Del encierro en Nicaragua al destierro en Estados Unidos

Nicaragua está impactada, pero casi en silencio. Se respira un aire de alegría y división. La liberación de 222 presos políticos, que llegaron a Estados Unidos, seguramente, está provocando lágrimas de emoción en sus familiares, pero en Managua, al menos públicamente, más allá de los mensajes en redes sociales, no se espera una celebración, o por lo menos eso dice un periodista nicaragüense bajo el anonimato. “Sabemos que eso puede tener repercusiones, pues cualquier cosa que se diga puede ser un ‘boomerang’. Con el tema político nadie se quiere meter”. Este es el sabor que deja una libertad a medias, una libertad condicionada al exilio.

Nicaragua está impactada, pero casi en silencio. Se respira un aire de alegría y división. La liberación de 222 presos políticos, que llegaron a Estados Unidos, seguramente, está provocando lágrimas de emoción en sus familiares, pero en Managua, al menos públicamente, más allá de los mensajes en redes sociales, no se espera una celebración, o por lo menos eso dice un periodista nicaragüense bajo el anonimato. “Sabemos que eso puede tener repercusiones, pues cualquier cosa que se diga puede ser un ‘boomerang’. Con el tema político nadie se quiere meter”. Este es el sabor que deja una libertad a medias, una libertad condicionada al exilio.

“Ellos salen del encierro al destierro”, comenta Gonzalo Carrión Maradiaga, miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, que hace cuatro años tuvo que abandonar su país y exiliarse en Costa Rica. A su parecer, esto es la continuación de una política de persecución sistemática que, además, los está despojando de su ciudadanía. Luego de que se dio a conocer la noticia de la liberación, casi de inmediato, la Asamblea Nacional se reunió para reformar el artículo 21 de la Constitución, que regula la nacionalidad nicaragüense, declarando apátridas a los encarcelados que llegaron a Washington por ser considerados “traidores a la patria”.

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Hay una mezcla de emociones, reconoce Carrión Maradiaga. “Compartimos la emoción de sus seres queridos, pero es reprochable que los despojen de su condición de nicaragüenses. Esa reforma no tiene validez desde el punto de vista del derecho constitucional y humano. Además, las leyes no tienen aplicación retroactiva, eso es un principio universal, y la deportación solo cabe para los extranjeros”.

Sin embargo, esta actitud de Daniel Ortega no es de extrañar: él mismo, en noviembre de 2021, tras ganar en unas elecciones que fueron desconocidas por varios países, se refirió a los siete aspirantes presidenciales de la oposición, que fueron detenidos bajo cargos de “traición a la patria”, como “hijos de perra de los imperialistas yanquis”. Incluso, sugirió que “se los deberían llevar para Estados Unidos”, porque, a su juicio, “no son nicaragüenses”. De hecho, Cristiana Chamorro, que aspiraba a la Presidencia en dichos comicios, sale en una foto en camino a Washington, acompañada de su hermano Pedro Joaquín y del gerente de “La Prensa”, Juan Lorenzo Holmann, en el vuelo que los trasladó a la capital estadounidense. Entre los liberados, que son opositores políticos, líderes campesinos, activistas, feministas, sandinistas y religiosos, también están la exguerrillera Dora María Téllez; Ana Vijil, integrante del Movimiento Renovador Sandinista, y el joven Lesther Alemán.

Enrique Prieto-Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, dice que es importante analizar el rol de Estados Unidos en esto, si se tiene en cuenta, además, que el secretario de Estado, Antony Blinken, elogió la liberación de los presos políticos y dijo que podría abrir el camino para el diálogo con Ortega. “La liberación de estos individuos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense, por parte del Gobierno de Nicaragua marca un paso constructivo para abordar los abusos contra los derechos humanos en el país y abre la puerta a un mayor diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua sobre temas que nos preocupan”, expresó el funcionario en un comunicado.

En ese sentido, el docente recuerda que Estados Unidos ha impuesto sanciones en contra de algunos funcionarios y familiares de Ortega, y ha señalado que, si el régimen no cambia su forma de actuar, impondrá restricciones y sanciones comerciales, que impedirían que compañías estadounidenses hagan negocios en Nicaragua y con compañías nicaragüenses, lo que podría afectar a la industria del oro. Este es el tipo de presiones geopolíticas que el país norteamericano ha impuesto sobre Managua, a través del mercado y del comercio internacional. Pero no solo eso, “bajo la administración Biden, el país se ha vuelto un jugador mucho más estratégico en la región, contrario a lo que ocurrió con Donald Trump”.

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En un principio, recién llegó la noticia, en “El País” de España se leía que una fuente cercana a la administración Biden dijo que “el Gobierno de Nicaragua decidió unilateralmente liberar” a las personas. “Ahora, qué hubo ahí, no lo sabemos todavía”, dice Carrión Maradiaga, quien considera que Managua está tratando de dar un golpe de opinión en la comunidad internacional. Dice que, tal vez, el régimen quiere dar un mensaje frente al monitoreo y los informes especializados que se hacen desde los mecanismos de protección internacional, ya sea desde la ONU o desde el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, teniendo en cuenta que próximamente, en Ginebra, se presentará un informe sobre la labor del grupo de expertos nombrado para Nicaragua. “Aunque se hable en contra de estos mecanismos y no se asista a las sesiones, lo cierto es que el régimen, gracias a la resistencia del pueblo, está tratando de tener un impacto de opinión pública a nivel internacional”. Y, en medio de ello, parece que los presos políticos tienen un rol central. “En el caso venezolano, Maduro tiene petróleo para ofrecer, y ha tratado de hacer negociaciones para disminuir su aislamiento y las sanciones que recaen sobre el país. La tiranía Ortega-Murillo tiene presos políticos y al pueblo nicaragüense sin libertades”.

En abril se cumplirán cinco años desde las marchas en contra de Ortega, durante las cuales murieron más de 300 personas y miles más quedaron heridas. De hecho, el 31 de enero de 2023, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas estimaba que, entre los más de 245 presos políticos, 235 fueron detenidos después de abril de 2018, cuando se realizaron las protestas. En medio de ello, y tras la liberación de las más de 200 personas, la ONG Civil Rights Defenders expresó que “aquellas ya no estarán sometidas al trato inhumano que sufrían en lugares como el Chipote, uno de los centros penitenciarios más hostiles del mundo, pero la liberación también significa la pérdida de sus derechos políticos y su ciudadanía. Daniel Ortega y el régimen en Nicaragua vuelven a violar los derechos humanos, profundizando la crisis y la ausencia de libertades en el país, situación que se hace cada vez más insostenible. El mundo democrático debe seguir presionando, a través de todas las herramientas posibles, para que en Nicaragua se respete la vida y la integridad de quienes piensan distinto”.

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