De presidente a “rey” de los EE. UU.: el retroceso de la Corte Suprema al absolutismo

A solo un par de días de conmemorar un nuevo aniversario de su independencia, Estados Unidos sufrió uno de sus peores golpes en la historia —tal vez el peor—. Lo sorprendente de esto es que no provino ni de rusos, chinos o iraníes, rivales en los que el país ha puesto su foco, sino del propio corazón del poder en Washington. En una decisión histórica, la Corte Suprema dictaminó el lunes que un presidente goza de “inmunidad absoluta” frente a un proceso penal por actos oficiales realizados mientras está en el cargo. Esto cambia sustancialmente las reglas de juego.

A solo un par de días de conmemorar un nuevo aniversario de su independencia, Estados Unidos sufrió uno de sus peores golpes en la historia —tal vez el peor—. Lo sorprendente de esto es que no provino ni de rusos, chinos o iraníes, rivales en los que el país ha puesto su foco, sino del propio corazón del poder en Washington. En una decisión histórica, la Corte Suprema dictaminó el lunes que un presidente goza de “inmunidad absoluta” frente a un proceso penal por actos oficiales realizados mientras está en el cargo. Esto cambia sustancialmente las reglas de juego.

Para entender este batacazo, primero lo primero: ¿cómo llegamos aquí? La Fiscalía estadounidense había acusado a Trump de difundir deliberadamente mentiras a sus partidarios y de conspirar para ejecutar un plan que alteraría los resultados electorales de 2020. La defensa del expresidente sostenía ante la justicia que su cliente no puede ser procesado por ninguna acción que tomó mientras todavía estaba en el cargo, apuntando a un concepto de “inmunidad absoluta” —que entonces parecía ridículo—, y así el caso escaló hasta la Corte Suprema.

El lunes, el máximo tribunal, por votación de 6 a 3, concluyó que un presidente —no solo Trump, sino cualquiera, y esto es clave— tiene una autoridad “concluyente y preclusiva” en virtud del poder que le otorga la Constitución, por lo que no puede ser procesado penalmente mientras utilice su poder oficial. En palabras más simples: tiene “inmunidad absoluta” y no podrá ser procesado por sus acciones mientras estas sean oficiales y ocupe el cargo.

La gran noticia de entrada es que este caso contra Trump, cuyo juicio debió haber empezado el 4 de marzo, vuelve a dilatarse. La Corte Suprema lo remitió de nuevo a un tribunal inferior para que examine, a partir de lo escrito el lunes, si las conductas de las que se le acusa a Trump entran dentro del marco de los actos oficiales del presidente o no. Se proyecta que este se retome hasta después de las elecciones de noviembre. Ahora, si el candidato republicano resulta ganador de los comicios, es predecible que le solicite al Departamento de Justicia que archive la causa. Es una victoria para el republicano por donde se le mire.

Pero el fondo del asunto es mucho más amplio y turbio. Como señaló la jueza liberal Sonia Sotomayor en su texto de disentimiento, lo que acaba de firmar la Corte Suprema es una dramática expansión del poder presidencial, no solo para Trump, sino para cualquier presidente en el futuro, que crea “una zona libre de leyes alrededor del presidente, alterando el statu quo que ha existido desde la fundación del país”.

“Esta nueva inmunidad para los actos oficiales ahora permanece como un ‘arma cargada’ para cualquier presidente que desee colocar sus propios intereses, su propia supervivencia política o su propio beneficio financiero por encima de los intereses de la nación… En todos los usos del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley”, resumió de manera magistral la jueza Sotomayor.

¿Qué quiere decir esto? La decisión, escribieron expertos, equivale básicamente a una licencia para cometer delitos. La jueza Ketanji Brown Jackson dijo en su disentimiento que “de hoy en adelante los presidentes del mañana serán libres de ejercer los poderes de Comandante en Jefe como les plazca, incluso en formas que el Congreso ha considerado criminales”.

La cuestión a partir de ahora es examinar, entonces, quién define y cómo se define qué es un acto oficial del presidente. ¿Fue el mitin que organizó Trump el 6 de enero de 2021, en el que alienta a sus seguidores a desafiar los resultados electorales, un acto oficial del presidente o no? Todavía era presidente, pero, ¿fue un evento de su campaña o un acto oficial como mandatario? Si era esto último, bajo este concepto de la Corte, Trump resultaría inmune frente a lo que vino después: el asalto al Capitolio y su mortal desenlace.

