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Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador durante el mandato presidencial de Rafael Correa, al que la Policía detuvo el pasado viernes al asaltar la Embajada de México donde acaba de recibir asilo por parte del Gobierno mexicano, inició una huelga de hambre en la cárcel, según confirmó su abogada Sonia Vera.
En un mensaje en redes sociales, Vera indicó que el equipo legal que lleva la defensa de Glas “finalmente” pudo tomar contacto con el exvicepresidente, que se encuentra recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, situada en la ciudad de Guayaquil.
El lunes, Glas fue hospitalizado de emergencia tras una aparente descompensación que, según un parte policial al que tuvo acceso la defensa, pudo estar causada por una sobredosis de medicamentos, mientras que las autoridades penitenciarias lo atribuyeron a su negativa a ingerir alimentos.
En un fragmento de una videconferencia con Glas compartido por la abogada, el exvicepresidente narra que los policías que lo detuvieron presuntamente le propinaron una paliza y que eso le impidió sostenerse en pie mientras le leían los derechos, lo que según el detenido está filmado por las cámaras de seguridad de la Embajada mexicana.
Vera señaló que Glas agradeció al Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por haberle otorgado el asilo.
“El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político”, dijo Glas, de acuerdo a la cita publicada por la letrada.
Glas se encontraba en la Embajada de México en Quito desde el 17 de diciembre de 2023, a donde había ingresado en calidad de huésped para después solicitar asilo al declararse un perseguido político y víctima de ‘lawfare’ (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos), lo que el Gobierno ecuatoriano rechaza enfáticamente.
El exvicepresidente, que ocupó el cargo durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017) y a inicios también de la administración de Lenín Moreno (2017-2021), tenía una orden de detención para su reingreso en prisión, al encontrarse imputado por el presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos) en el caso de la reconstrucción tras el terremoto de 2016.
La Justicia también había dictaminado que debía volver a prisión para acabar de cumplir una pena de ocho años de prisión por dos condenas por cohecho y asociación ilícita, la última de ellas en el marco del caso Odebrecht, de las que ya purgó cerca de cinco años entre 2017 y 2022.
La invasión de la Policía ecuatoriana a la Embajada de México llevó al Gobierno de López Obrador a romper las relaciones diplomáticas con Ecuador y a alistar una denuncia contra la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por considerar violada su soberanía y el derecho internacional.
El ingreso a la fuerza a la sede diplomática también condenado enérgicamente este miércoles por el Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como por la comunidad internacional.
Ecuador fue el único país en votar en contra de la resolución de la OEA al considerar que México infringió la Convención de Asilo Diplomático al otorgar el asilo a una persona procesada por delitos comunes, lo que considera como una intromisión en asuntos internos.
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