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Ecuador tiene lo que el narcotráfico desea: un bajo perfil. La tasa de homicidios se ubicaba por debajo del promedio de la región y, sin carteles ni organizaciones criminales grandes que hicieran ruido como en Colombia y México, la atención sobre el tráfico de drogas en la región se centró en los productores y en los países más violentos. Mientras tanto, Ecuador permanecía como el país de tránsito más importante para las rutas de droga en el continente.
La relación de Ecuador con el tráfico de drogas se remonta a la década de 1980, cuando se volvió el corredor para el tránsito de la base de coca que iba desde Perú hasta Colombia. La posición geográfica del país andino ha facilitado el tráfico de coca a través de sus costas. Los traficantes se abastecen de la droga colombiana por la ruta del Pacífico o por la ruta amazónica, y la envían a Estados Unidos, Centroamérica e incluso Europa a través de barcos, aunque el transporte aéreo ha ido en aumento.
Luego vino la dolarización de la economía ecuatoriana, con la que el país se volvió un atractivo para quienes lavaban dinero. Como destaca James Bargent en Insight Crime, “Ecuador era el sueño para cualquier blanqueador: un país en la frontera con el mayor productor de cocaína del mundo y que utiliza la moneda del mayor mercado de cocaína del mundo”.
Pero ahora el panorama ha cambiado y Ecuador ya no será más un país de bajo perfil frente a esta problemática. El país enfrenta un incremento en la inseguridad en las grandes ciudades, en especial en Guayaquil, la cual tiene como factor, aunque no exclusivo: el narcotráfico.
Según el Ministerio del Interior, entre enero y agosto de 2021 se registraron 1.427 asesinatos, 55 más que en todo 2020. En la provincia de Guayas, por ejemplo, más del 70 % de los crímenes violentos están relacionados con el tráfico de drogas. A esto se suma la violencia en las cárceles del país. Hace tres semanas, 119 reos murieron en un motín atribuido a la violencia entre bandas rivales vinculadas a organizaciones narcotraficantes de México. Por todo esto, había que poner los ojos sobre lo que está pasando con el tráfico de drogas en el país.
El lunes, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró el Estado de excepción para “controlar las circunstancias que se han generado” a partir del negocio de los narcos. Así, el mandatario ecuatoriano emitió un aviso que hizo eco en todo el continente para cambiar el “bajo perfil” que había tenido su país frente a este problema y mostrar lo vulnerable que ha sido frente a este desde hace tiempo.
“En las calles del Ecuador hay un solo enemigo: el narcotráfico”, destacó el presidente Lasso.
El anuncio llega en un momento de mucha convulsión para el país y, en especial, para el gobierno de Lasso, por lo que no se pueden ignorar las razones especulativas que denuncian desde la oposición. En primer lugar, el mandatario aún sufre la presión pública por haber figurado en la lista de personajes que tenían empresas o sociedades en paraísos fiscales, como lo revelaron los Pandora Papers, por lo que se dice a nivel local que esta es otra de sus vías para pasar la página sobre dicho escándalo.
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En segundo lugar, la medida del Estado de excepción también llega cuando el gobierno busca la expansión de la frontera extractiva en la Amazonia ecuatoriana, y luego de los anuncios de movilizaciones indígenas contra el Decreto Ejecutivo 95 y el Decreto Ejecutivo 151, que buscan duplicar la producción petrolera y relajar los controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en la Amazonia. Al invocar el Estado de excepción, Lasso podría controlar las protestas.
Sin embargo, en primera plana están las razones formales que llevaron al anuncio de Lasso y que tampoco se pueden ignorar, como el aumento de la violencia a raíz de la problemática del narcotráfico. ¿Apareció de repente este “enemigo” como lo llama Lasso? En realidad el problema siempre estuvo, pero hubo factores que contribuyeron a que no se hablara de él durante los últimos años, los mismos que ayudaron a visibilizarlo ahora. La economía es uno de ellos.
