Crisis y narcoterrorismo en Ecuador: del “buen vivir” al intentar sobrevivir

Hace unos años podían leerse titulares en prensa como “Ecuador nos enseña la receta de la prosperidad”, “El milagro ecuatoriano” o “Triunfó el buen vivir”. Ecuador, ese país situado en la mitad del mundo, había logrado sobreponerse a la destitución del presidente Bucaram en 1997; a la crisis inflacionaria, financiera, fiscal y de deuda de 1998-1999; al derrocamiento de Mahuad en 2000; a la rebelión de los forajidos y a la caída de Lucio Gutiérrez en 2005; y a tantas otras vicisitudes que afectaron a la estabilidad política, económica y social del Estado. Rafael Correa, un profesor universitario que no había cumplido los cincuenta años y que había ocupado el Ministerio de Economía y Finanzas con el presidente Alfredo Palacio, parecía haber devuelto la ilusión al pueblo ecuatoriano con su Revolución Ciudadana. Sin embargo, la época de esperanza y prosperidad ha quedado en el pasado y el deterioro que ha sufrido el país en los últimos años le ha llevado a una situación de crisis, grave inseguridad y narcoterrorismo.

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Tras su victoria electoral en 2007, con el movimiento Alianza País, Correa gobernó el país andino durante una década, proclamando como objetivos la implementación del socialismo del siglo XXI, el desarrollo sostenible de la sociedad y la vida humanista a través del buen vivir. Con la promulgación de la Constitución de 2008, se estableció un modelo en el que el Estado pasaba a ser garante de derechos colectivos y ambientales -desplazando la prioridad de las garantías individuales-, ocupaba un papel central en la planificación de la producción e instauraba un cuarto poder denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que convivía con los tres tradicionales. En el ámbito de la política exterior, minimizó la influencia de la globalización y apostó por la integración regional bolivariana. El carisma del nuevo presidente, la movilización social a favor del cambio y el auge en el precio de las materias primas parecieron ser la combinación perfecta para inaugurar una época de prosperidad para Ecuador.

Siete años después de su salida del poder, poco queda de ese Ecuador. La crisis y creciente polarización durante el final de la presidencia de Correa; la fractura interna en Alianza País entre los partidarios del expresidente y de su sucesor, Lenin Moreno; los juicios abiertos a Correa, la condena por cohecho y su huida a Bélgica; la caída del precio de las materias primas; la muerte cruzada activada por el expresidente Lasso y el aumento de la inseguridad son solo algunos de los acontecimientos que ayudan a explicar cómo el país andino ha transitado hacia una situación incluso más complicada que la de finales de la década de 1990. Y es que aparece un nuevo elemento en la ecuación: el narcoterrorismo.

La situación por la que atraviesa Ecuador, donde el presidente Noboa ha declarado el “conflicto armado interno”, bien puede parecerse a las ocurridas en Colombia con el cartel de Medellín de Pablo Escobar o en México con la guerra a los carteles durante el Gobierno de Calderón. Las mafias del narcotráfico llevan a cabo una alianza estratégica con sectores armados extremistas y siembran el terror detonando bombas, secuestrando y asesinando a civiles y policías, y fomentando el caos para controlar las calles. Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones, las tres principales bandas, aunque existen más de una veintena de grupos dedicados a estas actividades en Ecuador, han introducido acciones criminales hasta hace poco marginales en el país, como la normalización del sicariato, ataques masivos a fuerzas policiales, masacres carcelarias o la exhibición de cadáveres en puentes, en señal de advertencia.

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Pero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Aunque resulta complicado sintetizar todos los elementos intervinientes, sí que pueden enumerarse algunas coyunturas y malas decisiones que han precipitado el desastre. En primer lugar, la crisis económica, tras el fin del boom de las materias primas, facilitó que el narcotráfico se convirtiera en una salida informal para muchos ecuatorianos sin trabajo ni ingresos. Sobre todo, teniendo en cuenta que la dolarización de la economía y los débiles controles financieros del país facilitan el blanqueamiento de dinero procedente de la droga. Además, los recortes presupuestarios para priorizar el pago de la deuda, impulsados por el expresidente Moreno y profundizados por Lasso, afectaron al gasto en policía y prisiones, debilitando el ya de por sí frágil aparato de seguridad del Estado.

