Ecuador insiste en deportar presos colombianos; Petro responde que “no es tan fácil”
La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, dijo que el gobierno colombiano no ha contestado la petición hecha por su país para repatriar colombianos recluidos en cárceles de Ecuador.
La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, insistió durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que el gobierno está preocupado por los grandes números de ciudadanos colombianos recluidos en las cárceles nacionales. En la actualidad, hay cerca de 1.500 presos colombianos en Ecuador. En medio de la reorganización estatal para enfrentar la crisis de seguridad en el país, el gobierno ecuatoriano busca que Colombia se haga cargo de esta población para alivianar las cargas en las prisiones sobre pobladas.
“La solicitud está hecha por los 1.500. Entendemos que se necesita algo de tiempo para trasladar a todos, pero tenemos que empezar. La solicitud está hecha, no hemos tenido una respuesta formal por escrito de parte del gobierno de Colombia”, declaró la canciller Sommerfeld.
Inmediatamente, el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien confirmó su participación en el foro que se desarrolla en Davos a última hora, atendió la queja hecha por Sommerfeld con una declaración escueta, en la que expone que la situación no es fácuil de atender.
“Ecuador es consiente de que eso no se puede hacer de la noche a la mañana, es un proceso que debe respetar las situaciones jurídicas de cada país para que no se provoque un problema peor del que ya existe”, dijo el presidente colombiano.
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Como informó este diario, buena parte de la guerra interna que vive Ecuador se ha cocinado en las cárceles: las organizaciones criminales las usan como centros de operación; hoy por hoy varias funcionan como lugares de secuestro, mientras que las masacres, entre 2021 y 2023, en siete cárceles del país, han dejado 459 presos asesinados, según datos citados por la prensa local. Sin embargo, cabe destacar que la situación de sobrepoblación en las cárceles ecuatorianas no es tan alarmante como en otros países.
Según datos del sistema penitenciario citados por el medio ecuatoriano Primicias, el hacinamiento carcelario en Ecuador logró bajar al 4 % en 2023, muy por debajo de cifras como la de Perú (107 %), Venezuela (64 %) o Colombia (24 %), citadas por AP.
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De todas maneras, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, puso en la mesa la propuesta de la deportación para alivianar las cargas en las cárceles nacionales el pasado diciembre. La idea ha despertado preguntas, como la de en qué condición llegarían los presos colombianos en Ecuador al país.
El propio Néstor Osuna, ministro de Justicia colombiano, ha dicho, una expulsión implicaría que, como ciudadanos colombianos, estarían en libertad de entrar y circular por el territorio nacional una vez crucen la frontera. Solo serían capturados en Colombia si tienen pendientes con la justicia de este país. Habría que analizar cada caso individualmente, y esto, como dice Petro, toma tiempo.
Según el convenio de repatriación de 1990 firmado entre Colombia y Ecuador, “es un proceso individual (no masivo), que responde a criterios objetivos (no a la simple voluntad de los Estados parte), y que debe contar con el consentimiento de la persona privada de libertad de conformidad con solicitud presentada por escrito por parte del interesado o de su representante legal o, por el país de nacionalidad del sentenciado, previo consentimiento de la persona que va a ser trasladada”, explicaron el Minjusticia y la Cancillería colombiana en un comunicado. Por eso se ha escuchado al ministro Osuna decir que los casos tendrían que estudiarse “uno por uno”.
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La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, insistió durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que el gobierno está preocupado por los grandes números de ciudadanos colombianos recluidos en las cárceles nacionales. En la actualidad, hay cerca de 1.500 presos colombianos en Ecuador. En medio de la reorganización estatal para enfrentar la crisis de seguridad en el país, el gobierno ecuatoriano busca que Colombia se haga cargo de esta población para alivianar las cargas en las prisiones sobre pobladas.
“La solicitud está hecha por los 1.500. Entendemos que se necesita algo de tiempo para trasladar a todos, pero tenemos que empezar. La solicitud está hecha, no hemos tenido una respuesta formal por escrito de parte del gobierno de Colombia”, declaró la canciller Sommerfeld.
Inmediatamente, el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien confirmó su participación en el foro que se desarrolla en Davos a última hora, atendió la queja hecha por Sommerfeld con una declaración escueta, en la que expone que la situación no es fácuil de atender.
“Ecuador es consiente de que eso no se puede hacer de la noche a la mañana, es un proceso que debe respetar las situaciones jurídicas de cada país para que no se provoque un problema peor del que ya existe”, dijo el presidente colombiano.
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El propio Néstor Osuna, ministro de Justicia colombiano, ha dicho, una expulsión implicaría que, como ciudadanos colombianos, estarían en libertad de entrar y circular por el territorio nacional una vez crucen la frontera. Solo serían capturados en Colombia si tienen pendientes con la justicia de este país. Habría que analizar cada caso individualmente, y esto, como dice Petro, toma tiempo.
Según el convenio de repatriación de 1990 firmado entre Colombia y Ecuador, “es un proceso individual (no masivo), que responde a criterios objetivos (no a la simple voluntad de los Estados parte), y que debe contar con el consentimiento de la persona privada de libertad de conformidad con solicitud presentada por escrito por parte del interesado o de su representante legal o, por el país de nacionalidad del sentenciado, previo consentimiento de la persona que va a ser trasladada”, explicaron el Minjusticia y la Cancillería colombiana en un comunicado. Por eso se ha escuchado al ministro Osuna decir que los casos tendrían que estudiarse “uno por uno”.
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