Mientras el problema del narcotráfico crecía, con un país que además de convertirse en un lugar de paso para la droga se volvió el “sueño” de los blanqueadores, apareció la figura del expresidente Rafael Correa. El mandatario gozó de una época de prosperidad en la que suelen reducirse los niveles de criminalidad, que es exactamente lo contrario a lo que se está viendo ahora.
“En este momento hay mayor pobreza y niveles de indigencia que no se veían hace mucho. En medio de esa prosperidad, es apenas natural que los homicidios y los robos se redujeran. Con Lenín Moreno volvió la época de las vacas flacas. La pobreza empezó a aparecer y la precariedad, menor expansión y luego la migración, a la que no se le puede culpar, el COVID... es un coctel que no le tocó a Correa y sí a Lenín Moreno y a Lasso”, señaló Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario.
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Por otro lado, durante el gobierno de Correa se creó un “punto ciego” que no permitió ver lo que ocurría. La postura de Correa frente al narcotráfico fue enérgica y logró contener la violencia y disminuirla, además de realizar operaciones de incautación récord durante su administración. Sin embargo, como señala Bargent, al rechazar la ayuda estadounidense y al quebrantarse las relaciones con Colombia se creó un “punto ciego” en las aguas y los cielos ecuatorianos.
“El cierre de la base de Manta fue el comienzo de una postura de política exterior hostil que llevó a malas relaciones del gobierno con Colombia y Estados Unidos. Como resultado, la cooperación antinarcóticos con los países de oferta y demanda, entre los que se encuentra Ecuador, se redujera al mínimo”, destacó Bargent.
Lasso está buscando recuperar la cooperación regional para enfrentar los golpes del narcotráfico en su país. Por eso la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien llegó a Quito el martes, resulta clave para la agenda del mandatario.
“Ecuador debe volver al consenso regional, al escenario para hablar con sus vecinos. Los cuatro años de Lenín Moreno se ensimismó: salió de Unasur, congeló sus actividades en Celac, estuvo pálido en la Comunidad Andina, fue parte del Prosur que no terminó en nada, al final tuvo un bajo perfil. Tiene que reactivarse en los circuitos regionales y depende de una política antidrogas que no ha tenido porque el narcotráfico ha sido un problema del que los ecuatorianos se sentían históricamente ajenos. Nunca han tenido una política robusta y siempre lo han visto como un problema de sus vecinos. Ahora con lo que está viviendo se está metiendo a las malas en esta agenda”, concluye Jaramillo.
La cooperación es clave teniendo en cuenta entonces el papel que juega Ecuador para el crimen organizado internacional, especialmente el que penetra desde Colombia y se amplifica, como señala Fredy Rivera, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Ecuador. El país andino tiene una interdependencia con Colombia por sus fronteras.
“Es un país que tiene cuatro puertos modernos, ágiles, tres de ellos de aguas profundas. Entonces, estando relativamente cerca, y es una cuestión de economía del desarrollo, la provincia de Esmeraldas, que tiene un puerto de exportación, está a tan solo seis horas de Nariño (vía terrestre). Y también está a unas nueve horas del Puerto de Manta, que es uno de los principales sitios de exportación y sobre todo almacenaje a lo largo de una cadena logística que viene de Colombia”, destaca Rivera.
La violencia, cabe resaltar, también es producto de malas decisiones estatales y no es exclusiva del narcotráfico. Como señala Jorge Núñez, investigador visitante del Instituto de Estudios Avanzados (IAS) en Princeton, el gobierno promovió la creación de “megacárceles”, que lo único que hicieron fue profundizar los problemas penitenciarios y por la que habría que revisar un nuevo modelo.
“En 2015, la Policía Nacional creó una unidad de inteligencia penitenciaría que no estaba orientada solamente a producir información sobre violencia intracarcelaria, sino a producir información sobre seguridad ciudadana. La frontera penitenciaria se extendió de la cárcel a los barrios pobres y convirtió a los ciudadanos en delatores, lo cual profundizó la violencia entre bandas criminales”, recalca Núñez.
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