Doce ONG americanas piden al Grupo de Lima medidas efectivas ante crisis migratoria de venezolanos
En un comunicado emitido esta mañana insistieron: "reafirmamos el derecho humano a la asistencia humanitaria pero, a la vez, hacemos un llamado para que estas ayudas no sean instrumentalizadas, con otros fines, por parte de los gobiernos".
* Redacción El Espectador
Doce organizaciones eque promueven la defensa de los derechos humanos en el continente americano publicaron esta mañana un comunicado dirigido al Grupo de Lima, reunido en Bogotá para hacer seguimiento a la crisis agravada desde el fin de semana en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Dice el manifiesto: "La presente comunicación tiene como propósito, compartir nuestra inquietud sobre el poco avance que se observa en la región para superar los obstáculos migratorios impuestos a las personas provenientes de Venezuela.
Durante los días 3 y 4 de septiembre de 2018, representantes de diversos países[1] se reunieron en la ciudad de Quito con el objeto de avanzar en acuerdos para dar respuestas coordinadas a la crisis de movilidad humana venezolana. Uno de los acuerdos de la reunión fue “acoger los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios”. Sin embargo, hasta la fecha, este acuerdo no se ha traducido en medidas administrativas específicas que permitan su puesta en marcha. Por el contrario, prevalecen las disposiciones que restringen el ingreso de venezolanos en diversos países, e incluso la adopción de nuevas decisiones que implican mayores barreras para el acceso de personas que requieren protección internacional a los países de acogida. (Más de la crisis: Grupo de Lima no apoya intervención militar).
Los Estados miembros del Grupo de Lima son conscientes de que la crisis político-institucional y humanitaria que padece Venezuela no será superada en el corto plazo y que, mientras esta persista, el flujo de personas se mantendrá y aumentará, por lo que urge la adopción de medidas duraderas, coordinadas, de largo plazo y desde una perspectiva de protección a favor de las personas provenientes de Venezuela.
En tal sentido, solicitamos respetuosamente al Grupo de Lima que incluya en la declaración final de la reunión en Bogotá, un exhorto a los países de acogida de personas provenientes de Venezuela para la adopción inmediata de medidas administrativas y de otra índole para facilitar el acceso de estas personas a sus territorios, así como para adelantar directrices de ingreso de manera consensuada y articulada, de tal manera que no se sigan presentando exigencias contradictorias entre sí para el ingreso en diferentes países como, por ejemplo, en materia de verificación de registros policiales.
Por otra parte, valoramos las referencias constantes del Grupo de Lima a la emergencia humanitaria compleja que sufre Venezuela y nos preocupa la tendencia creciente a la instrumentalización de la ayuda con fines ajenos a los principios humanitarios, lo cual está creando un escenario de mayor confrontación que trae como consecuencia la criminalización y persecución de los trabajadores humanitarios que históricamente vienen desarrollando actividades en Venezuela[2].
Por tal motivo, solicitamos respetuosamente al Grupo de Lima que incluya en la declaración final de la reunión en Bogotá, un párrafo rechazando la criminalización de los trabajadores humanitarios y exhortando a todos los países a abstenerse de instrumentalizar la ayuda con fines distintos al humanitario, a fin de evitar más efectos negativos hacia los destinatarios finales, que son las personas más vulnerables de la población venezolana.
Sin más a qué hacer referencia, aprovechamos la ocasión para reiterarles nuestros sentimientos de alta estima, agradeciendo sus esfuerzos por contribuir al restablecimiento de la democracia en Venezuela, mediante mecanismos que privilegien las opciones pacíficas por encima del uso de la fuerza, a través de acciones multilaterales consensuadas y sensibles ante los posibles efectos negativos sobre los derechos de quienes habitan Venezuela".
Atentamente,
Acceso a la Justicia – Venezuela
Acción Solidaria – Venezuela
Centro de Derechos Humanos, Universidad Católica Andrés Bello – Venezuela
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil – Regional
Civilis Derechos Humanos – Venezuela
Conectas Direitos Humanos – Brasil
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú
Dejusticia – Colombia
Instituto Migrações e Direitos Humanos – Brasil
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea – Venezuela
Red Jesuita con Migrantes LAC – Regional
Washington Office on Latin America – WOLA – EEUU Regional
[2] Ver (a) Comunicado suscrito por 128 organizaciones de la sociedad civil venezolana en relación con el allanamiento ilegal y la detención arbitraria de representantes de la Fundación Manos Amigas por la Vida (Fundación Mavid) y la confiscación de antirretrovirales y fórmulas lácteas para madres en gestación y niños con VIH/SIDA, por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en Valencia, Estado Carabobo, el 15 de febrero de 2019; (b) Resumen del caso de detenciones de médicos, farmaceuta y empleados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el estado Táchira.
