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Vivir en Venezuela es un calvario, pero vivir en Venezuela siendo miembro de la comunidad LGBTI, es un infierno. Además de la grave situación humanitaria en la nación, producto de una crisis política y económica sin precedentes, la discriminación por orientación sexual contra este colectivo abunda y la misma Constitución venezolana le desconoce derechos y protecciones que sí les otorga a otros ciudadanos. Para las personas LGBTI, las acciones más simples, como la de alquilar una vivienda, son imposibles debido al rechazo de la sociedad.
“Mi mamá conoció a una señora que le comentó que estaba alquilando un apartamento. Me puse en contacto con ella y le dije que estaba interesada. Ella me preguntó que con quién pensaba vivir y le respondí que ‘con mi novia’. La señora inmediatamente respondió que no podía aceptar a parejas de este tipo, que era una residencia familiar y además vivían muchos niños, a lo que le respondí que podía pagar un poco más de lo que estaba pidiendo. Pero la señora nuevamente reiteró que no podía hacerlo”, le contó Kentsiu Flores, una caraqueña, a Voz de América.
Hay causas religiosas y políticas históricas en Venezuela que impiden que la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI avance, y el contexto actual no ayuda tampoco. Si bien el Gobierno no ha hecho nada por proteger a este colectivo, la oposición venezolana tampoco lo tiene entre sus prioridades, pues su agenda se enfoca en responder a la crisis social, política y económica que hay en el país. También hay que resaltar que la migración forzada se llevó a muchos activistas del país, por lo que las organizaciones del colectivo han desaparecido.
“De las 42 organizaciones que teníamos a nivel nacional, hoy en día me atrevo a decir que no quedan ni diez. Al mismo tiempo la discriminación ha ido aumentando a la par de la influencia religiosa en el Gobierno y en los partidos de la oposición. Cuando hay crisis, la gente se refugia en la religión. Así que estamos retrocediendo a lo que se vivía en la década de 1980”, destaca Quiteria Josefina Franco, activista LGBTI y coordinadora general de Unión Afirmativa de Venezuela, una de las redes LGBTI que quedan en el país.
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Pero no solo es el desconocimiento de los derechos en la Constitución lo que atenta contra la comunidad LGBTI en Venezuela: es el propio desabastecimiento que impide que miembros de esta población accedan a tratamientos médicos y es la persecución violenta que algunos sufren.
“La situación en Venezuela es terrible y es cada vez peor. Son por lo menos cinco motivos por los que las personas LGBTI se encuentran en un nivel de vulnerabilidad más alto. Uno es que no hay medicamentos para el tratamiento antirretroviral, y a algunas personas les dan medicamentos vencidos”, cuenta Frank Daniel Rangel, un ciudadano venezolano que ahora reside en Barranquilla.
De acuerdo con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, la población LGBTI está entre las más propensas a infectarse de VIH, y desde 2016 los medicamentos antirretrovirales para tratar la enfermedad escasean en los hospitales. La organización Acción Ciudadana contra el SIDA (ACCSI) estima que hay entre 8 mil y 10 mil personas que tienen VIH y que han abandonado Venezuela para poder tratarse en otros países. Y la falta de tratamientos para que las personas trans puedan mantener su proceso de transición llevó a que estas personas salieran del país.
Por otro lado, la segregación y la exclusión en ámbitos laborales, educativos y sociales tienen un grave impacto en la salud mental de estas personas. Tal discriminación también se materializa en ataques físicos, como señala ACCSI: se han recogido 192 casos de asesinatos contra personas LGBTI en Venezuela entre 2009 y 2017, año en el que el país se ubicó como el cuarto lugar de homicidios contra personas de este colectivo en el continente.
Por esto, para los migrantes venezolanos que llegan a Colombia podría existir la sensación de que están dando un salto del infierno al “paraíso”. Al contrario de Venezuela, Colombia goza de una mayor protección a los derechos del colectivo, pese a que hay fallas en el sistema y se registran altos niveles de discriminación contra la comunidad LGBTI en el país.
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“La motivación de muchos y muchas es que han visto por redes sociales y medios de comunicación que en Colombia hay matrimonio igualitario, hay adopción para parejas del mismo sexo, hay protección a las personas trans y hay políticas públicas... En la vida cotidiana de la comunidad LGBTI venezolana se dice que Colombia es un mejor país para ellos porque ven los avances en términos teóricos para la comunidad. Se ve al país como un ‘paraíso para la igualdad’. Entonces, además de que ven que acá pueden resolver los problemas de su cotidianidad por la crisis que enfrenta el país, van a poder encontrar un libre desarrollo de su personalidad”, explica Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.
Además, hay que destacar que la movilidad hacia Colombia es atractiva de por sí, pues no hay una barrera idiomática y hay una cultura similar, lo que facilita el proceso de movilización. Sin embargo, Colombia más que un paraíso puede llegar a ser un limbo para este colectivo, por lo que muchos deciden regresar o seguir migrando. El sueño del “paraíso de la igualdad” se ve desdibujado, y esto es porque Colombia, además de recibirlos con violencia –se han documentado 20 casos de asesinato de personas LGBTI provenientes de Venezuela–, recibe a esta comunidad con negación de derechos.
