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“Nunca me explicaron que tenía que dar obligatoriamente el 75 % de mi salario total al gobierno cubano” (misión a Nicaragua en 2010); “Si por alguna razón yo hubiese sido detenida o se precisara de algún documento de identificación, la orientación era llamar vía telefónica al coordinador, pues ellos tenían nuestros pasaportes” (misión a Bolivia en 2012), o “Uno sale de Cuba y ni nos dicen a qué destino vamos ni cuánto vamos a cobrar, solo que hay que cumplir con todo lo que digan y punto” (misión a Venezuela 2018).
Estos son solo algunos de los testimonios que reposan en una denuncia contra el gobierno de Cuba por presunta trata de personas, presentada ayer por las organizaciones Prisoners Defenders, la Unión Patriótica de Cuba y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal). Se trata de una acusación que será llevada a instancias de la ONU y la Corte Penal Internacional, basada en 1.100 testimonios que darían cuenta de violaciones a los derechos humanos en medio de las llamadas “misiones” oficiales en las que trabajadores cubanos se han embarcado desde hace años.
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Retención del salario, confiscación de pasaportes, acoso sexual, amenazas y sanciones severas por abandonar la misión son algunos de los hechos que denuncian las organizaciones y que fueron expuestos ayer en un evento que contó con la participación de miembros del Parlamento Europeo, como la vicepresidenta Dita Charanzová, así como de otras organizaciones como Human Rights Watch. Se trata, además, de la extensión de una denuncia presentada ya en 2019, con 110 testimonios, y en 2020, con 622.
Ahora no solo es nueva la gran cantidad de testimonios recogidos, de los cuales 894 son protegidos, que serían evidencia de hechos ocurridos desde 2002 hasta la actualidad en países de prácticamente todo el mundo, en África, Asia, América Latina y Europa. También llaman la atención las prácticas con líneas de cruceros. Personal cubano habría sido enviado en “misión oficial” como bartenders y camareros, por medio de la agencia cubana Selecmar, que habría pactado con la firma MSC quedarse con el 80 % de los salarios de los trabajadores, una retención aplicable solo para cubanos y filipinos, según los contratos.
Otros de los puntos claves de la denuncia son las consecuencias por desertar. Al incumplir con la misión oficial, dice la presentación del caso, las personas son tildadas de “traidores de la patria”. Esto implica “la imposibilidad de ver a sus hijos menores y no menores, a sus padres, familiares, amigos y a su país durante ocho años si no continúan trabajando o no regresan a la isla, entre otras penas y castigos”. En el 100 % de los testimonios recogidos las personas afirman que han sufrido la prohibición de los ocho años. “En la actualidad, entre 5.000 y 10.000 padres no pueden volver a ver a sus hijos”, muchos de ellos menores de edad, estiman las organizaciones.
Según los denunciantes, estas llamadas misiones “representan la mayor fuente de ingresos exteriores” en Cuba. Mientras el turismo deja US$2.900 millones al año (valores de 2018), las “misiones de internacionalización” dejan US$8.500 millones. Para este artículo intentamos contactar a MSC a través de dos correos: uno no estaba funcionando y del otro no habíamos recibido respuesta al cierre de esta edición.
Como presuntos responsables de esos hechos, los denunciantes señalan a Raúl Castro, exprimer secretario del Partido Comunista de Cuba; Miguel Díaz Canel, presidente del Consejo de Ministros y primer secretario del Partido Comunista de Cuba; José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud; Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior; Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, y Margarita Marilene González Fernández, exministra de Trabajo.
Para ellos, sin embargo, estas acusaciones no son nuevas. En 2019, un documento de la relatora especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, y de la relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigido al gobierno de Cuba, se refirió a las presuntas violaciones de derechos humanos que se habían ya denunciado.
Cuba respondió negando y rechazando las acusaciones de tan “aborrecible delito” y que se pretenda enlodar la “colaboración médica cubana”, muy reputada en el mundo. “Es inaceptable que los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos sean utilizados para fomentar espurias campañas promovidas por el gobierno de Estados Unidos en contra de la humana labor que desarrolla la cooperación médica internacional de Cuba”, dijo en su respuesta de siete páginas.
Este miércoles, por otro lado, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, señaló a Cuba como uno de los países que permiten la trata de personas. Así lo informó la AFP al término de la primera reunión de un grupo creado por el presidente Joe Biden para combatir dicho flagelo. “Tenemos que encontrar más formas de ejercer presión efectiva sobre los gobiernos que participan o permiten la trata de personas: China, Cuba, Corea del Norte y Rusia”, explicó en un comunicado.
Al paso salió el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, quien calificó de “acusaciones mendaces” las declaraciones de Blinken y consideró que buscan “justificar el criminal bloqueo”, un paquete de sanciones que “desacredita moralmente a EE. UU.”. Agregó que con dichas acusaciones Estados Unidos trata de “empañar el esfuerzo solidario de la cooperación médica cubana”, que “salva vidas y cuyos méritos incuestionables reconoce la comunidad internacional”, muy en línea con la respuesta por escrito dada por el gobierno de Cuba en 2020.
En la extensión de la denuncia presentada ayer, los denunciantes contestan a esa respuesta oficial. No solo argumentan que Cuba no presentó ni una sola prueba de lo que dice, sino que refuerzan las denuncias con más estadísticas y profundidad en los testimonios. Es allí que Colombia sale mencionada: se trata del testimonio de una profesional cubana que fue enviada a una misión en Venezuela en 2015 y decidió abandonarla a los pocos meses. La mujer logró llegar a Colombia, de donde habría pretendido emprender viaje por tierra hacia Estados Unidos, pero en la frontera con Panamá fue detenida, enviada a Bogotá y deportada. Casos similares, según Prisoners Defenders, serían los de muchos de los enviados a Venezuela.
Durante el evento del miércoles, Erik Jennische, de Civil Rights Defenders, pidió a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pronunciarse con más contundencia respecto a las denuncias presentadas. Charanzová, por su parte, asegura que han pedido a instancias del Parlamento Europeo que sea suspendido el acuerdo con Cuba y ampliar las sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos. La funcionaria de origen checo pidió también celeridad a la Corte Penal Internacional en esta investigación, que se encuentra en estudio desde 2019.
Según las organizaciones que lideran la iniciativa, la denuncia se les hará llegar también a los países. A propósito, Juan Pappier, de Human Rights Watch, hizo énfasis en que “los (países) que reciben a los profesionales tienen la obligación de que se respeten los derechos humanos”, a la luz de los acuerdos internacionales firmados y ratificados. Asimismo, considera que los Estados que reciben a los médicos (que conforman la mayor parte de los profesionales enviados a misiones) tienen la obligación de presionar a Cuba para que reforme sus normas y sanciones.
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