¿Cuánto le costaría al Estado colombiano no atender el fenómeno migratorio?

El gobierno colombiano ha señalado que, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, el costo para el Estado para atender la creciente movilidad humana asciende a los 2.000 millones de dólares al año.

Ronal Rodríguez / @ronalfrodriguez
19 de noviembre de 2019 - 01:56 p. m.
Se calcula que para finales del 2020 aproximadamente 6,5 millones de venezolanos se verán forzados a dejar su país. / AFP
Se calcula que para finales del 2020 aproximadamente 6,5 millones de venezolanos se verán forzados a dejar su país. / AFP
Foto: AFP - JUAN PABLO BAYONA
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Según Carlos Holmes Trujillo el Estado colombiano ha invertido 139 millones de dólares en los niños, niñas y jóvenes provenientes de Venezuela que han ingresado al sistema educativo, y se han gastado 124 millones de dólares más, en la atención en salud de 474.539 ciudadanos venezolanos, de ellos 157.180 niños, niñas y adolescentes y 101.148 madres gestantes. Pero como también lo señaló el Canciller saliente en el lanzamiento del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2020, según las estimaciones del Banco Mundial el costo para el Estado colombiano asciende a los 2.000 millones de dólares por año.

Las proyecciones no son mejores, se estima que para finales del 2020 aproximadamente 6,5 millones de venezolanos se verán forzados a dejar su país, es decir el 19,62% de la población. Hoy en Colombia ya se encuentra el 4,61% de la población del hermano país y el 13,39% de los habitantes de Venezuela tienen la tarjeta de movilidad fronteriza TMF, es decir que dependen de pasar al territorio colombiano para la consecución de bienes y servicios. En otras palabras 18,54% de los ciudadanos venezolanos dependen de las actividades económicas que pueden desarrollar en el Estado colombiano, y eso en términos de las cifras oficiales de Migración Colombia y sin contar el tema de los retornados colombianos sobre los cuales no se tienen datos claros.

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El actual gobierno de Iván Duque ha formulado su plan de desarrollo centrado en la equidad, no obstante, los resultados que arrojará su gestión en temas sociales serán negativos. En materia de educación varios de los indicadores se verán afectados porque no sólo se reportarán los resultados de Colombia, sino que se evidenciarán algunos de los datos que el Estado venezolano ha ocultado desde el 2006.

El nivel educativo del hermano país se desplomó por las políticas de la Revolución Bolivariana, y hoy muchos de sus resultados se evidencian cuando un niño venezolano ingresa al sistema educativo colombiano y debe hacer un gran esfuerzo por nivelarse, lo que muchas veces incide entre otros factores en la deserción escolar que se presenta en la población en condición de movilidad humana, afectando las mediciones colombianas en la materia.

Igual sucede con los temas de salud, el chavismo destruyó el sistema de salud venezolano, ha ocultado la información epidemiológica y ha negado por motivaciones políticas la atención básica a sus ciudadanos, -el que no tenga el “Carnet de la Patria” no tiene acceso a los servicios, tratamientos y medicamentos para la atención-. Enfermedades controladas por el sistema de salud colombiano han reaparecido con la llegada de los migrantes desatando algunos temores infundados. Por ejemplo: con los casos de sarampión, realmente no representan un riesgo inmediato para la población colombiana porque nuestro sistema de vacunación nos brinda un escudo epidemiológico que nos protege, no obstante, es fundamental vacunar a la población que llega para evitar que se convierta en un problema en el largo plazo, como se viene haciendo.

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Muchos indicadores colombianos en temas sociales se verán afectados por el fenómeno de movilidad humana causado por la emergencia humanitaria compleja en que el chavismo hundió a Venezuela, pero no se puede confundir dichos resultados negativos y los costos asociados a la atención de la crisis con argumentos para cambiar la postura solidaria que ha mantenido el gobierno y la sociedad colombiana frente al fenómeno. Por el contrario, ha sido precisamente la forma de abordar solidariamente el problema lo que le ha permitido a Colombia sobrellevar la prolongada crisis a pesar de sus dimensiones.

En un país con sus propias demandas y retos, con problemas estructurales tan complejos como el conflicto armado, se centra las preocupaciones en lo que ha costado al Estado y la sociedad colombiana atender el fenómeno y se hacen proyecciones de lo que puede llegar a costar de continuar la tendencia de salida actual.

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El deterioro producto de la emergencia humanitaria compleja, la crisis del sistema de servicios públicos y los efectos de las sanciones internacionales en Venezuela han causado la salida de los núcleos familiares, aumentando la migración de mujeres con niños en los últimos meses. Situación que ha sido aprovechada por actores delincuenciales que se valen de la vulnerabilidad de estas familias dando como resultado el aumento de la trata de personas.

La población en condición de movilidad humana es altamente vulnerable. Según lo reportado por el excanciller el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- a atendido a 186.120 niños, niñas y adolescentes entre 2015 y agosto de 2019, y se ha otorgado la nacionalidad “temporal” a 27.825 niños venezolanos en riesgo de apatridia, medida que será transitoria y se mantendrá hasta que, según el gobierno, “existan las condiciones para que estos niños y niñas puedan acceder, como corresponde en derecho, a la nacionalidad venezolana.” No obstante, aún es una respuesta precaria ante los riesgos asociados al fenómeno de movilidad humana.

En la zona de frontera con Venezuela convergen los delitos internacionales más rentables: el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas, y se han sumado el tráfico, y lo más preocupante la trata de personas, que enriquecen y fortalecen las estructuras criminales presentes en el área. En un contexto agudizado por las condiciones estructurales del conflicto armado y la reacomodación de actores producto del acuerdo con las Farc-ep, la población en condición de movilidad humana queda peligrosamente expuesta, especialmente los niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Muy pocas veces nos preguntamos cuánto nos costaría no atender el fenómeno. ¿Cuánto nos costaría no darle educación a los niños venezolanos que han llegado al país, incluso cuánto nos esta costando que muchos de ellos no estén en el sistema educativo hoy? ¿Qué implicaciones va a tener para el futuro de Colombia, que esos colombianos nacidos en Venezuela no tengan las herramientas para desarrollarse socioeconómicamente en el país? ¿Cuánto le puede costar al sistema de salud que un contingente de la población no tenga vacunas y la atención en salud? ¿Realmente estamos dispuestos como sociedad a que un grupo humano en nuestro país no tenga acceso a la educación, la salud y otras prestaciones sociales solamente porque nacieron a unos kilómetros de distancia?

Coordinador del proyecto “Edificando Consensos para la Migración” del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Konrad Adenauer Stiftung. @ronalfrodriguez

Por Ronal Rodríguez / @ronalfrodriguez

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