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La frontera sigue padeciendo los horrores de la guerra entre guerrillas. La muerte de alias el Cherry, un hombre clave del Eln en el estado Apure (Venezuela), desató nuevas tensiones con el frente 10 de las disidencias de las Farc, que pronto resultaron en un nuevo infierno en la frontera: la Fiscalía colombiana informó sobre el hallazgo de 27 muertos en distintas zonas rurales de Arauca, algunos serían miembros de las disidencias.
Y es que estos asesinatos tienen de fondo una disputa territorial que, en marzo del año pasado, resultó en un desplazamiento masivo hacia Colombia. En ese momento los militares venezolanos lanzaron un ataque contra el campamento de Fabián Guevara Carrascal, alias Ferley, el financiero del frente 10. “Tras la ofensiva, al menos 2.800 venezolanos huyeron de sus hogares para escapar de los combates y buscaron refugio en Colombia. Muchos huyeron porque los guerrilleros, que al parecer fueron avisados sobre las operaciones, les advirtieron sobre el conflicto que se avecinaba”, se lee en un informe de Insight Crime publicado en octubre del año pasado.
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En esos enfrentamientos de 2021 las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela (Faes) allanaron varias casas en La Victoria, ciudad fronteriza del estado Apure, en donde sacaron a sus residentes, los arrojaron al suelo, los golpearon y los amenazaron de muerte, según informó la misma organización. Incluso, de acuerdo con datos de varios analistas, hubo asesinatos extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Con el paso de los días, y en plena escalada de violencia, más de 5.800 personas huyeron en ese momento de Venezuela, según el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (Gifmm).
En diálogo con este diario, un analista de la ONG venezolana Fundaredes, que pidió guardar su identidad por motivos de seguridad, y Naryi Vargas, investigadora social en seguridad territorial, hablaron sobre lo que se vive en Apure, especialmente en zonas como La Victoria, donde el frente 10 y el Eln tienen intereses cruzados.
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¿Una alianza del Eln con la Segunda Marquetalia?
Vargas comentó que fuentes cercanas le informaron sobre la llegada de presuntos miembros de la Segunda Marquetalia a Apure, un asunto que complicaría la disputa territorial en la frontera. “Hay una tensión altísima, y se presume que la llegada de combatientes de otro lado tiene que ver con eso, y con una posible alianza, si se quiere, entre el Eln y la Segunda Marquetalia para reducir la capacidad del frente 10″, sostuvo Vargas.
Un asunto en el que discrepa el investigador de Fundaredes: “De acuerdo con nuestros registros, la Segunda Marquetalia está instalada en el municipio de Rómulo Gallegos, en Elorza. Sin embargo, no tenemos información sobre movilizaciones de ningún tipo en ese sector”. Lo que sí está claro, según comenta el analista, es que los roces de los últimos meses entre el Eln y el frente 10, tarde o temprano, resultarían en violencia.
“En las disputas de marzo se conocieron unas comunicaciones internas del frente 10 de las Farc sobre la inteligencia que hizo el Eln desde Arauquita conjuntamente con las Fuerzas Bolivarianas de Liberación; es decir, esa información le estaba llegando al Ejército venezolano. Y por eso, al final de cuentas, se logró acorralar un poco al frente 10 en aquel combate. Sin mencionar que en agosto, tras la entrega de unos militares secuestrados, la determinación del frente 10 fue asesinar a cinco dirigentes del Eln que estaban en control del río Arauca, ubicado entre Arauquita y La Victoria”, explicó el investigador.
Y agregó que, desde ese momento, existía un quiebre entre ambas organizaciones, y ese pacto de no agresión que se mantuvo en los ríos por el control de la navegación, el contrabando y el trasiego de la cocaína dejó de ser tan evidente. “Ahí se empezó a notar cierta molestia que abrió la posibilidad de violencia por parte de ambos grupos”, comentó el miembro de Fundaredes.
De ahí que no es raro que, según datos de la Fiscalía, al menos ocho de los muertos que fueron identificados tras los asesinatos del 2 de enero estaban vinculados con actividades ilegales. Uno de ellos fue identificado como alias el Flaco, cabecilla de las disidencias de las Farc que tiene dos órdenes de captura, una por extorsión y secuestro, y otra por tráfico ilegal de armas.
