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Son tiempos recios en Perú. La sucesión de fugaces mandatos presidenciales durante la última década es una muestra de ello. En tan solo 10 años, siete personas han ocupado la casa de Gobierno en Lima bajo la retórica de las promesas. Pedro Castillo, el penúltimo jefe de Estado que tuvieron los peruanos, prometió acordarse de las regiones “olvidadas” del sur antes de ser encarcelado.
Ahora Dina Boluarte, que apenas se posesionó juró darle “oportunidad y acceso […] a los nadies”, acaba de cumplir los primeros tres meses de mandato en un país que ella misma reconoce como “la democracia más frágil de Latinoamérica”.
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El tercer mes de mandato de Boluarte se cumplió en medio de una investigación que mantiene la Fiscalía de Perú en su contra. Citada desde hace algunos días por el Ministerio Público, Boluarte acudió en la mañana de este martes a la sede judicial en Lima para explicar cuál ha sido su responsabilidad en los delitos “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” contra los ciudadanos que hace tres meses se manifiestan en su contra.
Boluarte, quien llegó a la vicepresidencia de la mano de su fórmula Pedro Castillo, cumplió su función constitucional de reemplazar al presidente el 7 de enero luego que Castillo intentara disolver el Congreso y gobernar mediante un estado de excepción, razones que le valieron la destitución como presidente.
Desde aquel entonces, la primera mandataria de Perú ha enfrentado manifestaciones en contra de su administración, considerado por los marchantes como “ilegítimo”. Durante este período, más allá de protestas que exigen una reforma constitucional o la renuncia de Boluarte, las autoridades han registrado 54 muertos a causa de las marchas.
A esta cifra se han sumado seis soldados que murieron ahogados en un río el fin de semana cuando intentaban huir de campesinos que los atacaron con piedras en Puno, epicentro de las protestas.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, también se han registrado 1.300 heridos, casi la mitad de ellos uniformados.
De acuerdo con el órgano judicial, Boluarte fue llamada dentro del “caso de las muertes de ciudadanos ocurridas durante las movilizaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023″.
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Esta pesquisa judicial se abrió el 10 de enero de este año debido a la gran cantidad de heridos en regiones como Apurímac, La Libertad, Puno o Junín, zonas donde según alertan organismos de derechos humanos, ha habido mayor represión y agresiones policiales en medio de manifestaciones.
Boluarte tiene “toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto, dijo su abogada defensora Kelly Montenegro al diario El Comercio.
“Nosotros vamos a cumplir con todo lo que disponga el Ministerio Público”, dijo la defensora.
Boluarte había dicho el viernes que “yo estaré asistiendo con sumo agrado para contestar las preguntas que me hicieran”.
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