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En la memoria reciente de Chile están el júbilo y la euforia que ocasionó la victoria del plebiscito con el que los chilenos le dijeron sí al inicio del proceso constituyente, con la intención de crear una nueva Carta Magna y de reemplazar el texto actual, heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Las calles de Santiago y de Valparaíso, como de otras ciudades, se llenaron de gente. Desde la Plaza Italia, en la capital del país, se escuchó un aplauso al unísono, el estruendo de los cacerolazos y se sintió el ritmo de las batucadas, mientras que el cielo se iluminó con los fuegos artificiales. Así fue como las 5′885.721 personas que votaron por el “apruebo”, ante la pregunta “¿Quiere usted una nueva Constitución?”, celebraron su triunfo en las urnas. La sensación de ese entonces era la de renacer, como decía un mensaje proyectado desde la torre Telefónica. Sin embargo, hoy parece que en Chile reina otro sentimiento.
“Yo soy de la gran mayoría que votó por una nueva Constitución. Teníamos la esperanza de que el texto fuera representativo, pero dado el clima político en el país, es inadecuado”, le dijo Patricio Rodrigu a W Radio. Y no es solo él el que tiene reparos frente a la nueva Carta Magna, que se enfrentará a un plebiscito el próximo 4 de septiembre. Las encuestas indican que está pesando más el rechazo que el apoyo al nuevo texto. Por mencionar algunos sondeos, Pulso Ciudadano reveló que el 44 % de sus encuestados votaría en contra, mientras que el 33,9 % respaldaría la nueva Constitución. Esta tendencia también se ve en el sondeo de Plaza Pública, que revela que el 46 % de los chilenos se inclina a votar en contra, mientras que el 38 % daría su voto a favor.
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“Esta es una oportunidad que no podemos perder”, dijo Rodolfo Disi Pavlic, profesor de la Universidad de Santiago de Chile, a este diario. Para él, la participación de la sociedad civil y de algunos académicos en el proceso de elaboración del documento rodeó de legitimidad el asunto. Sin embargo, no escatimó en dar algunas críticas. Por ejemplo, aseguró que lo que plantea el texto sobre el sistema político, que dicta la eliminación del Senado y la creación de dos cámaras de poder asimétrico, bajo los nombres de Congreso de Diputados y Diputadas para la Formación de Leyes y la Cámara de las Regiones, puede no ayudar a cumplir ese principio de descentralización al que aspira la nueva Constitución.
Ahora bien, dijo que dentro de la misma Convención Constitucional se gestaron roces y tensiones que avivaron el escepticismo de los chilenos. Mencionó, por ejemplo, el caso de Rodrigo Rojas Vade, el convencional que renunció a su puesto luego de que una investigación periodística revelara que no padecía de cáncer, siendo un recurso que utilizó para consolidar su imagen política, a pesar de que ya era conocido por ser uno de los rostros visibles del estallido social de 2019.
Sin olvidar que, según contó, se les dio más oportunidades a los independientes, “quienes tenían un discurso más combativo y con poca experiencia de llegar a acuerdos con personas que pensaban distinto. Ellos, en cierto sentido, avivaron la conflictividad dentro de la Convención y eso se vio mal desde fuera”. Recordó, además, que varios sectores de la derecha querían dejar la mayor cantidad de artículos de la Constitución vigente en el nuevo texto, y al no tener poder de veto, pues no alcanzaron el tercio para obtener dicho alcance, muchos optaron por “criticar, no colaborar e, incluso, ausentarse”.
Para Germán Campos-Herrera, académico e investigador asociado del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales (ICSO), de la Universidad Diego Portales, el asunto también tiene que ver con que en un principio los chilenos creían que el proceso iba a estar a la altura y que iba a ser neutral, “pero se contaminó de ciertos escándalos por parte de algunos convencionales, lo que dio señales de que las iniciativas estaban respondiendo a intereses propios”. Ahora bien, los escándalos dentro de la Convención y algunas posiciones radicales entre quienes lograron obtener un escaño en ella sí afectaron el proceso pero, según cuenta, las fake news también lo hicieron. “Lo que se decía sobre el exceso de derechos y la expropiación empezó a contaminar la percepción de los chilenos, disminuyendo la credibilidad del proceso constitucional”.
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Lo cierto es que hoy Chile es un país diferente. Al preguntarle si las prioridades de los ciudadanos cambiaron, Disi Pavlic dijo: “El clima social y económico es bastante distinto. Durante el estallido social no teníamos el problema de la inflación que tenemos actualmente. Además, luego de dos años de confinamiento por la pandemia del covid-19, también ha aumentado la delincuencia, y eso ha incrementado la preocupación por la seguridad ciudadana. Estos temas más de sobrevivencia son los que están inquietando a la gente y no tanto los derechos sociales. Ellos dejaron de ser importantes y las prioridades se fueron para otro lado”.
Y las cifras son reflejo de ello: según el sondeo Ipsos, titulado Lo que le preocupa al mundo, publicado en enero de 2022, la principal preocupación de la población chilena son el crimen y la violencia, con un 48 %, seguido de la pobreza y la desigualdad, con un 38 %. La corrupción política y financiera (26 %), la inflación (23 %), el control de la migración y la pandemia (los dos con un 22 %) están también dentro de este grupo de inquietudes. Al respecto, Pablo Alvarado, director de Estudios Públicos en Ipsos Chile, le afirmó al diario digital El Mostrador: “Con el estallido social se incrementó fuertemente la preocupación por la desigualdad y la corrupción. Sin embargo, desde octubre de 2019 hasta la actualidad, ambas inquietudes han mostrado una tendencia a la baja, mientras que nuevos temas, como el control migratorio y la inflación, han ganado interés público”.
Es muy difícil predecir qué va a pasar el día que se someta a votación la nueva Carta Magna. Si gana el apruebo, la cuestión está en cómo cumplir todo lo que está contenido en ella, recordando que el carácter histórico que tiene el documento tiene que ver con los principios de la democracia paritaria y con los del Estado plurinacional. Con respecto a la cantidad de derechos sociales, que es mucho mayor frente a la actual Constitución, una de las críticas que se escucha es hasta qué punto todo esto es aspiracional, hasta qué punto se puede lograr y cuánto va a costar. Porque, como lo mencionó Disi Pavlic, el apruebo ganó en 2020 porque ese voto fue destituyente y, como tal, quiso ir en contra de la política institucional. El miedo ahora es que la Constitución pase a ser más de lo mismo.
Ahora bien, gane o no la aprobación del nuevo texto, lo cierto es que la Carta Magna de 1980 necesita un cambio. Ya se está hablando, por ejemplo, de “Rechazar para reformar”, y frente a ello hay varios escenarios posibles: que se forme una nueva Convención, que haya una comisión de expertos o, incluso, que se delegue la tarea al mismo Congreso. Así, es posible que se inicie un proceso constituyente nuevo o que se hagan reformas más profundas a la Constitución actual, fuertemente criticada por su falta de legitimidad democrática.
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