“Esos homicidios del 2 de enero, a los que se refiere la Fiscalía en su informe, tienen que ver con presuntos colaboradores, simpatizantes o miembros de las disidencias. Es muy difícil establecer la pertenencia debido al tipo de organización y repertorio, que no están tan claramente definidos como lo era en la entonces Farc. Esto permite, como ya se había presentado, que la guerrilla, de manera indiscriminada, identifique a distintos blancos como si fueran combatientes”, comentó Vargas.
Entre combates y asesinatos
Hace una semana la Fiscalía colombiana descartó, en gran medida, que la muerte de 27 personas fuera el resultado de combates. ¿Aumentó el número de asesinatos selectivos en la región? “Hay un poco de ambas cosas. En los registros que tenemos del 1° de enero aparece muerto alias el Cherry, uno de los miembros ejecutivos de finanzas del Frente Domingo Laín del Eln. Su muerte tenía rasgos de ajusticiamiento y no de combate. Lo mismo ocurrió con los otros cuatro muertos en el sector de El Nula en Venezuela, donde uno de ellos era Álvaro Pulido Tarazona, alias Mazamorro”, sostuvo el analista de Fundaredes.
Sin embargo, el experto agregó que en el sector de La Victoria, y en las poblaciones de El Cañito, Tres Esquinas y La Capilla abunda la confrontación militar. “La semana pasada se registró un intercambio de disparos. De hecho, hubo una fuerte detonación en El Amparo el miércoles 5 de enero, a las 6:30 p. m. Es decir, el conflicto se inició con un ajusticiamiento de algunos miembros específicos del Eln, pero ya en este momento se habla de un combate sostenido entre esta guerrilla y el frente 10 de las disidencias”, agregó el investigador.
Sin presencia de organismos de seguridad o de activistas de los derechos humanos, La Victoria, según comenta el experto, “se convirtió en un territorio cedido por el Estado venezolano para que estos grupos irregulares se confronten y realicen sus actividades ilegales sin problema”.
Es un asunto que preocupa a varias organizaciones, pues en algunas zonas rurales ya se registraron desplazamientos forzados. “En este momento, el paso del río está absolutamente controlado por las disidencias y no hay forma de cruzar desde La Victoria hasta Arauquita. Hasta ahora no se han registrado grandes desplazamientos por la violencia, solo unos cuantos. Sin embargo, si el conflicto llegara a desbordarse en este momento, no hay forma de que la gente se pueda desplazar debido al fuerte control de las disidencias”, comentó el analista de la ONG.
Barrancas, el escenario de disputa entre el Eln y El Sindicato
El conflicto también se agudizó el 2 de enero en Barrancas, al nororiente de Venezuela, en el estado de Monagas, a las orillas del Orinoco. Se trató de un tiroteo entre ambas bandas criminales. “En la zona hay pueblos mineros, y no es un secreto que el Estado venezolano ha hecho un convenio de administración de esas minas (…) Buena parte del control lo tiene el Eln colombiano y algunas minas también están en manos de las disidencias de las Farc, incluso, ese era un papel que ejecutaba Romaña en Ciudad Bolívar. También hay grupos fuertemente armados denominamos sindicatos; son delincuentes que históricamente han tenido nexos con las cárceles venezolanas”, comentó el experto de Fundaredes en Venezuela.
Por su parte, Vargas explicó que, además de tratarse de un conflicto territorial que lleva años en la zona, no hay que dejar de lado que el ELN ha emprendido una estrategia de crecimiento y operatividad dentro de Venezuela. “Y lo han logrado no solo en zonas geoestratégicas (mineras o de frontera), sino en todos los estados. Parte del control territorial le implica desarrollar disputas con otros actores para convertirse en actor dominante. El Arco Minero del Orinoco es la zona en donde ese fenómeno es más palpable. Allá llegó a disputar con otras bandas criminales, pero también llegó a implementar mecanismos de control social en comunidades mineras e indígenas. Es el modus operandi que uno puede ver en Magdalena Medio, Cauca, Nariño o Chocó, donde también hay explotación minera”, comentó la investigadora.
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