¿Cuáles serán las consecuencias del ataque al campamento migrante en Chile?
En los últimos días, Chile ha sido foco de noticias por las acciones emprendidas en contra de los migrantes. Desde un desalojo policial en una plaza hasta la quema de sus pocas pertenencias a manos de unos manifestantes, el país está viviendo un clima de xenofobia que prendió las alarmas de varias organizaciones. Entre tanto, el Gobierno continúa con su voluntad de expulsar a las personas indocumentadas.
A miles de kilómetros al norte de Santiago de Chile, en la ciudad de Iquique, un grupo de manifestantes quemó carpas, frazadas, juguetes y colchones que pertenecían a un grupo de migrantes, luego de que tomara lugar el desalojo policial en la Plaza Brasil, un lugar donde se encontraban varias familias venezolanas indocumentadas. Cerca de 3.500 migrantes han llegado al país suramericano en busca de mejores oportunidades, y entre las restricciones sanitarias, la política migratoria y la escasez de recursos, han encontrado todo lo contrario.
El clima de xenofobia y discriminación contra la población migrante en Chile se ha acrecentado. Al grito de “¡Fuera los ilegales!”, miles de chilenos salieron a protestar en contra de la migración de indocumentados, acción que se suma a un repertorio de demostraciones en contra de esta población. Incluso, el Gobierno dio a conocer la semana pasada la renovación de las expulsiones masivas de migrantes en situación irregular, en su mayoría venezolanos, teniendo a 547 personas deportadas entre febrero y agosto de este año.
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La investigación de la Fiscalía
Ante el ataque de cerca de 3.000 manifestantes congregados alrededor de gritos xenófobos y ataques físicos contra los migrantes, Jócelyn Pacheco, fiscal de Iquique, dio instrucciones a la Policía de Investigaciones (PDI) para averiguar lo relacionado a la quema de pertenencias de familias migrantes, además de dar instrucciones para trabajar en las medidas de protección para esta población, según constató AFP.
Entre tanto, Rodrigo Delgado, jefe de la cartera del Interior, aseguró que el Gobierno chileno continuará con los desalojos de los espacios públicos y con el plan de expulsiones, mientras que los migrantes se mantienen en las calles, bajo condiciones deplorables de vida.
Lo que dijo Piñera
El presidente de Chile se pronunció el lunes frente a los hechos del fin de semana, insistiendo en frenar la entrada irregular de extranjeros, ante el agravamiento de la crisis migratoria en el norte del país, según se lee en EFE. “Como Gobierno estamos cumpliendo nuestro compromiso de poner orden en nuestra casa, promoviendo una migración legal, ordenada y segura que proteja los derechos de los migrantes, que muchas veces son abusados por bandas de trata de personas, y que también proteja los derechos de los chilenos”, aseguró. “Estamos haciendo todo lo necesario para que el crimen no quede impune”, agregó.
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Otros reclamos frente a lo sucedido
Ante los ataques cometidos contra los migrantes, algunas organizaciones y entidades internacionales se pronunciaron en forma de rechazo ante lo sucedido. Por un lado, 24 de ellas firmaron un comunicado en el que afirman que “de continuar con las actuales políticas migratorias, se seguirá complejizando la convivencia entre las comunidades locales y migrantes. Nadie quiere que se perpetúe un círculo de irregularidad, exclusión e incluso violencia (...). Es urgente un cambio de timón en las políticas del Gobierno”.
Estas organizaciones argumentaron que el país va en contravía de la construcción de una sociedad acogedora e inclusiva, pues se está actuando en contra de la dignidad humana. “Reiteramos nuestro rechazo a las expulsiones de migrantes que han contribuido a generar un clima de odio, de criminalización y estigmatización, lo que exacerba la crisis de gobernabilidad migratoria que hoy enfrentamos”.
Las organizaciones también denunciaron que en el marco del desalojo policial en la Plaza Brasil presenciaron golpes a menores de edad y a mujeres embarazadas. “Llamamos a respetar la integridad y la dignidad de todas las personas y, sobre todo, a velar por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”.
