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El pasado 3 de noviembre, el Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, Karim Khan, anunció la apertura de la investigación formal por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esta histórica decisión es la primera en América Latina y se produce luego de que Khan diera por concluido el examen preliminar después de tres días de visita en ese país.
Dado que Venezuela es signataria del Estatuto de Roma que reconoce la autoridad de la CPI, este anuncio estuvo acompañado por un memorando de entendimiento firmado por Khan y el mandatario venezolano Nicolás Maduro, en el cual, bajo el principio de complementariedad, el gobierno se compromete a facilitar la investigación aun cuando exprese su desacuerdo con esta decisión.
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La apertura formal de la investigación viene a confirmar los informes emitidos por la OEA, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos respecto a la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado venezolano. Creada en 1998 mediante el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional entró en vigor en 2002. Desde entonces, esta corte ha abierto procesos contra exmandatarios como Laurent Gbagbo de Costa de Marfil y Omar al Bashir de Sudán.
En particular, entre las cuatro clases de crímenes de mayor trascendencia internacional, los de lesa humanidad son aquellos especialmente atroces cometidos sistemáticamente contra la población civil para imponer políticas de Estado. Incluyen la tortura, las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos.
En 2017, desde el exilio, la fiscal venezolana destituida por Maduro, Luisa Ortega Díaz, y el Grupo de Lima acudieron a la CPI, en razón de la cooptación institucional de la justicia venezolana. A su vez, víctimas y ONG también concurrieron y recabaron evidencia sólida sobre las múltiples ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas que permitieron abrir un proceso penal internacional en febrero de 2018. De este modo, el fiscal Khan culmina una primera fase iniciada por la anterior fiscal Fatou Bonsouda, responsable del examen preliminar de Venezuela por delitos de Estado cometidos al menos desde abril de 2017, en el marco del ciclo de protestas que entonces ocurrió.
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¿Qué consecuencias podría tener esta decisión de la CPI?
En primer lugar, la apertura de una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad da esperanza de justicia a las víctimas. Serán ellas las principales protagonistas de la investigación, donde sus testimonios serán cruciales. En segundo punto, la decisión de la CPI abre una ventana de oportunidades para Venezuela en al menos dos dimensiones: una de derechos humanos y otra más propiamente política.
En relación con la primera, si el gobierno desea evitar una condena, necesitará tomar medidas sustanciales que vayan más allá de las modificaciones cosméticas con las que pretendió engañar a la fiscalía en los últimos meses. Es importante tomar en cuenta que la CPI se rige por un principio de complementariedad que busca interactuar con las jurisdicciones nacionales.
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En casos en los que se evidencia que no hay voluntad ni circunstancias para procesar los crímenes dentro de cada país, la CPI avanza por sí sola con los procesos penales y puede, eventualmente, llevar a condenas. Esta es la razón, por ejemplo, por la que, en su viaje a América Latina, Khan decidió cerrar el caso de Colombia y proseguir con la investigación formal sobre Venezuela. A diferencia de lo que ocurre en Venezuela, la Fiscalía concluyó que “existe un compromiso del Gobierno de Colombia con las diferentes, pero interconectadas jurisdicciones que comprenden el sistema de justicia ordinario, el mecanismo de la Ley de Justicia y Paz, y la Jurisdicción Especial para la Paz, y en particular con la salvaguarda del marco legislativo y de las asignaciones presupuestarias requeridas para su implementación”.
Maduro tendría que demostrar entonces, en esta etapa que se abre, una voluntad de rectificación y reparación que conlleve, por ejemplo, la clausura de los centros clandestinos de detención, la prohibición de juzgar civiles en tribunales militares, la remoción y el procesamiento de las autoridades en los organismos perpetradores de los crímenes, incluidas la Fuerza Armada, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y los cuerpos de Inteligencia Militar. Igualmente, es imprescindible el cierre definitivo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y una reforma judicial que, entre otras cosas, garantice mediante concursos públicos y no a dedo, un sistema de justicia independiente.
En relación con la dimensión política, la reciente decisión del Fiscal Khan, presiona a Maduro, en caso de que busque evadir la condena, a reconocer delitos durante su gestión que podrían abrir fisuras en su coalición hegemónica. Habida cuenta de que en el memorando de entendimiento la CPI asegura que reconocerá los esfuerzos que el Estado haga en relación con estos crímenes, la determinación de las responsabilidades a lo largo de las cadenas de mando, incluidos los niveles superiores, será un factor fundamental para mostrar la buena voluntad del gobierno.
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¿A quiénes estaría dispuesto a sacrificar Maduro para evitar el proceso y posible condena de la CPI? ¿Qué altos rangos civiles y militares aceptaría procesar para evadir su propia responsabilidad y la de su entorno más inmediato? Este dilema momentáneo que fragiliza el bloque de gobierno podría aumentar los incentivos en la mesa de negociación que tuvo lugar este año en México y de la cual el gobierno se retiró en protesta por la extradición de Alex Saab a EEUU desde Cabo Verde. Saab, un empresario colombiano estrechamente ligado a los negocios del gobierno de Maduro y su familia en el exterior, fue imputado por blanqueado de dinero. La decisión del fiscal podría contribuir al regreso del gobierno a dicha mesa con mayores incentivos para hacer concesiones de reinstitucionalización democrática.
No cabe duda de que el régimen hará todo lo posible jurídicamente para dilatar la investigación de la CPI. Es consciente de que estos procesos pueden llevar años y están plagados de obstáculos. Además, continúa con el hostigamiento a ONGs y testigos que están colaborando. Sin embargo, el paso tomado por la Fiscalía constituye un primer logro para muchas víctimas venezolanas que, ante la ausencia de justicia en el país, la censura oficial y la campaña mediática internacional que invisibiliza los crímenes del Estado, han persistido sin descanso en el reclamo de justicia, del derecho a la verdad y a las debidas garantías de reparación y de no repetición.
En términos regionales, la histórica decisión de abrir la investigación por delitos de lesa humanidad en Venezuela es un precedente importante en tiempos en que los sistemas democráticos parecen estar en retroceso. Implica una advertencia frente a las ambiciones y prácticas autocráticas, de que aún existen mecanismos capaces de impartir justicia a pesar de que se controlen las instituciones nacionales. Rompe con la impunidad en la violación de derechos humanos en América Latina y el Caribe. Unos cuantos estarán calculando poner sus barbas en remojo.
Magdalena López Politóloga e investigadora del Instituto Kellogg de Estudios Internacionales de la Univ. de Notre Dame (Indiana, E.U.A.) y del Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa (CEI/IUL). Doctora por la Universidad de Pittsburgh.
Margarita López Maya fue profesora titular del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la UCV. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Fue directora de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
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