Doce organizaciones eque promueven la defensa de los derechos humanos en el continente americano publicaron esta mañana un comunicado dirigido al Grupo de Lima, reunido en Bogotá para hacer seguimiento a la crisis agravada desde el fin de semana en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Dice el manifiesto: "La presente comunicación tiene como propósito, compartir nuestra inquietud sobre el poco avance que se observa en la región para superar los obstáculos migratorios impuestos a las personas provenientes de Venezuela.
Durante los días 3 y 4 de septiembre de 2018, representantes de diversos países[1] se reunieron en la ciudad de Quito con el objeto de avanzar en acuerdos para dar respuestas coordinadas a la crisis de movilidad humana venezolana. Uno de los acuerdos de la reunión fue “acoger los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios”. Sin embargo, hasta la fecha, este acuerdo no se ha traducido en medidas administrativas específicas que permitan su puesta en marcha. Por el contrario, prevalecen las disposiciones que restringen el ingreso de venezolanos en diversos países, e incluso la adopción de nuevas decisiones que implican mayores barreras para el acceso de personas que requieren protección internacional a los países de acogida. (Más de la crisis: Grupo de Lima no apoya intervención militar).
Los Estados miembros del Grupo de Lima son conscientes de que la crisis político-institucional y humanitaria que padece Venezuela no será superada en el corto plazo y que, mientras esta persista, el flujo de personas se mantendrá y aumentará, por lo que urge la adopción de medidas duraderas, coordinadas, de largo plazo y desde una perspectiva de protección a favor de las personas provenientes de Venezuela.
En tal sentido, solicitamos respetuosamente al Grupo de Lima que incluya en la declaración final de la reunión en Bogotá, un exhorto a los países de acogida de personas provenientes de Venezuela para la adopción inmediata de medidas administrativas y de otra índole para facilitar el acceso de estas personas a sus territorios, así como para adelantar directrices de ingreso de manera consensuada y articulada, de tal manera que no se sigan presentando exigencias contradictorias entre sí para el ingreso en diferentes países como, por ejemplo, en materia de verificación de registros policiales.
Por otra parte, valoramos las referencias constantes del Grupo de Lima a la emergencia humanitaria compleja que sufre Venezuela y nos preocupa la tendencia creciente a la instrumentalización de la ayuda con fines ajenos a los principios humanitarios, lo cual está creando un escenario de mayor confrontación que trae como consecuencia la criminalización y persecución de los trabajadores humanitarios que históricamente vienen desarrollando actividades en Venezuela[2].
Por tal motivo, solicitamos respetuosamente al Grupo de Lima que incluya en la declaración final de la reunión en Bogotá, un párrafo rechazando la criminalización de los trabajadores humanitarios y exhortando a todos los países a abstenerse de instrumentalizar la ayuda con fines distintos al humanitario, a fin de evitar más efectos negativos hacia los destinatarios finales, que son las personas más vulnerables de la población venezolana.
Sin más a qué hacer referencia, aprovechamos la ocasión para reiterarles nuestros sentimientos de alta estima, agradeciendo sus esfuerzos por contribuir al restablecimiento de la democracia en Venezuela, mediante mecanismos que privilegien las opciones pacíficas por encima del uso de la fuerza, a través de acciones multilaterales consensuadas y sensibles ante los posibles efectos negativos sobre los derechos de quienes habitan Venezuela".
Atentamente,
Acceso a la Justicia – Venezuela
Acción Solidaria – Venezuela
Centro de Derechos Humanos, Universidad Católica Andrés Bello – Venezuela
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil – Regional
Civilis Derechos Humanos – Venezuela
Conectas Direitos Humanos – Brasil
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú
Dejusticia – Colombia
Instituto Migrações e Direitos Humanos – Brasil
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea – Venezuela
Red Jesuita con Migrantes LAC – Regional
Washington Office on Latin America – WOLA – EEUU Regional
[2] Ver (a) Comunicado suscrito por 128 organizaciones de la sociedad civil venezolana en relación con el allanamiento ilegal y la detención arbitraria de representantes de la Fundación Manos Amigas por la Vida (Fundación Mavid) y la confiscación de antirretrovirales y fórmulas lácteas para madres en gestación y niños con VIH/SIDA, por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en Valencia, Estado Carabobo, el 15 de febrero de 2019; (b) Resumen del caso de detenciones de médicos, farmaceuta y empleados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el estado Táchira.