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Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, están llevando a Nicaragua a un peligroso aislamiento internacional. Desde 2018 cuando se produjeron las violentas manifestaciones, que dejaron 309 muertos, el gobierno de Nicaragua asumió una posición de confrontación frente a las críticas de otros países y organismos multilaterales.
Entonces ya se hablaba de una crisis diplomática. La prensa local registraba cómo el gobierno respondía en la esfera regional con una serie de amenazas, pero también a la Organización de Estados Americanos (OEA) pasando por Estados Unidos, la Unión Europea y otras organizaciones. Sin embargo, la crisis se agudizó en los últimos días, cuando Ortega y Murillo, acosados por la ola de condenas internacionales frente a la persecución de opositores decidieron llevar al país al aislamiento.
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Retiro de embajadores, respuestas salidas de tono, diplomacia de micrófono, amenazas hacen parte de la estrategia diplomática de Ortega.
Este lunes Nicaragua llamó a consultas a sus embajadores en Argentina, México, Colombia y Costa Rica, luego de que esos países criticaran la detención de 32 opositores y rivales del presidente Daniel Ortega de cara a las elecciones del 7 de noviembre.
“El gobierno ha llamado a consultas a embajadores ante Argentina, Orlando Gómez; Colombia, Yara Pérez; México, Juan Carlos Gutiérrez, y Costa Rica, Duilio Hernández, en reciprocidad (...) a llamados similares de los gobiernos mencionados”, leía la vicepresidenta Murillo.
Argentina y México retiraron a mediados de junio a sus embajadores de Managua, Costa Rica congeló el nombramiento de su representante y Colombia hizo lo propio el mes pasado en medio de una ola de arrestos a opositores de Ortega, entre ellos siete aspirantes a la presidencia.
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Hoy la pelea fue con España, que advirtió que “las elecciones en Nicaragua no son creíbles tras decisiones como la cancelación, a tres meses de los comicios generales, de la personalidad jurídica de la alianza opositora Ciudadanos por la Libertad (CxL) por parte del Consejo Supremo Electoral del país”.
En un comunicado del Ministerio de Exteriores, el Gobierno español consideró que esta medida, junto a otras adoptadas recientemente por las autoridades nicaragüenses, “impiden que el proceso electoral en ciernes ofrezca un resultado con garantías y credibilidad”.
Murillo condenó este martes la “inadmisible intromisión” de España en sus asuntos internos y la acusó de carecer de “autoridad moral” ante “tanta falacia, encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad, que no confiesan, pero que todo el mundo conoce, y condena”.
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En una nota dirigida al Ministerio de Exteriores español, la Cancillería de Nicaragua lamentó y condenó “la inadmisible intromisión del Gobierno del Reino de España en los asuntos internos que sólo corresponden a nuestro país y a nuestro pueblo”.
“El Gobierno de Daniel Ortega señaló que ha denunciado, y seguirá “denunciando, la cínica y continúa, intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos internos, impropias de Gobiernos democráticos, impropias también de regímenes que incumplen continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia”, agregó el comunicado.
El problema es que a la condena internacional se sumaron 59 países miembros de la ONU, que firmaron recientemente una declaración conjunta contra las violaciones de Derechos Humanos en el país centroamericano y exigieron igualmente la liberación de los detenidos. ¿Cómo responderá a estas críticas?
La diplomacia nicaragüense
Rosario Murillo criticó “los constantes e inmerecidos señalamientos, irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en nuestros asuntos internos, de parte de las máximas autoridades de cada uno de estos países” en temas que conciernen al pueblo y al gobierno de Nicaragua.
Nicaragua expresó su rechazo “categórico” a lo que calificó de “imitación caricaturesca” de quienes “se han arrogado funciones que nadie les ha otorgado”.
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Denis Moncada, canciller de ese país, aseguró a la prensa que es una reacción justificada de su país frente a la injerencia internacional. “Nosotros como Estado, como Gobierno, no interferimos en los asuntos internos de los países porque precisamente nosotros decimos: respetamos los asuntos internos de todos los países, pero exigimos reciprocidad. No estén haciendo injerencia contra Nicaragua en la OEA o en otros organismos internacionales o de derechos humanos”, dijo en entrevista.
Analistas alertan sobre el aislamiento al que está llevando Ortega al país. Incluso muchos señalan que pasará lo mismo que con Venezuela, cuyas elecciones de 2018 no fueron reconocidas por la comunidad internacional. Frente a esto, el canciller asegura que, “nosotros estamos realizando los procesos que la institucionalidad nicaragüense manda, lo que mandan la Constitución y las leyes. No depende de si alguien dice que reconoce o no para que unas elecciones sean claras, transparentes y que gane quien tenga la mayoría de los votos. Pero bien, no nos adelantemos a situaciones hipotéticas, mejor esperemos que se den las elecciones, que se den los resultados y después, cuando se dé la situación, será mejor conversar sobre ello”.
Pero ya es claro el camino al que se dirigen. El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el sábado que las elecciones de noviembre en Nicaragua han “perdido toda credibilidad” debido a las maniobras “autocráticas” de Ortega.
Pero las críticas arrecian. El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell en un comunicado consideró que “Ortega quiere ganar las elecciones sin competencia”.
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“La decisión, implementada por el Consejo Supremo Electoral el 6 de agosto, de despojar de personalidad jurídica al último partido político de la oposición que quedaba antes de las elecciones generales de noviembre, destroza las perspectivas de un proceso electoral legítimo y creíble”, señaló.
La UE considera que “la oposición ha sido eliminada” y que se está privando a los nicaragüenses del derecho al voto “en unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes”, apuntó el funcionario.
Ola de sanciones
La Unión Europea (UE) ha sancionado con restricciones migratorias y financieras a Murillo, a su hijo Juan Carlos y a otros seis funcionarios del gobierno por su responsabilidad en las “graves violaciones de los derechos humanos” en Nicaragua.
La medida se suma a otras tomadas por Estados Unidos y Canadá contra funcionarios del gobierno de Ortega, en protesta por la represión que mantiene contra sus opositores desde el estallido de las manifestaciones antigubernamentales de 2018.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ante el Consejo de DD. HH. del organismo el deterioro de la situación en Nicaragua y urgió a “cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”.
“Daniel Ortega ha demostrado, con las detenciones de candidatos presidenciales, líderes estudiantiles y del sector privado, que no va a permitir elecciones libres el próximo 7 de noviembre, porque sabe que va a perder. Y aunque la comunidad internacional ha reaccionado con una condena total, a él y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, simplemente no les importa, Ortega piensa y habla como el dictador Anastasio Somoza: “Ni me voy ni me van”. Actúa con total impunidad”, explicaba en este diario Cynthia Arnson, directora del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center.
¿Le importan las sanciones? Richard Feinberg, profesor de Economía Política Internacional de la Universidad de California, tiene una opinión similar: “Ortega probablemente cederá a presiones internacionales hasta cierto punto, mientras a la vez evita las condiciones que asegurarían su derrota. Ese equilibrio será una cuestión de intensas negociaciones entre la comunidad internacional, la oposición nicaragüense y el mismo Ortega”, escribió Feinberg en un análisis publicado por el Wilson Center.