Cuba condena a 30 años de cárcel a manifestantes, ahondando en la represión

Más de sesenta cubanos fueron llevados a juicio por participar en las protestas de julio de 2021, enfrentándose a penas de hasta 30 años de cárcel, en el marco de unos procesos judiciales que se han caracterizado por ser unos de los más masivos y punitivos desde los primeros años de la revolución. En medio de ellos, los ciudadanos fueron acusados de crímenes que incluyen sedición y participación en las manifestaciones contra la crisis económica del país durante el verano pasado, según afirmaron líderes de derechos humanos y algunos familiares de los implicados al New York Times.

Fredy y Katia Beirut, dos de los 158 manifestantes acusados de sedición en Cuba, salieron a marchar en forma de protesta ante la condena de cuatro años de cárcel interpuesta a un familiar, quien fue acusado de desorden público en julio de 2021. Según informa AFP, Fredy fue detenido el 12 de julio, cuando regresaba a su casa en moto, mientras que siete días después unos agentes de seguridad llamaron a Katia, quien se presentó creyendo que no tenía nada que temer. De acuerdo al expediente al que tuvo acceso la agencia de noticias, la fiscalía argumenta que la mujer grabó con su teléfono para “publicar todo lo que estaba ocurriendo y así lograr que más personas se les unieran” a las marchas llevadas a cabo en el barrio de la Güinera, en la periferia de La Habana. En el marco de dicha manifestación, según reportes de Cubalex, quedaron decenas de heridos y 1.355 detenidos, de los cuales 719 siguen en prisión.

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Las personas procesadas esta semana, dentro de las cuales hay por lo menos cinco menores de edad, son parte del grupo de los más de 620 detenidos que han enfrentado juicio o ya tienen fecha para ser enjuiciados por unirse al mayor estallido social contra el gobierno comunista desde que se instaló en el poder, en 1959. Según se lee en The New York Times, citando las declaraciones de algunos activistas, “la severidad de los cargos forma parte de un esfuerzo concertado del Gobierno para disuadir nuevas expresiones públicas de descontento”.

Y es que estos juicios han marcado un patrón distinto a los de los demás que se han realizado en la isla: antes, el Gobierno centraba sus esfuerzos en reprimir a grupos relativamente pequeños de activistas políticos. Sin embargo, esta vez, los procesos judiciales se han dirigido a personas del común, alejadas de la actividad política, según afirmaron al diario estadounidense algunos historiadores y activistas. “Esto es algo completamente nuevo”, dijo Martha Beatriz Roque, una disidente cubana que fue condenada por sedición en 2003, junto con otros 74 activistas, y recibió una sentencia de 20 años de prisión. Finalmente, sus sentencias fueron conmutadas y la mayoría pudo exiliarse. “No queda una gota de compasión, y eso es lo que marca la diferencia” con el pasado, se lee en The New York Times.

Cabe recordar que las manifestaciones históricas de julio de 2021 se desataron por la inflación, los cortes de energía y por la escasez de alimentos y de medicinas. El descontento social se tomó las redes sociales y el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, en respuesta, envió las unidades militares en contra de quienes protestaban, desatando uno de los episodios más represivos de las últimas décadas.

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Más de sesenta cubanos fueron llevados a juicio por participar en las protestas de julio de 2021, enfrentándose a penas de hasta 30 años de cárcel, en el marco de unos procesos judiciales que se han caracterizado por ser unos de los más masivos y punitivos desde los primeros años de la revolución. En medio de ellos, los ciudadanos fueron acusados de crímenes que incluyen sedición y participación en las manifestaciones contra la crisis económica del país durante el verano pasado, según afirmaron líderes de derechos humanos y algunos familiares de los implicados al New York Times.

Fredy y Katia Beirut, dos de los 158 manifestantes acusados de sedición en Cuba, salieron a marchar en forma de protesta ante la condena de cuatro años de cárcel interpuesta a un familiar, quien fue acusado de desorden público en julio de 2021. Según informa AFP, Fredy fue detenido el 12 de julio, cuando regresaba a su casa en moto, mientras que siete días después unos agentes de seguridad llamaron a Katia, quien se presentó creyendo que no tenía nada que temer. De acuerdo al expediente al que tuvo acceso la agencia de noticias, la fiscalía argumenta que la mujer grabó con su teléfono para “publicar todo lo que estaba ocurriendo y así lograr que más personas se les unieran” a las marchas llevadas a cabo en el barrio de la Güinera, en la periferia de La Habana. En el marco de dicha manifestación, según reportes de Cubalex, quedaron decenas de heridos y 1.355 detenidos, de los cuales 719 siguen en prisión.

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Y es que estos juicios han marcado un patrón distinto a los de los demás que se han realizado en la isla: antes, el Gobierno centraba sus esfuerzos en reprimir a grupos relativamente pequeños de activistas políticos. Sin embargo, esta vez, los procesos judiciales se han dirigido a personas del común, alejadas de la actividad política, según afirmaron al diario estadounidense algunos historiadores y activistas. “Esto es algo completamente nuevo”, dijo Martha Beatriz Roque, una disidente cubana que fue condenada por sedición en 2003, junto con otros 74 activistas, y recibió una sentencia de 20 años de prisión. Finalmente, sus sentencias fueron conmutadas y la mayoría pudo exiliarse. “No queda una gota de compasión, y eso es lo que marca la diferencia” con el pasado, se lee en The New York Times.

Cabe recordar que las manifestaciones históricas de julio de 2021 se desataron por la inflación, los cortes de energía y por la escasez de alimentos y de medicinas. El descontento social se tomó las redes sociales y el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, en respuesta, envió las unidades militares en contra de quienes protestaban, desatando uno de los episodios más represivos de las últimas décadas.

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