Un dron con explosivos aterrizó sobre el techo de La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, a similitud del atentado ocurrido en septiembre del año pasado, cuya explosión destrozó la cubierta de esta prisión, situada en la ciudad de Guayaquil.
En un comunicado, el Gobierno afirmó que logró frustrar el atentado, que según el Ejecutivo tenía la finalidad de inhabilitar este centro, donde se encuentran algunos de los presos más importantes del país, entre ellos Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa.
El dron apareció a primera hora de la mañana y activó a grupos especiales de la Policía Nacional para responder a esta repentina amenaza contra La Roca, que forma parte del complejo carcelario de Guayaquil, un conjunto de cinco prisiones en la que hay recluidos alrededor de 12.000 reos.
“En estos momentos se evalúa la mejor ruta de acción: explosión controlada o desarticulación in situ”, informó el Bloque de Seguridad del Gobierno ecuatoriano, que integra a los ministerios de Interior y Defensa Nacional, así como a la Policía y las Fuerzas Armadas.
En septiembre del año pasado también llegó un dron con explosivos a este complejo. Su explosión controlada por parte de las fuerzas de seguridad destrozó el techo de la cárcel, que quedó inhabilitada durante varios meses hasta reparar los daños. Esto causó el traslado de los presos a otras prisiones, entre ellos José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, la banda criminal más grande y antigua que opera en Ecuador.
Él regresó a la Cárcel Regional de Guayaquil, que se encontraba dominada por Los Choneros, y desde esta se escapó entre finales de 2023 e inicios de 2024, sin que ahora se conozca su paradero. El líder criminal cumplía una condena de 34 años de cárcel por narcotráfico, asesinato y asociación ilícita.
Desde inicios de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, a la vez que decretó un estado de excepción con el que, entre otras acciones, militarizó las cárceles controladas por estas organizaciones.
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