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Si hay una política colombiana que es vista con admiración a escala global, esa es la política migratoria. Para muchos analistas, si bien no es perfecta, ha asumido una perspectiva de acogida de esta población que es ejemplo para otros países. Como le dijo a este diario Ana María Archila, excandidata a la vicegobernación de Nueva York, quien ha dedicado su vida a formar y liderar organizaciones de inmigrantes en Estados Unidos, “lo importante de eso (la perspectiva colombiana) es que reconoce que la migración es una realidad global que no se puede parar con un muro o una frontera agresiva”, pues, añade, todos los días en el planeta están migrando unos 30 millones de personas para sobrevivir o tener una vida mejor, y eso es imparable.
Los frutos del esfuerzo en Colombia no se han dado de la noche a la mañana: la estrategia se empezó a esbozar durante el gobierno de Juan Manuel Santos y se ha puesto en marcha durante la administración de Iván Duque, con ajustes constantes, según los resultados alcanzados y las nuevas necesidades. Recordemos el CONPES 3950 de 2018, por ejemplo, que definió la estrategia para una primera atención a la población proveniente de Venezuela; el Estatuto Temporal de Protección, puesto en marcha el año pasado, como su nombre lo indica, busca atajar vacíos y pendientes que mantenían en desprotección a esta población vulnerable. El CONPES 4100, publicado este mes, es la continuación casi orgánica, esperable, en esta trayectoria.
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Se trata de un documento que traza una hoja de ruta con miras a los próximos 10 años para avanzar en la integración efectiva de la población migrante a la sociedad colombiana. “Adaptar la respuesta institucional a las nuevas necesidades en materia de integración social, económica y cultural de la población migrante venezolana de manera que se materialice la contribución de este grupo social al desarrollo y la prosperidad del país en los próximos 10 años”, dice el documento. Es decir, es una relación de gana-gana: avanzar en el acceso a servicios por parte de la población migrante al tiempo que el país, como un todo, obtiene beneficios de la integración: crecimiento económico, diversidad cultural, entre otros.
“Se pasa de un modelo de asistencia para la llegada a un modelo de integración”, comenta Diego Chaves, gerente del Migration Policy Institute para América Latina y el Caribe. Esto, siendo consciente de que la migración no es algo temporal, sino de largo plazo, pues hay una “vocación de permanencia”. Recordemos que según datos de Migración Colombia publicados esta semana, la población venezolana en Colombia ya llega a casi 2,5 millones de personas, con un crecimiento del 34 % respecto a las cifras de agosto de 2021. Como afirma Chaves, además, muy probablemente la población es mayor, pues con seguridad hay subregistro. La mejor noticia: según Migración Colombia, el 96 % de la población mencionada ha regularizado su situación o está actualmente en ese proceso.
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Para hacerse una idea, con el Estatuto, la proporción de población en situación irregular pasó de 60 a 12 %, según la entidad, y, en pocas palabras, se está cumpliendo la meta de beneficiar a unos dos millones de personas con esta política. Con el nuevo CONPES el objetivo es continuar con el cierre de brechas en áreas como la salud, la educación, la vivienda, la inclusión financiera y el emprendimiento. Por ejemplo, se busca promover la vinculación de la población migrante al sistema de salud; el registro en la encuesta Sisbén (que, recordemos, es una base de datos y no un sinónimo de subsidios); el acceso, permanencia y mejoramiento de la educación para niños, niñas y adolescentes; la facilitación de la convalidación de títulos, que para muchas personas ha sido un dolor de cabeza para continuar la educación o conseguir trabajo, entre otras estrategias.
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), “las nuevas necesidades en materia de respuesta y atención de vulnerabilidades que se profundizan en el contexto migratorio, como lo son la trata de personas, las violencias basadas en género, el reclutamiento por parte de actores criminales, entre otras, requieren grandes esfuerzos en integración económica eliminando barreras en certificación de oficios, brechas salariales, informalidad laboral, convalidación de títulos, reduciendo la xenofobia y discriminación que afectan la integración social y cultural. En estos casos es necesario fortalecer el esquema de gobernanza para la migración con articulación entre actores y sectores”. El amplio abanico de acciones y servicios dentro de la estrategia apunta a ayudar a resolver esos problemas.
El CONPES, vale la pena aclarar, asigna tareas a las entidades competentes en cada área, plantea plazos para que cada una presente y lleve a cabo sus planes para concretar la estrategia, con el mandato de priorizar recursos para la ejecución. En total, el costo estimado de la implementación de la política de integración trazada en el CONPES es de $13,3 billones (ver recuadro). Se destaca que las entidades que mayor presupuesto deben destinar para la estrategia son el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Anualmente, hasta 2032, cuando se hará el informe de cierre, se establecen dos cortes para hacer seguimiento a lo dictado por la política.
Para Diego Chaves, el documento es “muy, muy bueno, pues es una apuesta de largo plazo”. No obstante, señala algunos puntos en los que parece que se quedó corto o en los que podría mejorar. Por ejemplo, le preocupa que ya no se hable de población irregular, que de todas formas sigue presente en el país y es probable que siga llegando. Por otro lado, según él, no es claro “la integración para qué”, es decir, que no es evidente que la política “esté alienada con los derroteros de desarrollo del país”. Se refiere, entre otras cosas, a otro documento CONPES publicado recientemente con la visión de país hacia 2050, en la que una economía más verde, una clase media más robusta, entre otros, son los objetivos.
“No veo que este documento (de migración) responda a esos objetivos de más largo plazo. La integración tiene también que pensar en el vínculo con el desarrollo de país y de objetivos colectivos (…) la relación entre lo uno y lo otro debe ser explícita”. Y esto se conecta con otra de sus observaciones: el hecho de que se siga planteando la dicotomía “ellos y nosotros”: “No construir dinámicas, propósitos colectivos, puede resultar en una sociedad altamente dividida y polarizada”, con estallidos xenófobos. Para mencionar solo un ejemplo, según el Barómetro de la Xenofobia, el reciente paro en Ecuador fue caldo de cultivo para ataques contra los migrantes. En su análisis se recopilaron miles de trinos entre el 30 de mayo y el 22 de junio de 2022. Se encontraron 2.386 mensajes xenófobos, frente a 771 trinos a favor de la integración.
Finalmente, el analista destacó que la política de migración haya sido una política de Estado, que haya tenido continuidad independientemente del gobierno. Ahora, con la entrada de una nueva administración, da luces de optimismo el hecho de que el presidente electo, Gustavo Petro, haya tenido en cuenta el asunto desde sus propuestas: “Es necesario diseñar un sistema de evaluación del impacto que tiene la ayuda humanitaria en las condiciones de vida y en los procesos de inserción laboral, económica, social y cultural de poblaciones migrantes que se encuentran en Colombia. Esto permitirá hacer una planeación del uso y destinación de estos recursos hacia soluciones duraderas de largo plazo”, señaló en su programa.
Teniendo en cuenta que Gustavo Petro ha hecho anuncios como la creación de nuevos ministerios, Chaves añade que es importante que, si se hacen ajustes a la política, estos sean “para el bien de los objetivos del país”. Es decir, de entrada, un “borrón y cuenta nueva” no sería “constructivo”. El gobierno entrante tiene en este CONPES “una herramienta poderosa”, en palabras de Chaves.
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