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Un grupo de congresistas peruanos de oposición presentó una moción de vacancia (destitución) contra la presidenta Dina Boluarte por una supuesta incapacidad moral para ejercer el cargo. En la misma jornada, el ministro del Interior de Perú, Walter Ortiz, que llevaba apenas mes y medio en el cargo, renunció luego de que la Fiscalía le abriera una investigación por presuntamente obstruir a la justicia en el caso contra Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria.
La denuncia de los 28 congresistas, de Perú Libre y Cambio Democrático-Juntos por el Perú, fue promovida por las parlamentarias progresistas Susel Paredes y Ruth Luque, quienes anunciaron el inicio del procedimiento de recolección de firmas el 14 de mayo y argumentaron que la presidenta debe dar explicaciones al pueblo peruano por las últimas denuncias que se han hecho en su contra y que también son investigadas por la Fiscalía.
“Estamos cumpliendo con el sentir del pueblo peruano que le da a la presidenta el 8 % de aprobación. Esta indignación del pueblo responde a la frivolidad de la presidenta que se ha ausentado sin permiso y sin informar para una intervención quirúrgica y que ha disuelto un equipo profesional especial de la Policía con afanes de encubrimiento”, indicó Paredes a la prensa al hacerse pública la presentación de la moción.
En este momento, Boluarte enfrenta acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito, omisión de consignar declaraciones en documentos y cohecho pasivo impropio por el caso “Rolexgate”. También, tiene abierta una investigación por la denuncia del semanario peruano Hildebrandt en sus Trece que asegura que la mandataria se habría ausentado de su cargo durante 12 días en 2023 para realizarse cirugías estéticas. Y, en los últimos días, por la desactivación del Equipo Especial de policías que prestaban apoyo al Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) en medio de la captura de su hermano, Nicanor Boluarte, por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en el caso “Los Waykis en la sombra”.
Según recogió Infobae, los congresistas que apoyan la moción afirman que Boluarte ha violado varias disposiciones constitucionales y ha abusado de su posición para obstruir la justicia. También indicaron que la presidenta habría “cometido delitos utilizando indebidamente su cargo de jefa de Estado y de la Nación para tal efecto”. Añaden que la desactivación del equipo especial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) fue una maniobra para evitar la investigación de su entorno cercano.
En medio del escándalo de Eficcop, el exministro de Interior Ortiz fue uno de los primeros en verse salpicado por su papel protagonista en la disolución de la oficina policial.
El 9 de mayo de 2024, el Ministerio del Interior emitió la Resolución Ministerial 0610-2024-IN que desactivó al Eficcop argumentando que la medida se tomaba debido a la “duplicidad de funciones” entre este equipo y la Diviac.
Varios sectores consideraron que esta era una forma de obstrucción a la justicia y exigieron reestablecerla inmediatamente. Uno de ellos fue Juan Carlos Villena Campana, fiscal de la Nación, que exigió la reposición del equipo policial que apoyaba al Eficcop y denunció que “lo que buscan es frustrar las investigaciones que realiza el Ministerio Público”, de acuerdo con información suministrada por Infobae.
Ortiz es el quinto ministro del Interior de la presidenta Dina Boluarte desde que tomó el mando el pasado 7 de diciembre de 2022.
Ante las acusaciones y después de que los congresistas anunciaran que presentarían una nueva moción para abrir un debate sobre su destitución, la mandataria les respondió: “¡Vamos a seguir caminando hasta el 28 de julio del 2026! Porque aquí el pueblo escogió una fórmula presidencial y conforme a la Constitución eso se debe de respetar”, dijo Boluarte.
La presidenta Boluarte denunció que sus derechos han sido vulnerados durante la investigación
Por su parte, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, presentó una denuncia ante las autoridades judiciales al considerar que han sido vulnerados sus derechos durante la investigación de la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho en el caso de los relojes Rolex que exhibió en varios actos y no declaró.
“(Boluarte) Solicita ante este Juzgado Supremo Tutela de Derechos por ser objeto de diligencias fiscales sin presencia de defensa técnica y por vulneración del derecho constitucional de defensa e igualdad procesal por parte del Ministerio Público”, reza el documento de la denuncia publicado por el Poder Judicial en la red social X.
La mandataria también pide que, por ese motivo, se declaren nulas las actuaciones realizadas por la Fiscalía durante la investigación y se excluya de la misma la información obtenida en diligencias del Ministerio Público.
“Como medida correctiva solicita se declaren nulas las actuaciones realizadas por los fiscales Karina Llatance Mendoza y Walter Arlando Giles Paucar respecto a las diligencias fiscales de acta de extracción y transcripción de fuente abierta descritas en su solicitud”, añade en este sentido la denuncia.
Pide, además, que se excluya de la investigación la información generada producto de las diligencias fiscales de acta de extracción y transcripción de fuente abierta descritas en su solicitud.
Y también solicita apercibir al fiscal general, Juan Carlos Villena, para que ejerza el mandato contenido en la legislación y realice el control debido de las actuaciones fiscales, “a fin de evitar la vulneración del derecho constitucional del debido proceso y afectación al derecho de defensa”.
La Corte Suprema agendó para el 21 de mayo a las 3:00 p.m. hora local (misma hora Colombia) esta tutela de derechos, que se analizará en una audiencia judicial virtual.
El 24 de abril pasado, la Fiscalía de Perú amplió la investigación preliminar a Boluarte en el “Rolexgate” al incluir la posible comisión de un delito de cohecho pasivo impropio, que se suma al de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos.
También anunció que amplió las investigaciones preliminares para comprender al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien aseguró que prestó los relojes de lujo a la mandataria, por la presunta comisión de delitos de cohecho activo genérico.
Tras el allanamiento de su vivienda y el Palacio de Gobierno el 30 de marzo, como parte de esta investigación, la jefa de Estado declaró el 5 de abril durante más de cinco horas ante la Fiscalía y luego dio un pronunciamiento ante la prensa en el que negó tener relojes de la marca Rolex y otras joyas valoradas en miles de dólares.
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