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La Asamblea General de la ONU empezó a analizar una nueva resolución contra el embargo decretado por Estados Unidos hace más de seis décadas contra Cuba, que atraviesa una profunda crisis y que sus autoridades achacan a las sanciones estadounidenses.
Como vienen haciendo desde 1992, las autoridades cubanas presentaron una vez más a examen de la Asamblea General un proyecto de resolución sobre la “necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” que ha marcado la vida de los cubanos en las últimas décadas.
Para las autoridades de la isla, el embargo es el principal obstáculo para su desarrollo y causa de la profunda crisis económica que sufre y que se ha traducido en un éxodo de la población y el profundo descontento social.
Las autoridades calculan que el bloqueo generó en un año más de US$5.500 millones en daños y perjuicios materiales al país.
Más del 80 % de la población ha vivido bajo las sanciones impuestas en 1962, en plena Guerra Fría, por el presidente John F. Kennedy, para asfixiar al régimen comunista de Fidel Castro.
Pese al mayoritario apoyo de los países miembros, con excepción de Estados Unidos y su aliado Israel, la aprobación de estas resoluciones, no ha cambiado nada para el país caribeño.
En la resolución, no vinculante, Cuba reclama “la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales”.
Este martes 29 de octubre empieza el desfile de oradores que concluirá con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, antes de ser sometida a votación el miércoles 30 de octubre.
El 24 de octubre, durante su intervención en la XVI Cumbre del grupo de economías emergentes BRICS en la ciudad rusa de Kazán, el canciller Rodríguez, criticó las “medidas extremas de guerra económica aplicadas” por Washington contra su país.
Para el ministro de Exteriores cubano, éstas han impedido a Cuba acceder a “los suministros de combustible, y partes y piezas para el mantenimiento técnico y la inversión” de las centrales termoeléctricas de la isla, las cuales generan la mayoría de la energía del país.
Rodríguez, asimismo, afirmó que EE. UU. “en un solo año, paralizó 53 embarcaciones y 27 compañías” que iban a enviar combustible a Cuba para suministrar su sistema eléctrico.
“La privación de recursos financieros y los impedimentos a nuestras transferencias bancarias debido al bloqueo y la (inclusión de la isla en la) lista de supuestos países patrocinadores del terrorismo, así como (las) condiciones meteorológicas difíciles (...) generaron las condiciones” para el colapso del sistema eléctrico ocurrido el pasado viernes, reiteró el diplomático.
Apagón total en Cuba
Hace diez días, la isla sufrió un apagón generalizado debido a su obsoleto sistema eléctrico, debido a la falta de inversión, que las autoridades achacan al embargo.
Los apagones se deben principalmente a la carencia de combustible, fruto de la falta de divisas para importarlo, y a las frecuentes averías en las obsoletas centrales termoeléctricas del país, con más de cuatro décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.
En 2015, bajo la administración del demócrata Barak Obama, los gobiernos de ambos países empezaron un proceso de normalización de las relaciones diplomáticas, aunque sin levantar el embargo.
Pero la llegada del republicano Donald Trump en 2017 reforzó su implementación, medidas que en buena parte ha mantenido su sucesor, el demócrata Joe Biden.
Cuba depende principalmente del petróleo de Venezuela, su principal aliado, al que paga en parte con el envío de médicos, pero que disminuyó sus entregas de 100.000 barriles diarios en 2016 a un promedio de 56.000 en 2021.
México y Rusia han contribuido a atenuar el severo déficit de la isla.
Según datos de la prensa independiente, en septiembre, Caracas envió a Cuba unos 22.000 barriles de petróleo por día (bpd), una caída considerable frente a los 33.700 bpd de junio e incluso de los 28.000 bpd de abril.
La resolución exige asimismo que el secretario general solicite a los estados miembros y otros organismos un informe sobre su cumplimiento a la luz de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional y lo presente a la Asamblea General.
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