el proyecto constitucional quede listo y pueda ser votado en un nuevo plebiscito, el 17 de diciembre.
Las encuestas más recientes auguran un nuevo triunfo de la opción rechazo: 57% de los consultados dice que votará en contra de la propuesta, según un sondeo de la firma Cadem, dada a conocer la semana pasada.
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