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La Corte Suprema de EE. UU. rechazó el esfuerzo de Joe Biden de frenar la controvertida medida de la era Trump conocida como “Quédate en México”, acuerdo que obligó a decenas de miles de demandantes de asilo a permanecer en la frontera mientras se procesaban sus solicitudes.
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La administración de Biden le había pedido a la corte que suspendiera la orden de un juez federal de restablecer de inmediato esta medida; el juez de distrito de EE.UU, Matthew Kacsmaryk, dictaminó a principios de este mes que la administración de Biden no dio razones suficientes para terminar con esta política, y que sus procedimientos respecto a los solicitantes de asilo eran ilegales.
Esta vez, la mayoría conservadora de la corte acordó que no se había hecho lo suficiente para justificar el cambio de la política.
¿Por qué es clave esta decisión del Tribunal Supremo?
- Esta política, formalmente denominada Protocolos de Protección al Migrante (MPP) e implementada en 2019, impidió que los migrantes en la frontera ingresaran a EE. UU. para solicitar asilo, por lo que unas 60.000 personas quedaron a la espera en México.
- Varias organizaciones internacionales advirtieron que las personas en frontera quedan expuestas a secuestro, extorsión, violación, asesinato, tortura y otras agresiones violentas.
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- De hecho, Amnistía Internacional Estados Unidos insistió en enero de 2020 que “en múltiples viajes a la frontera entre México y EE. UU., esta organización escuchó de primera mano historias de mujeres embarazadas, personas LGBTI, niños y personas con discapacidad que sufrieron abusos mientras esperaban en México”.
- Amnistía informó que “Quédate en México” también generó una crisis de debido proceso, “en la que menos del 5 % de los solicitantes de asilo pueden acceder a representación legal, a pesar de que sus procedimientos a menudo son una cuestión de vida o muerte”.
¿Qué puede pasar ahora?
No se sabe con certeza. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en un comunicado que continuará impugnando el fallo del tribunal de distrito. “Sin embargo, a medida que continúe el proceso de apelación, el DHS cumplirá con la orden de buena fe”, dice el documento publicado por el Washington Post.
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El procurador general interino, Brian H. Fletcher, dijo que revivir el programa sería difícil. “El MPP ha sido rescindido durante 2,5 meses, suspendido durante 8 meses y en gran parte inactivo durante casi 16 meses”, escribió el funcionario, según el mismo diario estadounidense.
“El mandato del tribunal de distrito de reimponer abruptamente y mantener ese programa bajo supervisión judicial perjudicaría las relaciones de Estados Unidos con socios regionales vitales, interrumpiría gravemente sus operaciones en la frontera sur y amenazaría con crear una crisis diplomática y humanitaria”, agregó Fletcher.