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Fue hace unos dos meses que el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá alertó sobre lo que sería una de las crisis migratorias más agudas de los últimos años en la región: casi tres mil personas estaban varadas en el Tapón del Darién, un bloque selvático de 575 mil hectáreas entre Colombia y Panamá, considerado el paso ilegal más peligroso de América Latina. Fue en cuestión de dos semanas que unos 2.700 migrantes entraron por la frontera; muchos de ellos eran niños, niñas y adolescentes que no estaban acompañados y que llegaron a Bajo Chiquito, la primera parada en Panamá tras cruzar el Darién, a bordo de embarcaciones rústicas que muchas veces se desvanecen por las fuertes corrientes de los ríos. Hoy la situación no es muy distinta, pues los migrantes todavía se ven obligados a atravesar la selva llena de animales salvajes, bandas armadas y delincuentes.
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“Entramos por un caminito y vimos personas con pistolas. Empezaron a registrar a los hombres primero. Iban tirando nuestras cosas loma arriba: zapatos, dinero y teléfonos”, contó Ana*, una cubana de 45 años, a Médicos Sin Fronteras (MSF). Entre enero y mayo de este año, más de 15.000 personas cruzaron a Panamá y todo parece indicar que la cifra va en aumento. Sólo en la primera semana de marzo, por ejemplo, se registró un total de 743 personas albergadas en la Estación de Recepción Migratoria (ERM) de Bajo Chiquito, de las cuales 59 estaban en condición de vulnerabilidad: había 43 mujeres embarazadas, 14 personas con necesidades de protección internacional, y dos miembros de la comunidad LGBT, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En la última semana de ese mismo mes el número de personas albergadas allí llegó a 1.359, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
“En Bajo Chiquito no existen las condiciones necesarias para atender a esta población. Es un lugar muy precario donde viven unos 400 indígenas embera con muy pocos servicios; no hay carreteras y para poder llegar son horas en piragua. Desde hace unos meses hay más migrantes que personas de esta comunidad indígena, por lo que el tiempo de estancia en este ERM es corto; son 24 o 48 horas, de otro modo se saturaría por el elevado número de llegadas”, explicó Sergio Martín, jefe de Misión de MSF, a El Espectador. En Bajo Chiquito los migrantes tienen acceso a productos de higiene femenina, pañales desechables y papel higiénico, pero estos insumos no son provistos diariamente. “El 37 % de las familias viven a la intemperie, y solo el 25 % de los grupos de personas migrantes tienen acceso a electricidad”, se lee en el informe de la OIM.
Raúl López, coordinador de terreno de MSF, explica que en Bajo Chiquito hay un pequeño puesto de salud que depende del gobierno, pero no hay personal médico permanente. “Sólo hay un técnico de salud de la propia comunidad que le da seguimiento a los pacientes crónicos y a las campañas de vacunación. Ahora estamos en colaboración con el Ministerio de Salud y hemos conseguido que al menos un médico y un enfermero brinden apoyo a la comunidad local y migrante”, dijo.
Un infierno para las migrantes y niños
Algunos viajan desde Pakistán o Yemen hasta Ecuador, atraviesan Colombia y llegan hasta Turbo (Antioquia), donde se suben en una lancha que los deja en la entrada de la selva. Ya en la frontera, los que van a pie pueden tardar entre cinco y diez días en cruzar, todo depende del tiempo inclemente del Darién. Su destino final es Estados Unidos. La Defensoría del Pueblo advirtió en 2015 que antes de cruzar la frontera, los migrantes eran confinados en viviendas donde debían pagar unos 2.000 dólares para ser transportados en lanchas hacia La Miel y Puerto Obaldía en Panamá, o hacia el Darién por el Parque Natural Katíos; una ruta que parece no cambiar con los años, pese a la advertencia de diferentes organizaciones internacionales y de derechos humanos. Los que van a pie pueden tardar entre cinco y diez días en la selva, todo depende del tiempo inclemente del Darién, y son guiados por falsos ‘coyotes’ que les cobran por guiarlos, y muchas veces los abandonan en el camino.
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“No había solo mosquitos, había serpientes. Vimos unas cobras cerca de la carpa donde dormimos. Escuchábamos también el ruido de jaguares y había monos pasando”. Era muy peligroso, dijo Janete, una congoleña de 13 años, a El País de España. Tardó siete días en cruzar la selva junto a su padre, sus tíos y sus seis primos, todos menores de 16 años incluyendo una bebé de apenas uno. “Tuvimos problemas de salud. Nuestros pies estaban dañados, no conseguíamos caminar más. Todavía siento el dolor del hambre. Ni comiendo se termina”, agregó.
