Noboa se aferra a los militares y a su popularidad para adelantar reformas en Ecuador

El gobierno de Daniel Noboa llamó a las urnas a los ecuatorianos este domingo con una consulta de 11 preguntas buscando ampliar sus facultades ante una crisis general en el país que parece superar sus capacidades. Tan solo durante la semana previa al plebiscito fueron asesinados dos alcaldes de municipios pequeños en un lapso de tres días. Y el mismo día de la consulta fue asesinado en una cevichería el director de una cárcel. Pese a tener militarizadas las prisiones y estar en un estado de guerra interna desde enero, el conflicto parece estar lejos de cesar en Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa insiste en escudarse en la militarización como respuesta a este conflicto.

El gobierno de Daniel Noboa llamó a las urnas a los ecuatorianos este domingo con una consulta de 11 preguntas buscando ampliar sus facultades ante una crisis general en el país que parece superar sus capacidades. Tan solo durante la semana previa al plebiscito fueron asesinados dos alcaldes de municipios pequeños en un lapso de tres días. Y el mismo día de la consulta fue asesinado en una cevichería el director de una cárcel. Pese a tener militarizadas las prisiones y estar en un estado de guerra interna desde enero, el conflicto parece estar lejos de cesar en Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa insiste en escudarse en la militarización como respuesta a este conflicto.

“Parece que los gobiernos de Latinoamérica recurren a las Fuerzas Armadas como los salvadores de los problemas de seguridad, lo cual, si bien puede ser una medida de último recurso también en términos políticos, busca apoyarse en una institución que goza de mucha popularidad. Este es el caso de Ecuador, y normalmente la ciudadanía va a creer, por un lado, que son más efectivas y, por otro, que van a estar menos propensas a la corrupción en un escenario donde se ha observado la vinculación de policías con el crimen organizado”, explica sobre la tendencia de Noboa Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, quien cita casos como El Salvador o Chile, que han recurrido a sus ejércitos para hacer frente a problemáticas de crimen organizado.

Varias de las preguntas pretenden darle más facultades al ejército, como permitirles actuar en apoyo a la policía sin que tenga que estar mediada la situación por un estado de excepción, como exige la actual Constitución ecuatoriana. O que sea el ejército quien haga el control de los ingresos y salidas de las cárceles de Ecuador, o centros de rehabilitación social, como les llama la consulta. De igual forma, pretende endurecer las penas para los delitos vinculados al crimen organizado y se quiere facultar al Estado en diferentes aspectos, como pasar a ser propietario de los bienes incautados por extinción de dominio. Seis de las preguntas van dirigidas a reformas legales (consulta popular) y cinco a enmiendas constitucionales (referendo).

Rivera afirma que no se está llevando a cabo un debate real sobre las cuestiones que aborda la consulta, solo se le están otorgando facultades al ejército para solucionar todos los problemas. “No se aborda, por ejemplo, cómo fortalecer el sistema penitenciario, qué es lo que requieren los jueces, cómo realizar una evaluación de los jueces y los fiscales, qué tipo de especialización se requiere en los fiscales, en fin, trabajar en una política criminal integral que no se da en Ecuador. Lo que se ha hecho es recurrir a las Fuerzas Armadas para resolver todos estos problemas, que son más de índole de investigación criminal y donde, misionalmente, ellos no pueden actuar sobre el aislamiento regional del gobierno”, apunta.

Frente a este último punto, Rivera hace referencia a la soledad regional a la que quedó expuesto el mandatario de 36 años después de entrar en un conflicto diplomático con México, tras ordenar a las Fuerzas Armadas entrar a la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien hoy sigue preso.

Según Noboa, México le dio un asilo inmerecido al político, quien estaba ad portas de ser procesado por corrupción por tercera vez. Esta incursión desató una tensión diplomática que hoy por hoy sigue en su punto más alto y que causó, entre otras, el rechazo unánime de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sin embargo, para Rivera, pareciera que el efecto interno puede tener réditos para Noboa: “La gente cree que la acción fue adecuada para fortalecer la imagen del Estado. Entonces, aunque la lectura a nivel internacional es grave, y compartida por muchos ecuatorianos y analistas, donde pensamos que la decisión no fue adecuada, esto no fue compartido de la misma manera con el votante en Ecuador. Pues parece que la consulta sí va a tener los efectos esperados”. Noboa llegó a esta consulta con un 69 % de popularidad, según AFP, lo que parece reflejarse en la votación. Una de las preguntas en el plebiscito consultaba directamente al pueblo sobre la aprobación de la extradición de ecuatorianos, medida anteriormente pedida por el presidente Guillermo Lasso, y rechazada por el 52 % de los votantes. Parecía que en estos comicios esa pregunta estaba destinada a ganar.

Según la encuestadora Comunicaliza, el 59 % estaba a favor de implementar la medida y, en efecto, un 72 % de los votantes dieron el visto bueno a la propuesta. El presidente abrió la jornada asegurando que “definirá el rumbo y la política de Estado que tomaremos para poder afrontar el reto de luchar contra la violencia y el crimen organizado”. En otras palabras, les entregó el rumbo de los 18 meses que le quedan de mandato a las reformas que pueda lograr tras el plebiscito.

Todo esto puede leerse como una refrendación de la popularidad de Noboa para buscar la reelección. Vale la pena recordar que fue elegido para un período de transición que terminará a inicios de 2025, cuando deberá asumir un nuevo mandatario para un período completo. Para Rivera, en todo caso, con las medidas aprobadas en la consulta, tomarán tiempo en aplicarse y cualquier cambio no será inmediato.

“Sobre la tenencia y el porte de armas, esto ya está tipificado en el Código Penal, y su discusión no va a generar cambios sustanciales. Lo mismo ocurre con la entrega de armas a la policía y las Fuerzas Armadas, ya que existió una resolución de la Corte Nacional de Justicia al respecto. Otras preguntas en las que se menciona el aumento de penas o la necesidad de jueces especializados en materia de crimen organizado son temas importantes, pero, si llegan a ser efectivos, llevará tiempo. Un efecto indirecto de esto es cómo va a generar un hacinamiento carcelario en un entorno donde el crimen organizado desde las cárceles es un desafío adicional”, afirma.

Al cierre de esta edición la tendencia era el respaldo a las propuestas con resultados preliminares que las refrendaban por encíma del 70% a nueve de las 11 preguntas. Esto es, sin duda, un respiro necesario para un gobierno que enfrenta una crisis generalizada: aislamiento internacional, conflicto interno y una grave crisis energética con indicios de corrupción. Esta crisis energética provocó la suspensión de la jornada laboral el jueves y el viernes antes de la consulta, debido a severos cortes de energía.

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