En segundo lugar, la decisión de Correa de acabar con el contrato de arrendamiento de una base militar estadounidense en la ciudad portuaria de Manta facilitó el tránsito de cargamentos de droga hacia Colombia. Y es que desde esa base operaba la DEA, agencia antidroga que garantizaba los controles fronterizos en la zona norte. Pero, además, la ley aprobada por Correa que mantiene en prisión a los acusados hasta su juicio ha cuadruplicado la población carcelaria y las prisiones se han convertido en espacios de reclutamiento de nuevos miembros para las bandas. La saturación y las difíciles condiciones de los reclusos para sobrevivir han convertido a las cárceles ecuatorianas en una suerte de cuarteles generales para los narcotraficantes. Pero, además, la expansión de la corrupción entre los agentes ha permitido dotar a las bandas de toda una red logística, introduciéndose en las cárceles armamento pesado, fusiles y granadas.

Por último, el contexto exterior también ha contribuido. El mercado de la droga se ha transformado en los últimos años en la región andina, sobre todo después del desarme de las FARC en Colombia, las cuales controlaban gran parte del tráfico. Se ha producido una fragmentación de organizaciones dedicadas al narco, surgiendo nuevas bandas y rutas de exportación, algunas de las cuales se trasladaron a Ecuador. El país ha dejado de ser únicamente un lugar de tránsito y las bandas locales se han involucrado directamente en la producción, almacenamiento y distribución de cocaína, estableciendo alianzas con cárteles mexicanos. Por un lado, se han incrementado los cultivos de coca en Esmeraldas y Sucumbíos, provincias fronterizas con Colombia. Y, por el otro, más de un tercio de la cocaína proveniente del país vecino llega a Ecuador para distribuirse desde allí a Estados Unidos y Europa.

La suma del debilitamiento del Estado y la falta de protección social, un contexto económico desfavorable y la expansión del narcotráfico, han convertido a Ecuador en un país altamente vulnerable al crimen organizado. El país andino está inmerso en una espiral de violencia e inestabilidad que ha desterrado al olvido los avances logrados hace poco más de una década.

*Melany Barragán es cientista política y profesora de la Universidad de Valencia (España) y docente externa en la Universidad de Frankfurt. Doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Especializada en élites políticas, representación, sistemas de partidos y política comparada.

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Hace unos años podían leerse titulares en prensa como “Ecuador nos enseña la receta de la prosperidad”, “El milagro ecuatoriano” o “Triunfó el buen vivir”. Ecuador, ese país situado en la mitad del mundo, había logrado sobreponerse a la destitución del presidente Bucaram en 1997; a la crisis inflacionaria, financiera, fiscal y de deuda de 1998-1999; al derrocamiento de Mahuad en 2000; a la rebelión de los forajidos y a la caída de Lucio Gutiérrez en 2005; y a tantas otras vicisitudes que afectaron a la estabilidad política, económica y social del Estado. Rafael Correa, un profesor universitario que no había cumplido los cincuenta años y que había ocupado el Ministerio de Economía y Finanzas con el presidente Alfredo Palacio, parecía haber devuelto la ilusión al pueblo ecuatoriano con su Revolución Ciudadana. Sin embargo, la época de esperanza y prosperidad ha quedado en el pasado y el deterioro que ha sufrido el país en los últimos años le ha llevado a una situación de crisis, grave inseguridad y narcoterrorismo.

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Tras su victoria electoral en 2007, con el movimiento Alianza País, Correa gobernó el país andino durante una década, proclamando como objetivos la implementación del socialismo del siglo XXI, el desarrollo sostenible de la sociedad y la vida humanista a través del buen vivir. Con la promulgación de la Constitución de 2008, se estableció un modelo en el que el Estado pasaba a ser garante de derechos colectivos y ambientales -desplazando la prioridad de las garantías individuales-, ocupaba un papel central en la planificación de la producción e instauraba un cuarto poder denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que convivía con los tres tradicionales. En el ámbito de la política exterior, minimizó la influencia de la globalización y apostó por la integración regional bolivariana. El carisma del nuevo presidente, la movilización social a favor del cambio y el auge en el precio de las materias primas parecieron ser la combinación perfecta para inaugurar una época de prosperidad para Ecuador.