En lo que va del año, por lo menos una docena de migrantes han muerto en el Darién, según datos del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá. Mientras que Unicef advirtió en marzo de este año que la cantidad de niños, niñas y adolescentes que emigran hacia el norte a través de la selva se ha multiplicado por más de 15 en los últimos cuatro años. En 2017, al menos 109 niños cruzaron el Darién, mientras que en 2020 la cifra llegó a 1.653, con un pico de 3.956 en 2019. “En los últimos cuatro años, más de 46.500 migrantes han cruzado la selva del Darién, de los cuales 6.240 son niños, niñas y adolescentes”, se lee en el informe de la organización.
“Nos han reportado episodios de violencia, robos, agresiones sexuales, falta de comida y de agua. Y nuestros pacientes también han visto migrantes que no han podido seguir avanzando por extenuación, o porque resultan ahogados por la crecida de los ríos. Las patologías que más vemos están relacionadas con afectaciones cutáneas y laceraciones en las extremidades, así como deshidratación y diarrea. Los niños suelen presentar fiebre, diarrea y desnutrición”, dijo Raúl López.
Y es que en la zona confluyen distintas variables que complejizan la situación de seguridad y de salud para los migrantes que cruzan el Darién. “Es uno de los ecosistemas más ricos del mundo, pero con una ausencia estatal que ha sido reemplazada por grupos al margen de la ley”, explicó David Mendieta, director del doctorado de Derecho de la Universidad de Medellín.
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Agregó que luego de la firma del acuerdo de paz en Colombia, aumentó la lucha por el control territorial por parte de grupos armados. “Hay presencia del Clan del Golfo, las disidencias y bacrim. Sin mencionar que la región se convirtió en un punto clave de tránsito de migrantes y esto ha generado un negocio alterno de trata de personas, que se suma a las rutas de narcotráfico”, explicó Mendieta. Agregó que en estas zonas conflicto las mujeres están mucho más expuestas a diferentes tipos de violencia. Algo que justamente advirtió la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en enero de este año. La vinculación de mujeres migrantes a las redes de explotación sexual en la zona puede exacerbar las vulnerabilidades que ya afrontan por su condición migratoria: estereotipos discriminatorios, amenaza de deportación, incremento de violencias basadas en género y dependencia económica.
“Loma arriba había otro grupo de hombres con pistolas. Empezaron a pasar a las mujeres y a registrarlas. A algunas no las revisaban, sino que las pasaban directamente y las violaban (...) Mataron a personas, gente inocente delante de uno, desangrándose, sin poder hacer nada, sin poder ayudar”, contó Ana. En tan sólo 15 días de asistencia médica en Bajo Chiquito, MSF atendió 12 casos de violencia sexual reciente. “El primer día de intervención atendimos cinco denuncias. Nuestros equipos, con años de experiencia en la ruta de migrantes a su paso por México, no habían visto nunca tal cantidad de casos en un solo día”, dijo López.
“Además de las agresiones físicas o sexuales, las mujeres gestantes enfrentan otro tipo de riesgos. Hace unos días atendimos a una migrante que dio a luz en la selva; el niño tenía unos cuatro días de nacido. También hemos tenido casos de mamás embarazadas que llegaron a los refugios con pérdida de fluidos, e incluso se han registrado abortos espontáneos con posibilidad de sepsis. Sabemos también de mujeres que han muerto y han sido enterradas en la misma ruta”, agregó López.
Pese a que organizaciones como MSF cuentan con psicólogos, médicos, enfermeras y logistas, que además de ofrecer servicios médicos y de salud mental, también realizan mejoras en las infraestructuras de salud y asesoramiento en materia de agua y saneamiento, Sergio Martín y Raúl López insisten en que las comunidades siguen expuestas a todos los peligros que conlleva migrar.
“Estamos hablando de dos Estados soberanos que podrían crear una ruta segura; los migrantes de todas formas van a pasar. Ni siquiera si logran atravesar el Darién están a salvo. Todo empeora porque les queda un largo camino por recorrer; algunos van hasta Tijuana, estamos hablando de 6.000 km más, atravesando zonas controladas por el crimen organizado”, dijo Martín. Mientras que López agrega que “las necesidades son todas. Hay migrantes que llegan sin ropa, calzado, dinero o teléfonos. Hasta la fecha, la ayuda de diferentes organizaciones no es suficiente”.
*El nombre fue cambiado a petición de la fuente.