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Buscar medios para cubrir sus necesidades básicas, la falta de empleo, las violaciones de derechos humanos o reunificarse con sus familias son solo algunas de las motivaciones que han llevado a 7,1 millones de venezolanos a emigrar de su país. En el caso de los migrantes y refugiados con discapacidad, a estas razones se suman las dificultades para acceder a servicios de atención y rehabilitación en su país.
Ese es el caso de Julimar Pirela, quien dejó Venezuela en 2019 por recomendación de su médico. “Decidí salir del país porque soy paciente renal y necesitaba inmunosupresores, que ya no llegaban a mi país”. Sin embargo, en su tránsito hacia Chile notó cómo ser una mujer negra, migrante y con una discapacidad la exponía a más discriminaciones.
“Aunque ser profesional abre un poco las puertas, cuesta, es un reto ser migrante con discapacidad porque las empresas buscan a personas convencionales. No es fácil que le den oportunidad a uno como persona con discapacidad. Hay que demostrar, pero para eso necesitamos esa primera oportunidad”, explica Pirela, quien tuvo que trabajar en cosechas de frutas hasta que su salud se lo permitió, pese a ser licenciada en recursos humanos.
Inclúyeme, una organización que le apuesta a la inclusión laboral de personas con discapacidad en Latinoamérica, desde 2020 emprendió un proyecto en Argentina y Chile pensado en mejorar las condiciones laborales y la empleabilidad de personas migrantes con discapacidad. Además de participar en capacitaciones, Pirela logró encontrar un empleo formal en su área de trabajo mediante la bolsa de empleo de esa organización.
Clara Popeo, social innovation manager de Inclúyeme, explica que el proyecto, que esperan replicar en Colombia, se centra en hacer un diagnóstico de la población migrante con discapacidad, capacitarlos y acompañar su proceso para conseguir un empleo que les garantice una sostenibilidad básica.
“Aunque nos enfocamos en las capacitaciones a personas con discapacidad en el sector de la tecnología, con este proyecto estamos desarrollando formaciones en las habilidades que las empresas necesitan para acelerar su inserción laboral”, explica Popeo.
Pero la discriminación por discapacidad no es la única a la que deben enfrentarse, pues en muchos casos hay una discriminación múltiple, donde refugiados y migrantes se ven segregados por su país de origen, su raza o género. Una mujer venezolana con discapacidad visual le relató a Acnur su experiencia: “A las personas con discapacidad las ven con lástima en Ocaña. A los venezolanos no los quieren. Por mi acento más parecido al colombiano, a veces paso por colombiana. Mi acento me ha servido para evitar ser discriminada por ser venezolana”, relató para el informe “Discapacidad y movilidad humana” presentado por Acnur.
La violencia que recibe esta población se intensifica especialmente contra las mujeres, las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores que, además de ser discriminados por algunas personas de los lugares que los acogen o por los que transitan, también han enfrentado una violencia institucional cuando se les niega el acceso a derechos como salud, trabajo, justicia, educación o vivienda.
El 5 de agosto de 2020, Emberly Castro Peña recuerda que estaba reunida frente a la casa de su tía con su familia en Riohacha, donde había llegado hace un poco más de un año junto con su mamá y su hijo en busca de mejores oportunidades para su familia. “Era día de toque de queda, nadie podía salir, pasaron unos malandros que habían robado, pasaron haciendo tiros al aire, yo iba saliendo de la casa y agarré una bala perdida”, recuerda.
Tenía 20 años y todavía no había regularizado su situación en el país. Los médicos le negaron la atención, pese a que estaba herida. Cuenta que sus familiares lucharon y buscaron a alguien que les ayudara para que fuera atendida. Finalmente, cuando recibió una cirugía de urgencia, le apuntaron su pierna derecha. “El doctor me puso a elegir entre mi vida o mi pie, preferí perder el pie con tal de seguir acompañando a mi mamá y a mi hijo”.
Ánderson Henao, investigador social y activista por los derechos de las personas con discapacidad, explica que en los casos en que la discapacidad se origina durante el tránsito de las personas hacia otro país o durante su asentamiento en otro lugar las estigmatizaciones se intensifican con comentarios como “quién lo mandó a pasar por la trocha”, “mejor se hubiera quedado en su país”.
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El caso de Castro llegó a la organización Humanity & Inclusion, que brinda acompañamiento psicosocial, servicios de salud y rehabilitación a personas en condiciones de vulnerabilidad alrededor del mundo, pero en su trabajo en Latinoamérica ha hecho énfasis en la población con discapacidad.
La joven fue candidata para recibir una prótesis por parte de esa organización. Después de acudir a sesiones de seguimiento y rehabilitación, y monitoreos virtuales durante la pandemia después de la cirugía, en enero de 2021 recibió la prótesis con la que esperaba “poder volver a caminar, a hacer mis cosas, trabajar”.
