El primer cargo penal contra Donald Trump podría ser por el pago a una actriz porno
El expresidente republicano afronta una gran variedad de investigaciones. Sin embargo, los medios estadounidenses aseguran que el pago que se hizo a Stormy Daniels, una integrante de la industria pornográfica que aseguró tener relación con Trump, sería la primera ocasión en que un exmandatario de Estados Unidos observe un proceso en su contra en calidad de imputado.
Dentro de la gran variedad de procesos que enfrenta Donald Trump con la justicia estadounidense, hay una cuenta pendiente que podría llevarlo a ser el primer expresidente en ser acusado con cargos penales. Al republicano, que fungió en la Casa Blanca entre 2017 y 2021, se le ofreció la opción de testificar ante un jurado de Manhattan por haber pagado US$130.000 a una actriz porno a cambio de su silencio.
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Dentro de la gran variedad de procesos que enfrenta Donald Trump con la justicia estadounidense, hay una cuenta pendiente que podría llevarlo a ser el primer expresidente en ser acusado con cargos penales. Al republicano, que fungió en la Casa Blanca entre 2017 y 2021, se le ofreció la opción de testificar ante un jurado de Manhattan por haber pagado US$130.000 a una actriz porno a cambio de su silencio.
Así lo señaló la oficina de la Fiscalía de Manhattan, de Nueva York, que informó a los abogados de Trump que su cliente podría enfrentar uno de los procesos en su contra en condición de acusado con cargos penales. Según el New York Times, esta versión la respaldaron cuatro personas que tienen conocimiento del caso.
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El caso Stormy Daniels
La historia se remonta desde 2006, período en que Stormy Daniels, una mujer que trabaja dentro de la industria pornográfica aseguró haber tenido relaciones con Donald Trump, que en ese entonces aireaba ideas de postularse a la gobernación de Nueva York, además de ser la cabeza del show televisivo The Apprentice.
De acuerdo con el Times, “los fiscales podrían argumentar que el pago […] se convirtió en una donación indebida”, razón por la cual Trump habría violado la ley electoral y notificado a propósito las cifras de campaña de manera errónea.
La actriz y productora de pornografía expresó en 2011 en diálogo con In Touch Weekly que Trump la invitó a cenar en el Lago Tahoe, escenario en el que, según ella, hubo relaciones sexuales. Estas afirmaciones han sido negadas “vehementemente” por los abogados del expresidente en repetidas ocasiones.
Sin embargo, no fue sino hasta 10 años después que los tribunales de estadounidenses empezaron a prestar atención a lo que hasta ese entonces eran rumores. En 2016, meses antes de que se abrieran los comicios en que Trump se enfrentó y le ganó a la demócrata Hillary Clinton, Daniels amenazó con divulgar la historia que tuvo una década atrás con el republicano.
A pocos días de que se decidiera quién sería el próximo presidente en ocupar la Casa Blanca desde 2017, el Wall Street Journal aseguró que Daniels había negociado con la cadena televisiva ABC para difundir la supuesta aventura sexual que mantuvo con Trump.
Es importante aclarar que en dado caso que se demuestre que Trump tuvo injerencia directa en el pago a Daniels, este no significaría un delito. Un ciudadano puede hacer cualquier trámite financiero y eso no implica haber infringido la carta magna. Sin embargo, lo que busca la Fiscalía es demostrar que el entonces candidato republicano tenía “intención de defraudar” a sus electores al querer ocultar el supuesto escándalo sexual. Además, también está sobre la mesa determinar que el dinero que se utilizó en el pago era proveniente de la campaña presidencial “Save America”, que encabezó Trump para llegar a presidir Estados Unidos.
Este caso, que para algunos legisladores de EE. UU. tiene similitudes con el escándalo sexual entre Bill Clinton y Mónica Lewinsky, una becaria que trabajó en la Casa Blanca a finales de la década de los 90. Si bien Trump fue enfático en que inicialmente no tuvo ninguna relación con Daniels, también rechazó en primer lugar que tuviera conocimiento alguno del pago que se le hizo a la actriz porno.
¿El primer expresidente en ser juzgado?