A estas voces se sumaron las del relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González, quien denominó lo sucedido como “una inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables”, y la de UNICEF, entidad que le pidió al Estado chileno garantizar y proteger los derechos, cumpliendo así con los tratados internacionales suscritos por el país.
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A miles de kilómetros al norte de Santiago de Chile, en la ciudad de Iquique, un grupo de manifestantes quemó carpas, frazadas, juguetes y colchones que pertenecían a un grupo de migrantes, luego de que tomara lugar el desalojo policial en la Plaza Brasil, un lugar donde se encontraban varias familias venezolanas indocumentadas. Cerca de 3.500 migrantes han llegado al país suramericano en busca de mejores oportunidades, y entre las restricciones sanitarias, la política migratoria y la escasez de recursos, han encontrado todo lo contrario.
El clima de xenofobia y discriminación contra la población migrante en Chile se ha acrecentado. Al grito de “¡Fuera los ilegales!”, miles de chilenos salieron a protestar en contra de la migración de indocumentados, acción que se suma a un repertorio de demostraciones en contra de esta población. Incluso, el Gobierno dio a conocer la semana pasada la renovación de las expulsiones masivas de migrantes en situación irregular, en su mayoría venezolanos, teniendo a 547 personas deportadas entre febrero y agosto de este año.
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La investigación de la Fiscalía
Ante el ataque de cerca de 3.000 manifestantes congregados alrededor de gritos xenófobos y ataques físicos contra los migrantes, Jócelyn Pacheco, fiscal de Iquique, dio instrucciones a la Policía de Investigaciones (PDI) para averiguar lo relacionado a la quema de pertenencias de familias migrantes, además de dar instrucciones para trabajar en las medidas de protección para esta población, según constató AFP.
Entre tanto, Rodrigo Delgado, jefe de la cartera del Interior, aseguró que el Gobierno chileno continuará con los desalojos de los espacios públicos y con el plan de expulsiones, mientras que los migrantes se mantienen en las calles, bajo condiciones deplorables de vida.
Lo que dijo Piñera
El presidente de Chile se pronunció el lunes frente a los hechos del fin de semana, insistiendo en frenar la entrada irregular de extranjeros, ante el agravamiento de la crisis migratoria en el norte del país, según se lee en EFE. “Como Gobierno estamos cumpliendo nuestro compromiso de poner orden en nuestra casa, promoviendo una migración legal, ordenada y segura que proteja los derechos de los migrantes, que muchas veces son abusados por bandas de trata de personas, y que también proteja los derechos de los chilenos”, aseguró. “Estamos haciendo todo lo necesario para que el crimen no quede impune”, agregó.
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Ante los ataques cometidos contra los migrantes, algunas organizaciones y entidades internacionales se pronunciaron en forma de rechazo ante lo sucedido. Por un lado, 24 de ellas firmaron un comunicado en el que afirman que “de continuar con las actuales políticas migratorias, se seguirá complejizando la convivencia entre las comunidades locales y migrantes. Nadie quiere que se perpetúe un círculo de irregularidad, exclusión e incluso violencia (...). Es urgente un cambio de timón en las políticas del Gobierno”.
Estas organizaciones argumentaron que el país va en contravía de la construcción de una sociedad acogedora e inclusiva, pues se está actuando en contra de la dignidad humana. “Reiteramos nuestro rechazo a las expulsiones de migrantes que han contribuido a generar un clima de odio, de criminalización y estigmatización, lo que exacerba la crisis de gobernabilidad migratoria que hoy enfrentamos”.
Las organizaciones también denunciaron que en el marco del desalojo policial en la Plaza Brasil presenciaron golpes a menores de edad y a mujeres embarazadas. “Llamamos a respetar la integridad y la dignidad de todas las personas y, sobre todo, a velar por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”.
A estas voces se sumaron las del relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González, quien denominó lo sucedido como “una inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables”, y la de UNICEF, entidad que le pidió al Estado chileno garantizar y proteger los derechos, cumpliendo así con los tratados internacionales suscritos por el país.
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