Su historia muestra otro factor que no solo vulnera sus derechos, sino los de su familia. Las mujeres, de acuerdo con el informe de Acnur, en la mayoría de los casos son las encargadas de cuidar a las personas con discapacidad, lo que limita sus actividades laborales y reduce los ingresos del hogar. En las familias donde son las encargadas del sustento, como Castro, los recursos económicos son todavía menores, en ocasiones nulos, y el costo de vida aumenta. “Las ayudas técnicas como sillas de ruedas, caminadores, bastones, prótesis, órtesis, etc., así como las terapias y los medicamentos, son de alto costo; las adecuaciones de accesibilidad y el uso de transporte accesible para desplazamientos a los servicios de salud, por ejemplo, representan un gasto adicional”, se afirma en el informe, y agrega que no contar con afiliación al sistema de salud afecta más a esta población.
Nicola Momentè, director para América Latina de Humanity & Inclusion, analiza que “un valor agregado que tiene Colombia frente a otros países de la región es la facilidad de regularización de los migrantes. Ese es un avance para atender de forma transversal a quienes además de esta condición tienen algún tipo de discapacidad”.
De acuerdo con Migración Colombia, de más de 2,5 millones de migrantes venezolanos que están en el país, alrededor de 300.000 están pendientes de regularización con el Estatuto Temporal de Protección (PEP). Durante 2023, Momentè cuenta que, de la mano con Acnur, esperan acompañar el proceso de regularización de 70.000 migrantes en 27 municipios del país y ampliar su cobertura a Norte de Santander y Nariño. Actualmente operan en Bogotá, Medellín y La Guajira.
La misión pendiente en Colombia
Si bien las organizaciones internacionales destacan los avances del país para atender a la población migrante, llegar a quienes dentro de este grupo tienen alguna discapacidad todavía representa un reto, pues la caracterización que se ha hecho no tiene en cuenta este enfoque.
Por ejemplo, el Sistema Integrado de Información de Violencias de Género (Sivige), del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, señala que la condición de migración a partir del momento del tránsito incrementa la vulnerabilidad de mujeres y niñas a ser víctimas de algún tipo de violencia de género, se ven expuestas a trata de personas, violencia sexual o explotación sexual y laboral; sin embargo, no se detalla el doble riesgo al que se enfrentan al ser mujeres migrantes con discapacidad.
En un acercamiento por caracterizar a esta población, un informe del Consejo Danés para Refugiados sobre la situación de migrantes y refugiados con discapacidad en América Latina ha cubierto, desde enero de 2020, a 35.935 personas migrantes, de las cuales el 8 % tiene alguna discapacidad visual, auditiva o física. De ese porcentaje, más del 60 % de las personas con discapacidad refugiadas y migrantes son mujeres.
“Necesitamos datos confiables para atender a esta población, saber dónde están y las necesidades particulares que puedan tener y profundizar en otros tipos de discapacidad que no están presentes. La discapacidad más invisibilizada, y que también afecta a migrantes y refugiados, es la discapacidad psicosocial, que es provocada, entre otras, por sucesos de depresión, de angustia, de desesperanza, pero de esto todavía no estamos hablando”, asevera Henao.
Para mejorar el proceso de caracterización, y posterior atención de la población migrante con discapacidad, el informe de Acnur recomienda la armonización del Marco Normativo Migratorio, que ya existe, con el Marco Normativo y Legal de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para garantizar una mirada interseccional al atender a esta población.
Por su parte, Momentè explica que es importante agregar un enfoque diferencial de discapacidad en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), con variables que permitan establecer si quien está registrada es o no una persona con discapacidad.
Un ejemplo de esa caracterización es la política global de Acnur denominada Política de Edad, Género y Diversidad (EGD), que incluye la discapacidad como enfoque diferencial en la ayuda humanitaria. “El enfoque diferencial de discapacidad implica accesibilidad en los servicios e instalaciones de las organizaciones que brindan ayuda humanitaria. Las organizaciones del sector humanitario que empiezan a incorporar el enfoque de discapacidad en sus acciones han comprendido que la accesibilidad es un requisito fundamental para garantizar una atención inclusiva”, explica Acnur.
“El hecho de que se haya transversalizado el enfoque hacia las personas con discapacidad desde el Ministerio de la Igualdad muestra unas buenas bases para que el Gobierno logre encontrar personas preparadas en las distintas entidades y que este enfoque interseccional que tenga en cuenta a migrantes y refugiadas con discapacidad permita brindar una atención integral”, comenta Momentè.
Hasta el 30 de diciembre de 2022 la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad funcionó como la mayor instancia del Sistema Nacional de Discapacidad (SND). No obstante, desde este año la Oficina del Despacho de la Vicepresidencia, en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez, asumirá la administración del SND dentro del Ministerio de la Igualdad. El equipo que atenderá a la población con discapacidad, y entre ellos a migrantes y refugiados en esa condición, será diferente al que venía funcionando en la Consejería, pero al momento de esta publicación no había sido presentado oficialmente.
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