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Fue Rosario Murillo, esposa y vicepresidenta de Daniel Ortega, la que diseñó el plan maestro que le permitiría a la longeva pareja quedarse cinco años más en el poder. Desde 2007, cuando Ortega retornó al poder tras la revolución que dirigió en los años 80, Murillo ha sido su única portavoz y desde 2017 su vicepresidenta y, según algunas investigaciones en Nicaragua, el poder detrás del trono, pues ningún funcionario mueve un dedo sin su autorización.
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“Rosario Murillo es una experta en la manipulación y una buena organizadora, pero no sabe gobernar un país, sería una terrible dictadora, carece de empatía y de límites. Habla de amor, pero practica el odio y lo incita sin escrúpulos entre sus seguidores”, le dijo a este periódico la escritora nicaragüense Gioconda Belli.
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Este lunes se hizo oficial: Ortega y Murillo fueron proclamados como candidatos para buscar un nuevo mandato en las elecciones del 7 de noviembre. El congreso del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) ratificó a la pareja presidencial con el voto unánime de 2.932 asambleístas, anunció Gustavo Porras, uno de sus dirigentes .
Este es el capítulo final de un enredado andamiaje que la pareja presidencial planeó cuidadosamente desde 2018, cuando estallaron protestas que se saldaron con 328 muertes. Entonces Murillo justificó la represión contra los jóvenes que protestaban llamándolos “tóxicos”. Pero las imágenes de la policía arrestando y matando a estudiantes solo disparó el rechazo hacia Ortega y Murillo. Con las elecciones cada vez más cerca y una familia que se ha apoderado de todos los cargos, empresas y negocios importantes, la vicepresidenta tomó cartas en el asunto y se inventó un entramado legal para justificar su permanencia en el poder.
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Murillo aceitó toda la maquinaria política para anular la participación de las fuerzas opositoras en las elecciones de 2021. Pero, ¿cómo adueñarse de un proceso electoral en el que muchos críticos querían participar?
Rosario, experta conocedora del juego político, echó mano de la Asamblea Nacional, bajo control de los partidos leales a Ortega. Lo primero que hicieron los legisladores fue aprobar en enero una reforma a la Constitución que impone la cadena perpetua por “delitos de odio”. “Pero no busca castigar el odio racial o contra las minorías, sino a quienes adversan al régimen. También una ley de ciberdelitos, destinada a mantener bajo control las redes sociales, y otra que impide presentarse como candidatos a cargos públicos a quienes caigan bajo la calificación de “agentes extranjeros”, denunciaba el exvicepresidente y escritor Sergio Ramírez.
La llamada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, figura bajo la cual ha detenido desde hace casi dos meses a 31 opositores (entre ellos a siete candidatos presidenciales), castiga con cárcel y despoja del derecho de ejercer cargos públicos a quienes, entre otros delitos antipatrióticos, “exalten y aplaudan sanciones contra el Estado de Nicaragua”.
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Luego la pareja presidencial nombró a todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral; claro, llenó las sillas con leales funcionarios que fallan siempre a su favor; también reformaron la Ley Electoral, que impone mayores restricciones a los partidos opositores, de hecho, muchos fueron despojados de su registro legal y no podrán postular ningún candidato.
La mayoría de los aspirantes detenidos habían acordado someterse a la selección de un candidato único de oposición bajo las banderas de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL, derecha), pero los cargos en su contra los inhibieron de participar. Ortega acusó a los opositores presos de “terroristas” y “mercenarios” al servicio de Estados Unidos.
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Con sus precandidatos presos, CxL optó por elegir como su fórmula presidencial a una controvertida pareja integrada por el exguerrillero de la denominada “Contra” Oscar Sobalvarro, de 68 años, y la exreina de belleza Berenice Quezada, de 27 años. Y aunque Ortega tiene apenas el 31 % de respaldo, otra reforma electoral señala que para ganar la presidencia en ese país solo se necesita el 40 % de la mayoría. Ni siquiera la mitad más uno.
Daniel Ortega ha sido el único candidato que ha tenido el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde las elecciones que se celebraron en 1984 para legitimar a la revolución que puso fin en 1979 a la dictadura de la familia Somoza. Será su octava candidatura consecutiva desde 1984.
Lleva la mitad de su vida como líder del FSLN, partido del que ha sido su único candidato presidencial en los comicios de 1984, 1990, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 y ahora en 2021. En tanto, la primera dama se presentará por segunda vez consecutiva como candidata a la Vicepresidencia. Murillo fue sancionada este lunes por la Unión Europea (UE), antes fue vetada por los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos. No le importa. Sigue, como desde hace 14 años, informando cada mañana del quehacer del gobierno, el clima, el santo del día y, claro, descalificando a sus adversarios, a quienes tilda de “diabólicos forajidos de pacotilla”.