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La reciente actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela por parte de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michel Bachelet, ha puesto de relieve, una vez más, la crítica situación que viven los venezolanos, cuyos derechos más básicos a la vida, a la alimentación, a la salud o a las libertades y garantías democráticas, están siendo vulnerados en medio de lo que la propia funcionaria denominó como una crisis humanitaria compleja en su primer informe sobre el país que dio a conocer en julio de 2019.
En su última comparecencia ante la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el pasado 11 de marzo, Bachelet comenzó relatando que su oficina continúa recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad y, en concreto, se refirió a la muerte de al menos 14 personas durante una operación policial en el barrio caraqueño de La Vega a comienzos de enero de 2021.
Al respecto, pidió que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a estas prácticas y recordó los anuncios hechos sobre la necesidad de acometer reformas policiales. Sin embargo, nada de estos se ha realizado y, muy por el contrario, el gobierno de Nicolás Maduro se ha hecho de los oídos sordos ante las exigencias de la propia Bachelet en anteriores informes para que sean desmanteladas las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo de élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), responsabilizado por diversas organizaciones nacionales e internacionales de llevar a cabo las ejecuciones extrajudiciales en los barrios pobres de las principales ciudades del país.
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Al menos 2.853 personas fueron asesinadas por los diferentes cuerpos armados del Estado venezolano en 2020, según denunció el 9 de marzo de 2021 la organización venezolana defensora de los derechos humanos Provea, que señaló que muchas de estas muertes se han dado en el marco de “falsos enfrentamientos”, conocidos en América Latina “como falsos positivos”.
La PNB y las FAES fueron señaladas como responsables el año pasado de 672 de estos asesinatos (23,55%); seguidas por policías departamentales, con 721 presuntas ejecuciones (25,71%); el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) – el CTI de la Fiscalía en Colombia-, con 593 casos (17,52%); y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), mayormente a través de su Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con 359 (12,60%). Los muertos ascienden a varios miles más si se suman las víctimas de años anteriores.
Servicios básicos por el suelo
Bachelet también indicó en su más reciente reporte que desde septiembre de 2020 se ha reducido el acceso a los servicios básicos, como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, todo agudizado por los efectos de la pandemia, lo que ha agravado la ya crítica situación humanitaria venezolana. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU también dejó constancia de que el salario medio estaría por debajo de 1 dólar estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos aumentó 1.800% en 2020. Todo ello ha llevado a que alrededor de un tercio de los venezolanos esté en situación de inseguridad alimentaria.
Esta gravísima situación la corroboran otros informes como la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019-2020 (Encovi), que realizan las principales universidades públicas y privadas de Caracas, donde entre otros resultados se recoge que la esperanza de vida para aquellos venezolanos que nacieron en el quinquenio 2015-2020 ha descendió 3,7 años, mientras que la tasa de mortalidad infantil es hoy de 26 por mil, habiendo retrocedido a los niveles de 1985-1990.
Según el referido estudio, la pobreza extrema alcanza actualmente al 79,3% de los venezolanos y la pobreza total al 92,6%. La población infantil se ha visto especialmente afectada, lo que se puede apreciar en que el 8% de los niños menores de 5 años están desnutridos (Peso/Edad) y el 30% sufre desnutrición crónica (Talla/Edad).
Migración y represión
La expresidenta chilena mencionó especialmente la muerte trágica de al menos 28 migrantes venezolanos en el mar Caribe en diciembre de 2020, lo que a su juicio es un recordatorio de las difíciles decisiones que algunos se ven forzados a tomar para escapar de esta trágica situación, así como su vulnerabilidad ante las redes de tráfico y trata de migrantes. Efectivamente, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 5.4 millones de venezolanos han abandonado su país.
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Bachelet mostró su inquietud por lo que a su juicio son crecientes signos de reducción del espacio cívico. “Desde septiembre (de 2020), mi oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares”, dijo.
La organización no gubernamental Foro Penal ha señalado que para finales de 2020 había en Venezuela 370 presos políticos y desde 2014 esta ONG ha documentado 15.646 “detenciones arbitrarias por razones políticas” en el país. En su informe de febrero de 2021, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) registró en 2020 150 acciones de censura, la suspensión de señal a 10 televisoras extranjeras y el cierre de 8 emisoras de radio en diferentes regiones de Venezuela, así como dos casos de asesinatos de periodistas y un intento de homicidio.
Bachelet hizo especial mención a la detención de cinco activistas de la ONG Azul Positivo que hoy siguen con cargos relacionados con terrorismo y blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria a enfermos de VIH, como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas. Agregó que otras organizaciones no gubernamentales también están siendo investigadas por motivos similares.
Un panorama como el descrito denota no solo una degradada situación de los derechos humanos en Venezuela, sino también la nula intención por parte de las autoridades venezolanas de rectificar el curso de estos acontecimientos en la nación suramericana. Pese a los cuidadosos modos diplomáticos adoptados por Bachelet en su informe, el gobierno de Nicolás Maduro ha respondido con un sonoro y despectivo portazo, señalando que se trata de información no verificada y ha amenazado con revisar sus relaciones con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas.
Txomin Las Heras Leizaola es investigador del proyecto “Esto no es una frontera, esto es un río” del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en colaboración con Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.