Siete años después de su salida del poder, poco queda de ese Ecuador. La crisis y creciente polarización durante el final de la presidencia de Correa; la fractura interna en Alianza País entre los partidarios del expresidente y de su sucesor, Lenin Moreno; los juicios abiertos a Correa, la condena por cohecho y su huida a Bélgica; la caída del precio de las materias primas; la muerte cruzada activada por el expresidente Lasso y el aumento de la inseguridad son solo algunos de los acontecimientos que ayudan a explicar cómo el país andino ha transitado hacia una situación incluso más complicada que la de finales de la década de 1990. Y es que aparece un nuevo elemento en la ecuación: el narcoterrorismo.

La situación por la que atraviesa Ecuador, donde el presidente Noboa ha declarado el “conflicto armado interno”, bien puede parecerse a las ocurridas en Colombia con el cartel de Medellín de Pablo Escobar o en México con la guerra a los carteles durante el Gobierno de Calderón. Las mafias del narcotráfico llevan a cabo una alianza estratégica con sectores armados extremistas y siembran el terror detonando bombas, secuestrando y asesinando a civiles y policías, y fomentando el caos para controlar las calles. Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones, las tres principales bandas, aunque existen más de una veintena de grupos dedicados a estas actividades en Ecuador, han introducido acciones criminales hasta hace poco marginales en el país, como la normalización del sicariato, ataques masivos a fuerzas policiales, masacres carcelarias o la exhibición de cadáveres en puentes, en señal de advertencia.

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Pero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Aunque resulta complicado sintetizar todos los elementos intervinientes, sí que pueden enumerarse algunas coyunturas y malas decisiones que han precipitado el desastre. En primer lugar, la crisis económica, tras el fin del boom de las materias primas, facilitó que el narcotráfico se convirtiera en una salida informal para muchos ecuatorianos sin trabajo ni ingresos. Sobre todo, teniendo en cuenta que la dolarización de la economía y los débiles controles financieros del país facilitan el blanqueamiento de dinero procedente de la droga. Además, los recortes presupuestarios para priorizar el pago de la deuda, impulsados por el expresidente Moreno y profundizados por Lasso, afectaron al gasto en policía y prisiones, debilitando el ya de por sí frágil aparato de seguridad del Estado.

En segundo lugar, la decisión de Correa de acabar con el contrato de arrendamiento de una base militar estadounidense en la ciudad portuaria de Manta facilitó el tránsito de cargamentos de droga hacia Colombia. Y es que desde esa base operaba la DEA, agencia antidroga que garantizaba los controles fronterizos en la zona norte. Pero, además, la ley aprobada por Correa que mantiene en prisión a los acusados hasta su juicio ha cuadruplicado la población carcelaria y las prisiones se han convertido en espacios de reclutamiento de nuevos miembros para las bandas. La saturación y las difíciles condiciones de los reclusos para sobrevivir han convertido a las cárceles ecuatorianas en una suerte de cuarteles generales para los narcotraficantes. Pero, además, la expansión de la corrupción entre los agentes ha permitido dotar a las bandas de toda una red logística, introduciéndose en las cárceles armamento pesado, fusiles y granadas.

Por último, el contexto exterior también ha contribuido. El mercado de la droga se ha transformado en los últimos años en la región andina, sobre todo después del desarme de las FARC en Colombia, las cuales controlaban gran parte del tráfico. Se ha producido una fragmentación de organizaciones dedicadas al narco, surgiendo nuevas bandas y rutas de exportación, algunas de las cuales se trasladaron a Ecuador. El país ha dejado de ser únicamente un lugar de tránsito y las bandas locales se han involucrado directamente en la producción, almacenamiento y distribución de cocaína, estableciendo alianzas con cárteles mexicanos. Por un lado, se han incrementado los cultivos de coca en Esmeraldas y Sucumbíos, provincias fronterizas con Colombia. Y, por el otro, más de un tercio de la cocaína proveniente del país vecino llega a Ecuador para distribuirse desde allí a Estados Unidos y Europa.

La suma del debilitamiento del Estado y la falta de protección social, un contexto económico desfavorable y la expansión del narcotráfico, han convertido a Ecuador en un país altamente vulnerable al crimen organizado. El país andino está inmerso en una espiral de violencia e inestabilidad que ha desterrado al olvido los avances logrados hace poco más de una década.

*Melany Barragán es cientista política y profesora de la Universidad de Valencia (España) y docente externa en la Universidad de Frankfurt. Doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Especializada en élites políticas, representación, sistemas de partidos y política comparada.

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