Cuba se declara en “economía de guerra”, ¿qué significa?

El gobierno cubano decidió en el último Consejo de Ministros que la isla deberá ajustar a las condiciones de una “economía de guerra”, con el propósito de responder a la crisis económica que ya superó en gravedad la depresión económica sufrida en el llamado “período especial” en la década de 1990. Este término, que se anunció como temporal, contiene una serie de condiciones especiales de ajuste fiscal.

En primer lugar, se adoptará una política “única” de precios con la que, en palabras de la viceministra primera de Economía, Mildrey Granadillo de la Torre, será “inclusiva y en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía, que incluye tanto al sector estatal como al no estatal”.

Si bien no se revelaron detalles sobre esta nueva política, en medios locales se ha sugerido desde hace días que habrá un tope de precios a productos que comercializan las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), como el pollo, el aceite, las salchichas, las patas, la leche en polvo y el detergente. Esta medida se toma con el fin de aliviar el descontento general por los cambios en los precios de estos productos en el sector privado, que suelen ser muy elevados para el público.

El kilo de pollo costaría como máximo 680 pesos (5,6 dólares al cambio oficial para personas físicas); el litro de aceite vegetal, 990 pesos (8,25 dólares); el kilo de salchicha, 1.130 pesos (9,4 dólares); el litro de leche en polvo, 1.673 pesos (13,9 dólares); el kilo de pasta alimenticia, 836 pesos (6,97 dólares); y el kilo de detergente, 630 pesos (5,25 dólares/kilo).

En comparación, el salario estatal medio se sitúa en los 4.300 pesos y las pensiones, en 1.500 pesos. Con esa referencia, un salario mínimo alcanza solo para comprar dos kilos de pollo, un kilo de salchicha, un kilo de pasta y un litro de leche en polvo, por mucho.

“(También se reducirán) las partidas del Presupuesto con el objetivo de disminuir el déficit fiscal de 2024, partiendo de las inejecuciones; definir requisitos en la actividad presupuestada para el uso del Presupuesto aprobado, y centralizar la facultad de aprobación; asignar mensualmente los recursos financieros en correspondencia con los ingresos reales del mes; calcular el impacto fiscal de las importaciones de las formas de gestión no estatal; conceder beneficios arancelarios, incluidas las exenciones, por la importación de materias primas e insumos para producir, así como concluir el sistema tributario para el comercio electrónico”, se lee en el diario oficialista Granma.

Otro aspecto llamativo sería el de “posponer e incluso paralizar las inversiones que no sean imprescindibles”. Según el economista cubano Pedro Monreal, esto genera preocupación, pues sin inversión no habrá “ni crecimiento ni desarrollo”.

Se desconoce por el momento cuándo se empezarán aplicar los topes. En algunas de estas reuniones con mipymes se había avanzado que la medida entraría en vigor el 1 de julio, aunque por ahora no ha habido anuncio oficial.

Para Monreal, el que el Gobierno hable hoy del término “economía de guerra” se hace para “justificar un dominio total” de las autoridades sobre la población, “por aquello de que ahora ‘es cuando más necesitamos planificar y es cuando más necesitamos ejercer un control’.

El presidente, Miguel Díaz-Canel, ya reconoció que el país atraviesa “complejidades económicas”. La inflación es uno de los principales problemas de la economía cubana, que se encuentra sumergida desde hace cuatro años en una grave crisis. La pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y las fallidas políticas económicas y monetarias en el país han evidenciado problemas estructurales de la economía.

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El gobierno cubano decidió en el último Consejo de Ministros que la isla deberá ajustar a las condiciones de una “economía de guerra”, con el propósito de responder a la crisis económica que ya superó en gravedad la depresión económica sufrida en el llamado “período especial” en la década de 1990. Este término, que se anunció como temporal, contiene una serie de condiciones especiales de ajuste fiscal.

En primer lugar, se adoptará una política “única” de precios con la que, en palabras de la viceministra primera de Economía, Mildrey Granadillo de la Torre, será “inclusiva y en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía, que incluye tanto al sector estatal como al no estatal”.

Si bien no se revelaron detalles sobre esta nueva política, en medios locales se ha sugerido desde hace días que habrá un tope de precios a productos que comercializan las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), como el pollo, el aceite, las salchichas, las patas, la leche en polvo y el detergente. Esta medida se toma con el fin de aliviar el descontento general por los cambios en los precios de estos productos en el sector privado, que suelen ser muy elevados para el público.

El kilo de pollo costaría como máximo 680 pesos (5,6 dólares al cambio oficial para personas físicas); el litro de aceite vegetal, 990 pesos (8,25 dólares); el kilo de salchicha, 1.130 pesos (9,4 dólares); el litro de leche en polvo, 1.673 pesos (13,9 dólares); el kilo de pasta alimenticia, 836 pesos (6,97 dólares); y el kilo de detergente, 630 pesos (5,25 dólares/kilo).

En comparación, el salario estatal medio se sitúa en los 4.300 pesos y las pensiones, en 1.500 pesos. Con esa referencia, un salario mínimo alcanza solo para comprar dos kilos de pollo, un kilo de salchicha, un kilo de pasta y un litro de leche en polvo, por mucho.

“(También se reducirán) las partidas del Presupuesto con el objetivo de disminuir el déficit fiscal de 2024, partiendo de las inejecuciones; definir requisitos en la actividad presupuestada para el uso del Presupuesto aprobado, y centralizar la facultad de aprobación; asignar mensualmente los recursos financieros en correspondencia con los ingresos reales del mes; calcular el impacto fiscal de las importaciones de las formas de gestión no estatal; conceder beneficios arancelarios, incluidas las exenciones, por la importación de materias primas e insumos para producir, así como concluir el sistema tributario para el comercio electrónico”, se lee en el diario oficialista Granma.

Otro aspecto llamativo sería el de “posponer e incluso paralizar las inversiones que no sean imprescindibles”. Según el economista cubano Pedro Monreal, esto genera preocupación, pues sin inversión no habrá “ni crecimiento ni desarrollo”.

Se desconoce por el momento cuándo se empezarán aplicar los topes. En algunas de estas reuniones con mipymes se había avanzado que la medida entraría en vigor el 1 de julio, aunque por ahora no ha habido anuncio oficial.

Para Monreal, el que el Gobierno hable hoy del término “economía de guerra” se hace para “justificar un dominio total” de las autoridades sobre la población, “por aquello de que ahora ‘es cuando más necesitamos planificar y es cuando más necesitamos ejercer un control’.

El presidente, Miguel Díaz-Canel, ya reconoció que el país atraviesa “complejidades económicas”. La inflación es uno de los principales problemas de la economía cubana, que se encuentra sumergida desde hace cuatro años en una grave crisis. La pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y las fallidas políticas económicas y monetarias en el país han evidenciado problemas estructurales de la economía.

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