Ecuador le dijo no a la explotación petrolera en el Amazonas: ¿qué implica?

Yasuní es el área protegida más grande de Ecuador y es una de las zonas con mayor biodiversidad en el planeta. Ubicado en el nororiente de la Amazonía, la Unesco lo declaró reserva de la biósfera. El 20 de agosto, el pueblo ecuatoriano, con un 58,9 % de la votación, decidió que el crudo de Yasuní no seguiría siendo explotado, en una victoria para las comunidades amazónicas y colectivos ambientalistas.

Yasuní es el área protegida más grande de Ecuador y es una de las zonas con mayor biodiversidad en el planeta. Ubicado en el nororiente de la Amazonía, la Unesco lo declaró reserva de la biósfera. El 20 de agosto, el pueblo ecuatoriano, con un 58,9 % de la votación, decidió que el crudo de Yasuní no seguiría siendo explotado, en una victoria para las comunidades amazónicas y colectivos ambientalistas.

El proceso para la consulta se inició en el 2007, cuando el gobierno ecuatoriano propuso a la comunidad internacional que, a cambio de una compensación monetaria, dejarían el crudo de Yasuní ITT bajo tierra para reducir la emisión de gases efecto invernadero. Pero Ecuador no recibió la respuesta deseada, pues la propuesta no fue aceptada.

Seis años después, el entonces presidente Rafael Correa anunció que se iniciarían las exploraciones para el bloque petrolero por la crisis económica. Como respuesta, Yasunidos emprendió una recolección de firmas para ir a una consulta popular que decidiría si el petróleo se quedaba en el subsuelo. Se recaudaron 750.000, de las cuales el Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) anuló más de 400.000, por lo que la iniciativa no prosperó.

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La extracción petrolera en la zona empezó el 7 de septiembre de 2016, después de que se hubiera desestimado el proceso para la consulta. De acuerdo con cifras oficiales, hasta el momento, el 0,025 % del Parque Nacional Yasuní ha sido intervenido. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo y el Colectivo de Geografía Crítica afirman que esta ha sido mayor, incluso llegando al doble de la permitida en la zona.

Hasta el 2023 la consulta se no se había podido realizar, pero una decisión de la Corte Constitucional aprobó la iniciativa con cinco votos a favor, tres en contra y una abstención.

En la consulta popular se proponía una pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?

¿Qué significa la victoria del sí para el gobierno?

Con el cierre del ITT, la petrolera estatal Petroecuador deberá preparar e implementar un plan de cierre de actividades. El Ministerio de Ambiente estará a cargo de coordinar el plan y colectivos ambientalistas han dicho que crearán una red de monitoreo para supervisar la salida de las petroleras sin daños medioambientales.

Para el ministro de Energía, Fernando Santos, esto representa un golpe para la economía, pues el bloque representaba una ganancia de US$1.200 millones anuales. El ministro aseguró que el impacto de abandonar la extracción en esta zona se verá en otros sectores, no solo en el petrolero: la balanza comercial del país estará en déficit y no habrá suficientes ingresos para las importaciones de combustible u otros bienes, según advierten.

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El ministro de Energía afirmó que este era un llamado a Petroecuador y a las empresas petroleras extranjeras “de que el cuidado de la naturaleza es un valor mucho más importante que el ingreso petrolero”. Aunque el panorama se haya abierto para las consultas populares en temas de extractivismo ambiental, el gobierno no es tan optimista con los resultados.

De acuerdo con Matías Franchini, experto en temas de gobernanza ambiental, la preocupación del gobierno del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso está en el balance entre el crecimiento económico y la conservación ambiental. “Si se mira en términos inmediatos, sí es una pérdida para el Estado ecuatoriano. En ese sentido, se resiente el desarrollo económico. Pero si uno mira largo plazo, esto significa menos contaminación, las poblaciones locales son menos afectadas”, explica.

Además, las decisiones sobre el déficit fiscal corresponderán al gobierno entrante, que se definirá en una segunda vuelta entre la correísta Luisa González y el exasambleísta y empresario Daniel Noboa.

En la contienda política para decidir quién llegará a la presidencia, esta decisión pondrá el tema ambiental en las plataformas de campaña, que solo lo habían propuesto de manera periférica. “Probablemente habrá una lucha de narrativas en el futuro inmediato sobre esta cuestión y el punto es si prevalece una visión de que es bueno proteger la selva amazónica”.

“Es un paso positivo, pero es un paso inicial y en el marco de una gobernabilidad muy complicada en Ecuador, tanto en términos políticos como en términos económicos. Cuando hay situaciones complejas en términos políticos y económicos, la agenda ambiental se resiente, porque la prioridad de la población está en otro lugar”, afirmó Franchini.

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“Ganó la vida” en Ecuador

Los colectivos ambientalistas y las comunidades indígenas celebraron la victoria del sí. Helena Gualinga, defensora de la Amazonía y de los derechos humanos de las comunidades indígenas, hizo énfasis en el esfuerzo conjunto de los jóvenes amazónicos y de los colectivos ambientales urbanos que se activaron para hacer una campaña por el sí.

Las comunidades amazónicas esperan que el Estado logre coordinar la salida de las petroleras de una manera amable con el medio ambiente y respetando los derechos humanos. Añadido a esto, que se tomen medidas para mejorar las condiciones de los habitantes de la zona. “Después de 50 años de explotación petrolera, la Amazonía sigue siendo la región más empobrecida del país”, afirmó la defensora de DD. HH.

Gualinga afirma que esta decisión demuestra el compromiso del pueblo ecuatoriano con el medio ambiente, incluso ante la difícil situación del país. “Deja un precedente muy fuerte de que Ecuador no está de acuerdo con la explotación petrolera y esperamos que esto marque un antes y un después para que ya no se expandan las fronteras petroleras”, aseguró.

En la región, de acuerdo con Franchini, las consultas podrían convertirse en una estrategia para este tipo de decisiones, incluso en sectores diferentes al ambiental. “La respuesta en América Latina va a depender los países, hay mucha heterogeneidad, pero empezamos a ver destellos de este debate que tiene que ser dado en la región a nivel político: ¿cómo equilibramos nuestra matriz exportadora intensiva en extractivismo con el crecimiento a largo plazo?”, dijo el experto.

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