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A los hechos violentos que se vivieron en la cárcel de Latacunga, en los que murieron 16 personas y 43 resultaron heridas, se sumaron los enfrentamientos que tomaron lugar en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, que provocaron el fallecimiento de cinco individuos y dejaron lesionados a 23 más. Sin embargo, esto no es un problema nuevo. De hecho, desde 2020 han muerto más de 400 reos en diferentes enfrentamientos entre bandas criminales rivales que se disputan el control interno de los centros penitenciarios.
¿Qué pasa con la violencia vinculada al narcotráfico en Ecuador?
En la memoria reciente todavía permanece la muerte de más de 120 presos en la ciudad portuaria de Guayaquil, en septiembre del año pasado. Ese hecho se convirtió en el peor enfrentamiento carcelario que ha vivido el país. Detrás de ello parece estar la lucha por el control de las redes de cocaína, las cuales han impuesto al sistema carcelario ecuatoriano, de por sí excedido en su capacidad, una carga mayor.
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No hay que olvidar que en abril pasado, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de emergencia en tres provincias para frenar la violencia relacionada con las pandillas y el narcotráfico, y que una emergencia similar fue declarada el año pasado. Además, solo en el 2021, la policía de Ecuador incautó un récord de 190 toneladas de drogas, en su mayoría cocaína.
Las alarmas alrededor de esta problemática también se han encendido en distintas organizaciones internacionales, como Human Rights Watch. Según la entidad, la sobrepoblación y la falta de control estatal en las cárceles de Ecuador han contribuido a que los miembros de las pandillas que se encuentran detenidos cometan masacres.
“Estos actos violentos son un alarmante recordatorio de las graves falencias que existen en Ecuador para lograr un control efectivo sobre las cárceles y proteger la vida y la seguridad de los ecuatorianos”, expresó Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de Human Rights Watch, en un informe del 2021. “A menos que el presidente se ocupe de forma prioritaria de reducir la sobrepoblación carcelaria y recuperar el control de las cárceles, es probable que estos horrorosos baños de sangre continúen”, agregó la funcionaria.
Y es que la sobrepoblación en las cárceles parece estar asociada, en parte, con las políticas severas contra las drogas que existen en el país suramericano. Según las estadísticas oficiales citadas por la CIDH en un informe de febrero de 2021, casi el 30 % de los detenidos en Ecuador están presos por “delitos relacionados con drogas”.
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Por su parte, la ONU, en una declaración de mayo de este año, aseguró que la violencia en las cárceles de Ecuador muestra la urgencia de una reforma integral del sistema penal. Luego de que se conociera la noticia de la muerte de al menos 44 personas, como consecuencia de los disturbios en una prisión de la ciudad norteña de Santo Domingo, la portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos recalcó que la seguridad de todas las personas bajo custodia recae en el Estado y que estas muertes le generan una presunción de responsabilidad. Además, trajo al debate la estrategia de política pública para la rehabilitación social de los presos que lanzó el presidente ecuatoriano en febrero de este año. “Alentamos al Estado a tomar medidas enérgicas y a proporcionar los recursos adecuados para implementar esta política”, declaró la vocera.
¿Por qué el Estado no ha podido responder?
Si bien las autoridades han reconocido la fuerza de las bandas narcodelictivas en los pabellones, los hechos ponen al descubierto la falta de procesos internos de rehabilitación e inserción, se lee en el diario El Universo.
Según comentó Mauricio Vásquez, quien fue director de la Cárcel 4 en Quito y de la Cárcel de Varones en Cuenca, además de desempeñarse como coordinador zonal de la Defensoría Pública, al medio citado, el sistema se ha deformado tanto, que los reos son quienes tienen el control de las prisiones. A su parecer, esto es consecuencia de la falta de procesos de rehabilitación y reinserción, iniciativas que no se han podido concretar por el mismo modelo de gestión carcelario y por la falta de recursos.
Su propuesta para el manejo de la situación consta de dos puntos: “mejorar el modelo de gestión y clasificar adecuadamente a los reos según su peligrosidad”. Ahora bien, esto no surtirá efecto si no hay un aumento del presupuesto y si prevalece la corrupción.
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