Las comunidades de acogida en la frontera son altamente homofóbicas, porque las alcaldías y gobiernos locales no preparan a los ciudadanos para acoger a los migrantes, mucho menos a los migrantes LGBTI.
Hay que recalcar también que la migración hacia Colombia es muy difícil. A la salida del país, los migrantes LGBTI se enfrentan a agresiones de la Guardia Nacional de Venezuela por su orientación sexual. Además, la falta de documentación es un obstáculo para salir por los pasos legales, por los precios de los trámites y por la lentitud en el proceso. “Esta situación hace que los migrantes queden en situación irregular sí o sí”, señala Rangel. Ya en tránsito, estas personas se enfrentan a redes dedicadas a la explotación sexual.
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“Hay que destacar que las personas que salen de Venezuela no tienen poder adquisitivo. Si bien hay otros lugares como España o Canadá que son más igualitarios, la mayoría de venezolanos no pueden costearse esos viajes. Así que Colombia se vuelve un paraíso intermedio igualitario muy contradictorio”, señala Castañeda.
El Estatuto Temporal de Protección, cuya primera fase de registro comenzó esta semana, busca corregir algunos problemas que se presentan para esta población y no se pueden desconocer sus bondades para la comunidad LGBTI. Gracias al Estatuto, las personas de este colectivo pueden dar un salto a la regularización, lo que les permite acceder a servicios y políticas públicas en las que trabajaba el Gobierno para esta población a nivel local. Sin embargo, hay elementos que se quedaron por fuera.
“No hay mucha expectativa frente a la entrada del Estatuto. Lastimosamente, este documento no tiene un concepto integral de regularización para pensar, por ejemplo, las condiciones en materia de seguridad. También hay que considerar que la migración venezolana se da en una situación de altísima pobreza. Muchos de los migrantes LGBTI que llegan, pasan sus primeros momentos en la calle, porque los lugares de acogida no los reciben porque no hay enfoques diferenciales”, señala Castañeda.
Un hecho llamativo es que solo un hogar de acogida en Cúcuta recibe a personas trans, lo que hace que la situación de empobrecimiento de esta comunidad se agudice. Se necesitan políticas migratorias con enfoques diferenciales para garantizar que situaciones así no ocurran y se garanticen los derechos.
“La pobreza y la violencia son dos elementos que el Estatuto no contempla y cuando preguntas al Estatuto por qué no, este responde que es porque simplemente está regularizando y que luego resolverá lo otro”, dice Castañeda.
¿Qué hacer para mejorar las cosas?
Debido a las condiciones particulares que presenta la comunidad LGBTI, hay una lista de recomendaciones para los estados que son receptores de migrantes. Castañeda dice que lo primero que hay que hacer es sensibilizar a todos los funcionarios que están atendiendo los procesos migratorios en Colombia.
“Nosotros venimos documentando que las personas que atienden esos procesos, que dependen de Migración Colombia, no están formadas en derechos humanos y mucho menos en grupos poblacionales. Por eso recibimos con mucha frecuencia quejas de la ciudadanía sobre el maltrato relacionado con este desconocimiento. En 2020, por primera vez, las denuncias de mala atención por parte del Estado no venían de la Policía, sino de los funcionarios de Migración. Así que hay que tener un compromiso para garantizar una buena atención a la ciudadanía, tanto funcionarios de atención presencial como virtual”, dice Castañeda.
En esta misma línea, el llamado a desarrollar programas de formación no solo va para los funcionarios de Migración, sino también para la Policía y la fuerza pública con un enfoque de derechos humanos diferenciado, en orden a que la interacción con personas migrantes y miembros de la comunidad LGBTI se presente sin vulneraciones. También se debe facilitar la ruta para denunciar ataques contra la población migrante LGBTI no solo por parte de funcionarios públicos, sino por toda la sociedad civil con el fin de romper el círculo de invisibilización de estos ataques.
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Por otro lado, no solo hay que asegurar el acceso al tratamiento para el VIH sin condiciones, sino que hay que facilitar la información sobre protocolos de atención para acceder a estos tratamientos. Incluso, un estudio realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello señala que debería ampliarse el espectro de la cobertura de salud más allá de las enfermedades catastróficas para que incluya otras infecciones de transmisión sexual y se instalen programas de salud sexual y reproductiva.
Los gobiernos también deben poner en marcha planes de registro diferenciados para así poder elaborar planes que atiendan a las necesidades específicas de la población LGBTI, algo que, dice Castañeda, no se ha presentado en el gobierno local.
“Los retos que tenemos son muchos y muy grandes, pero para mí uno de los más importantes es hacer incidencia LGBTI en todos los espacios del territorio colombiano y demostrar que no solo somos carnaval, peluqueros y rumbas, también somos profesionales, somos padres y sobre todo familia”, señala Ómar Meza, activista bisexual que hace parte de la corporación Todos Somos Iguales, que trabaja en los Montes de María.