Aunque este proceso contra Donald Trump sea el de más larga duración que existe en su contra, medios locales señalan que hay indicios para pronosticar que el republicano sí sería acusado. El New York Times, por su parte, indica que es común que antes de que un ciudadano sea acusado, el jurado le ofrezca la posibilidad de testificar.
“Tales ofertas casi siempre indican que una acusación está cerca”, explica el medio de Nueva York. De acuerdo con el periódico, “sería inusual que el fiscal de distrito, Alvin Bragg, notifique a un posible acusado sin finalmente presentar cargos en su contra”.
Esta versión se complementa con la que ofrece el Washington Post. Para el diario de la capital, la oferta que se le hizo a Trump es una prueba que “la investigación está a punto de finalizar”, no sin antes endilgar cargos en contra de alguien, ya sea el expresidente o alguna de las personas que estuvieron involucradas en el “caso Stormy Daniels”.
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En Nueva York, vale la pena aclarar, cuando una acusación penal está a punto de ser emitida, los fiscales dan la posibilidad a los acusados de aclarar cuál fue su responsabilidad o protagonismo en los delitos que se le achacan. En más de una ocasión, estas declaraciones en el banquillo de interrogatorios funcionan tanto para mejorar la imagen del acusado frente al jurado, como para complicar su situación legal en un futuro.
Por ejemplo, antes de que la organización Trump fuera encontraba culpable de haber cometido 17 delitos de fraude fiscal, un tribunal de Nueva York hizo un proceso semejante: interrogó a personas vinculadas, procedió a imputar a Allen Weisselberg, funcionario de la compañía, y tras varios meses de juicio, dictó sentencia.
El abogado Cohen, ficha clave en el tablero judicial
Una de las piezas claves en el rompecabezas de la posible acusación contra Trump es Michael Cohen, uno de sus antiguos abogados. Cohen, calificado por el New York Times como la persona que “hizo el trabajo sucio” del expresidente, tuvo un protagonismo “clave” en el pago a la actriz porno.
Cohen, según las revelaciones de los fiscales y los medios estadounidenses, fue el encargado de hacer el pago directamente a Daniels. El abogado fue condenado en 2018 a tres años de cárcel por haber aceptado su responsabilidad en el desembolso de dinero y de cumplir su “ciega lealtad a Trump” encubriendo “sus sucias acciones”, según expuso antes de declarase culpable.
El apoderado del expresidente aceptó que hizo el pago. Aunque la transacción “a la señorita Clifford (Stormy Daniels) fue legal, no provino de las donaciones a la campaña ni de los gastos de la campaña presidencial”, explicó.
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En un primer momento, Trump negó cualquier conocimiento tanto del origen del dinero destinado a la actriz porno como de las actuaciones de Cohen. Sin embargo, a medida que Daniels contaba más detalles sobre cómo recibió los US$130.000, Trump se contradijo, explicando que su abogado sí hizo el pago, pero al mismo tiempo catalogó cualquier hallazgo como una “cacería de brujas” partidista en su contra. Incluso uno de sus portavoces tildó al fiscal Bragg, quien decidirá si se le acusa o no, de ser una “vergüenza para la ciudad de Nueva York”.
¿Qué puede suceder?
El proceso ya ha escuchado al menos a seis testigos importantes para determinar cuál será el futuro judicial de Trump. El New York Times afirma que puede haber dos escenarios claros para el expresidente. El primero: que sus abogados se reúnan con la Fiscalía para “evitar cargos penales”, motivo por el cual quedaría absuelto de este proceso. El segundo: que haya una acusación penal formal contra el republicano. Este escenario no implica necesariamente que Trump sea condenado o enviado a una cárcel, según cuenta el medio.
“El caso contra Trump depende de una teoría legal no probada, y por lo tanto, arriesgada que involucra una compleja interacción de leyes, todas ellas equivalentes a un delito grave de bajo nivel (como lo es violar las leyes electorales”, asegura el diario. “Si Trump finalmente fuera condenado, enfrentaría una sentencia máxima de cuatro años, aunque el tiempo en prisión no sería obligatorio”, explica el New York Times.
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