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Tras las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que durante un acto de graduación de cadetes de la Policía sostuvo que Colombia “es un narcoestado”, la Cancillería colombiana emitió un comunicado en el que aseguró que “la respuesta de Ortega consiste en atacar a Colombia para distraer la atención y la censura internacional sobre su total ilegitimidad”.
“El Gobierno de Colombia expresa su profunda preocupación frente a la estrategia que ha decidido usar Daniel Ortega, para distraer la atención de una comunidad internacional que rechaza con vehemencia la nueva dictadura que se instala en el país centroamericano, generando el repudio de los países vecinos y la preocupación regional por el riesgo de que el pueblo nicaragüense viva el horror del éxodo, el desarraigo, la pérdida de libertades y el brutal empobrecimiento que viven hoy el pueblo venezolano y el pueblo cubano”, se lee en comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo. Junto a Rosario Murillo, su esposa y copresidenta, el mandatario sandinista puso a todos sus rivales tras las rejas y, con la ayuda de las autoridades electorales, les quitó la personería a los otros candidatos que se atravesaron en su camino. No había margen de error para él.
“Hoy la calidad democrática de Nicaragua tiene el tamaño de su dictador y los demócratas del mundo entero seguiremos instando a la comunidad internacional para que aplique a todos los miembros del régimen de Nicaragua las sanciones económicas y personales que eviten que gane tiempo para seguirse lucrando, destruyendo la riqueza nacional y pisoteando la dignidad humana, como le sucedió a Venezuela”, se lee en el comunicado de la Cancillería colombiana.
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En su discurso en Nicaragua, Ortega habló sobre un diálogo que tuvo hace años con el fallecido expresidente colombiano Belisario Betancur (1982-1986), en el que discutieron sobre el proceso de paz en Colombia. Ortega aseguró que en ese entonces se había desplomado el precio del café en el mercado internacional, pero que en su visita a Colombia, durante esa época, no veía sus efectos en la economía colombiana.
“El narcotráfico le inyecta mucho dinero a la economía en algunos países latinoamericanos y caribeños, y ya no se diga en Colombia. Ese es un narcoestado, donde los crímenes son impresionantes”, sostuvo Ortega.
La Cancillería aseguró que Colombia, a diferencia de lo que ocurre en Nicaragua, es un estado de Derecho que “goza de instituciones sólidas, sana división de poderes, libertad de expresión y de participación política, inversión nacional y extranjera en todos los sectores, lo cual nos tiene a la vanguardia del crecimiento mundial este año. Reconocemos los sufrimientos que ha padecido nuestro país por cuenta de la guerrilla, los criminales y el narcotráfico, y es por eso que nuestro gobierno y los anteriores se han concentrado en fortalecer el marco jurídico y las instituciones que salvaguardan los principios democráticos, garantizan los derechos de todos nuestros ciudadanos y, en particular, protegen y promueven los derechos humanos”.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores agregó que, frente a los desafíos actuales que enfrentan las naciones como consecuencia de la pandemia del Covid-19, “la respuesta del Gobierno colombiano se asienta en principios humanitarios y de solidaridad —como puede probarse, entre otras medidas, con la adopción del Estatuto Temporal de Protección de los venezolanos— a la par que hemos podido proteger los sectores más pobres y vulnerables de nuestra sociedad”, se lee en el comunicado.
“La inmensa mayoría del pueblo de Colombia cree en el valor de la democracia como condición para la construcción de progreso y de paz; en el compromiso decidido con el desarrollo sostenible y en la institucionalidad que asegure el estado de derecho suficiente para garantizar un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, así como de reconocimiento a quienes han sufrido el flagelo de la violencia”, dice el documento de la Cancillería.
Con información de Efe*