Así hubiera, en efecto, conducido a su base de fanáticos a un frenesí que culminó con un acto violento, Trump sería inmune, según el tribunal, por el simple hecho de que este fue un “acto oficial” como presidente. ¿Lo fue? ¿Fueron actos oficiales todos aquellos eventos en los que difundió mentiras sobre el proceso electoral —que han sido probadas como falsedades—? Los tribunales inferiores serán los encargados de determinar esto. Pero si todos los actos oficiales conducen así a una “inmunidad absoluta”, lo que se abre es un escenario caótico para el país. El presidente podría cometer un delito, pero si este es considerado un “acto oficial”, resultaría inmune ante cualquier acción de la justicia.

“Cuando el presidente (Richard) Nixon fue acusado de obstruir la justicia en Watergate. Según la Corte Suprema de hoy, ¿Nixon estaba cometiendo un ‘acto oficial’ y merecía inmunidad?”, se preguntó el historiador presidencial Michael Beschloss.

Es la pregunta que queda en el aire: ¿qué es un acto oficial y cuál es la línea que separa el poder presidencial de la autoridad constitucional? Es un paradigma. Acá Sotomayor expuso una serie de casos críticos en su texto de disentimiento: “¿(El presidente) ordena al Equipo Seal 6 de la Marina asesinar a un rival político? Inmune. ¿Organiza un golpe militar para mantenerse en el poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de un perdón? Inmune. Inmune, inmune, inmune. Incluso si estos escenarios de pesadilla nunca se desarrollan, y rezo para que nunca lo hagan, el daño ya está hecho. La relación entre el presidente y las personas a las que sirve ha cambiado irrevocablemente”.

La decisión de la Corte Suprema, que deja sin techo el poder presidencial, ha sido tomada con humor por algunas personas. “En realidad cariño, no puedes enojarte conmigo. Ese fue un acto oficial”, bromeó una usuaria de X sobre un diálogo imaginario con su pareja, aplicando el nuevo concepto del tribunal. Bajo este marco, sugirió otro usuario, el emperador Palpatine en Star Wars no podría haber sido juzgado por ejecutar la Orden 66 para asesinar a los Jedi. “Era un acto oficial”, contestaría.

Pero el precedente que generó la corte del conservador John Roberts es todo menos gracioso. Es un fallo tan “retorcido”, dice Barbara McQuade, profesora de derecho de la Universidad de Michigan, que lleva a que la Fiscalía no pueda utilizar la conducta oficial de un presidente ni siquiera como prueba de criminalidad por un acto no oficial. Es decir, el presidente queda tan protegido que ni siquiera sus actos oficiales podrán ser usados para procesarlo por otros crímenes, en caso de que se le abra una investigación en el marco de un acto no oficial.

Esto quedó escrito en un apartado del texto de la mayoría conservadora de la Corte redactado por la jueza Amy Coney Barrett, quien fue nombrada en 2020 por el propio Trump. En su texto de disentimiento, Sotomayor expone su preocupación por lo redactado por su colega. Según la jueza liberal, el tribunal prohíbe mencionar actos oficiales durante un proceso por actos no oficiales. Para simplificarlo, ella expone un ejemplo.

“Si el expresidente no puede ser considerado penalmente responsable por sus actos oficiales, esos actos deberían ser admisibles para probar el conocimiento o la intención en los procesos penales por actos no oficiales. Sin embargo, la mayoría tiene problemas para clasificar si el discurso de un presidente se produce en su calidad de presidente (acto oficial) o en su calidad de candidato (acto no oficial). Imaginemos que un presidente declara en un discurso oficial que pretende impedir que un rival político apruebe una legislación a la que se opone, sin importar lo que cueste para lograrlo (acto oficial). Luego contrata a un sicario privado para que asesine a ese rival político (acto no oficial). Según la regla de la mayoría, la acusación de asesinato no podría incluir ninguna prueba de que el presidente haya admitido públicamente la intención premeditada de apoyar la mens rea (traducido del latín como mente culpable, o conciencia del delito) del asesinato. Es un resultado extraño, por decir lo menos”, escribió Sotomayor.

En decir que si se abre una investigación contra el presidente por un acto no oficial, y la prueba reina en su contra es una declaración del mismo mandatario en un acto oficial, esta no serviría ante la justicia por lo expuesto en la decisión de la Corte el lunes. La magnitud de esta decisión es enorme. Trump no solo consiguió tiempo de cara a las elecciones de noviembre, gambeteando de nuevo a la justicia, sino que el máximo tribunal le ha dado permiso para tener un segundo mandato absolutamente despótico. “El presidente ahora puede asesinarlo, oficialmente”, escribió Elie Mystal, corresponsal de justicia de The Nation. Y no sería procesado por ello.

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