Denuncian detención de director de ONG que alertó sobre el conflicto en Apure
Javier Tarazona, director de Fundaredes y otros miembros de esa ONG han denunciado la presencia de las Farc en la frontera y han lanzado duros informes en contra del ejército venezolano. Fueron detenidos. ¿Por qué?
La ONG Fundaredes se convirtió en una molestia para el gobierno de Venezuela. Desde hace varios meses su director, Javier Tarazona, comenzó a denunciar la presencia de guerrilleros colombianos en el estado Apure y otras zonas fronterizas; no sólo eso, Tarazona ha sido una voz muy crítica en contra de la respuesta del gobierno a esta presencia y a la respuesta del ejército bolivariano.
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Por eso su detención, junto con otros dos miembros de Fundaredes, desata las alarmas en Venezuela. “Denunciamos la detención de nuestro director general @javiertarazona cuando acudió a la Fiscalía en Coro, estado Falcón [noroccidente] a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios” de la policía regional, el servicio de inteligencia SEBIN y “sujetos sin identificar”, escribió en Twitter Fundaredes, crítica del gobierno de Nicolás Maduro.
Según la denuncia hecha en la cuenta de Twitter de Fundaredes también fueron arrestados los activistas Rafael Tarazona y Ómar García, y el director del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela, Yhonny Romero.
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Cuatro horas antes de la denuncia, el propio Tarazona tuiteó encontrarse en esa sede de la Fiscalía de Coro, en Punto Fijo (Falcón), “denunciando el hostigamiento, con hombres armados” contra él y su equipo “en las últimas horas”.
Fundaredes ha denunciado que el gobierno de Maduro ampara a líderes guerrilleros en territorio venezolano e informó de los enfrentamientos en el estado fronterizo de Apure (oeste) entre agentes venezolanos e irregulares colombianos, antes que las propias autoridades.
El 10 de mayo, dio cuenta del secuestro de ocho militares en la frontera por presuntos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), antes de que las Fuerzas Armadas venezolanas denunciaran el “infame secuestro” días después. Y el 31 de mayo informó de la liberación de estos uniformados.
En esos combates, 16 efectivos de la Fuerza Armada venezolana perdieron la vida, según balances oficiales.
Juan Guaidó reclama su libertad
A las reclamaciones por su liberación se sumaron varios políticos venezolanos como el opositor Juan Guaidó, quien también exigió la liberación de los defensores de derechos humanos. ”Javier Tarazona es un valiente que denuncia la vulnerabilidad de venezolanos en nuestra frontera, debe ser liberado de inmediato”, expresó el opositor en la misma red social.
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El representante de Guaidó ante la Organización de Estados Americanos (OEA), David Smolansky, calificó de “secuestro” el arresto de Tarazona y aseguró que está “desaparecido”.”La labor de Tarazona ha sido impecable denunciando a los grupos irregulares armados en el país. La dictadura es responsable de lo que le suceda”, sostuvo en Twitter.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) reclamó en su cuenta de Twitter la liberación de Tarazona y responsabilizó de su integridad al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz; a la ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, y a la Fiscalía.
Carlos Patiño, abogado de Provea, organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, agregó en su cuenta de Twitter que el pasado jueves la alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, alertó en su informe más reciente sobre Venezuela, la criminalización de ONG y defensores de derechos humanos.
La organización Espacio Público también se unió a la petición de liberación de Tarazona y agregó que “defender los derechos humanos no es un delito”.Asimismo, la ONG Acceso a la Justicia dijo que desconocen el paradero de Tarazona y otros activistas arrestados junto a él, “que tienen medida cautelar de protección emanada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.Por su parte, el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, rechazó “la detención arbitraria” y se sumó a las exigencias de liberación.
La ONG Fundaredes se convirtió en una molestia para el gobierno de Venezuela. Desde hace varios meses su director, Javier Tarazona, comenzó a denunciar la presencia de guerrilleros colombianos en el estado Apure y otras zonas fronterizas; no sólo eso, Tarazona ha sido una voz muy crítica en contra de la respuesta del gobierno a esta presencia y a la respuesta del ejército bolivariano.
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Por eso su detención, junto con otros dos miembros de Fundaredes, desata las alarmas en Venezuela. “Denunciamos la detención de nuestro director general @javiertarazona cuando acudió a la Fiscalía en Coro, estado Falcón [noroccidente] a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios” de la policía regional, el servicio de inteligencia SEBIN y “sujetos sin identificar”, escribió en Twitter Fundaredes, crítica del gobierno de Nicolás Maduro.
Según la denuncia hecha en la cuenta de Twitter de Fundaredes también fueron arrestados los activistas Rafael Tarazona y Ómar García, y el director del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela, Yhonny Romero.
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Cuatro horas antes de la denuncia, el propio Tarazona tuiteó encontrarse en esa sede de la Fiscalía de Coro, en Punto Fijo (Falcón), “denunciando el hostigamiento, con hombres armados” contra él y su equipo “en las últimas horas”.
Fundaredes ha denunciado que el gobierno de Maduro ampara a líderes guerrilleros en territorio venezolano e informó de los enfrentamientos en el estado fronterizo de Apure (oeste) entre agentes venezolanos e irregulares colombianos, antes que las propias autoridades.
El 10 de mayo, dio cuenta del secuestro de ocho militares en la frontera por presuntos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), antes de que las Fuerzas Armadas venezolanas denunciaran el “infame secuestro” días después. Y el 31 de mayo informó de la liberación de estos uniformados.
En esos combates, 16 efectivos de la Fuerza Armada venezolana perdieron la vida, según balances oficiales.
Juan Guaidó reclama su libertad
A las reclamaciones por su liberación se sumaron varios políticos venezolanos como el opositor Juan Guaidó, quien también exigió la liberación de los defensores de derechos humanos. ”Javier Tarazona es un valiente que denuncia la vulnerabilidad de venezolanos en nuestra frontera, debe ser liberado de inmediato”, expresó el opositor en la misma red social.
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El representante de Guaidó ante la Organización de Estados Americanos (OEA), David Smolansky, calificó de “secuestro” el arresto de Tarazona y aseguró que está “desaparecido”.”La labor de Tarazona ha sido impecable denunciando a los grupos irregulares armados en el país. La dictadura es responsable de lo que le suceda”, sostuvo en Twitter.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) reclamó en su cuenta de Twitter la liberación de Tarazona y responsabilizó de su integridad al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz; a la ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, y a la Fiscalía.
Carlos Patiño, abogado de Provea, organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, agregó en su cuenta de Twitter que el pasado jueves la alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, alertó en su informe más reciente sobre Venezuela, la criminalización de ONG y defensores de derechos humanos.
La organización Espacio Público también se unió a la petición de liberación de Tarazona y agregó que “defender los derechos humanos no es un delito”.Asimismo, la ONG Acceso a la Justicia dijo que desconocen el paradero de Tarazona y otros activistas arrestados junto a él, “que tienen medida cautelar de protección emanada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.Por su parte, el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, rechazó “la detención arbitraria” y se sumó a las exigencias de liberación.