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El enviado especial de la Unión Europea (UE) para la paz en Colombia, Eamon Gilmore, quien está de visita en el país desde el pasado 17 de junio para conocer la profundidad el estallido social que se vive en Colombia, así como el avance en la implemetación del acuerdo de paz, manifestó la preocupación por el asesinato de manifestantes durante las protestas de las últimas semanas en el país. Gilmore pidió una investigación profunda de los hechos.
“He expresado a todas las personas con las que me he reúnido en el país, la preocupación de la UE por la violencia en el marco de la protesta. Yo mismo me he escandalizado al saber que le han disparado a manifestantes, y que muchos han muerto. Por eso, reiteré el llamado de la UE para que se investigue a fondo este incidente y que los responsables rindan cuentas”, dijo Gilmore durante una rueda de prensa.
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Además de reunirse con Duque, Gilmore, que también ejerce como representante especial de la UE para los derechos humanos, se sentó con otros altos funcionarios como Emilio Archila, consejero para la Estabilización; Juan Camilo Restrepo Gómez, comisionado de Paz, y el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía. También conversó con representantes del Comité Nacional del Paro, y se reunió con representantes de los jóvenes de Cali.
“En mi discusión con ellos (con los represenantes del Comité del Paro), subrayé la importancia del diálogo para llegar a acuerdos”, agregó.
Las movilizaciones en Colombia comenzaron el 28 de abril contra un proyecto de reforma tributaria del presidente Iván Duque, que insiste en que las protestas, ya disminuidas, deben ser pacíficas y sin bloqueos de vías públicas que han causado millonarias pérdidas económicas al país y destrucción de numerosas infraestructuras.
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Las protestas dejan, según organizaciones de derechos humanos, unas 74 víctimas mortales, al menos 20 de ellas por disparos de la Policía, mientras que la Fiscalía vincula a las manifestaciones 20 fallecidos.
“Todo gobierno debe respetar los derechos humanos, que son universales e incluyen la libertad de expresión, la libertad de reunión, y el derecho a protestas pacíficas. Las manifestaciones en sí mismas deben ser pacíficas, y la gestión y manejo de estas debe realizarse de manera proporcional”, agregó Gilmore.
Desde que arrancaron las protestas, el país está bajo la lupa de la comunidad internacional, que denunció excesos de la fuerza pública en la represión de las manifestaciones así como actos de vandalismo. Congresistas de Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, así como organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y centros de análisis han condenado los hechos violentos durante el Paro Nacional.
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El colombiano Juan González, director para el hemisferio occidental del Departamento de Estado de EE. UU., aseguró en mayo en su cuentan de Twitter que “el derecho a la protesta pacífica es una libertad fundamental. La destrucción innecesaria no lo es. La violencia que pone en peligro vidas no lo es. Y la observancia adecuada de los estándares de uso de la fuerza NO es negociable”.
Otros colombianos en Estados Unidos también se pronunciaron en mayo. Jessica Ramos, la senadora estatal por Nueva York, de origen colombiano, aseguró en su cuenta de Twitter: “Despertar para ver graves violaciones de derechos humanos en Colombia, especialmente en Palmira y Cali, donde vive la familia de mi padre. El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) está siendo acusado de matar al menos a 35 personas, 31 personas están desaparecidas, cientos detenidas y una mujer violada”.